Cómo Repotenciar Los Medios Bolivarianos - America Xxi

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4 · Bitácora Diciembre 2012 - Enero 2013 “Cinco minutos después (de un eventual ataque de Israel a Irán), al contrario de lo que piensan los escépticos, habrá una sensación de alivio por toda la región” Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí “Ha habido un agotamiento del modelo neoliberal, el capitalismo ha llegado a su expresión superior. Y ese proyecto, ese modelo, se ha hundido no solamente en América Latina, sino que se está hundiendo en los países desarrollados, en Estados Unidos, en Europa; lo estamos viendo ahora” Daniel Ortega, presidente de Nicaragua 167 millones de personas son pobres en América Latina y el Caribe, según publicó la Cepal en base a datos –no siempre confiables– de cada país. Es el 29,4% de la población regional. Y 66 millones están en la extrema pobreza. Se trata de las cifras más bajas en las últimas tres décadas, aunque sólo representan una caída menor al 1% respecto de 2011. Los niños son los más afectados: el 51% son pobres. “La cuestión no es que yo permanezca (en el poder) o me marche, sino que el país sea seguro o no (…) El asunto tiene que ver con el terrorismo y el apoyo del que gozan los terroristas desde el exterior para desestabilizar a Siria (…) Somos el último baluarte del laicismo y de la estabilidad y la convivencia en la región (…) Si se producen problemas en Siria, ello tendría un efecto dominó en el mundo” Bashar Al Assad, presidente sirio Cómo repotenciar los medios bolivarianos Por Luis Britto García (Fragmentos) Una nueva vida requiere una estética nueva. La tarea fundamental de los bolivarianos consiste en liberarse de la servidumbre hacia los códigos caducos e insoportables de los medios comerciales, y desarrollar una retórica y una estética nuevas de respeto al público y al contenido que se transmite. La cuña (aviso publicitario) es la ideología del capitalismo. No se puede difundir un mensaje socialista con los procedimientos del empresariado predador. Y los medios del proyecto bolivariano en buena medida no se han deslastrado en el plano formal de las peores rémoras de los medios privados comerciales y contrarrevolucionarios. Algunos formatos simplemente han sido calcados e injertados en el medio bolivariano. Persiste en la casi totalidad de los programas la abusiva distribución de “negros”, impuesta en los medios privados para la difusión de las cuñas que financian la audición, pero que en los medios bolivarianos sólo sirve para atormentar a la audiencia distrayéndola y haciéndola perder el hilo, sin que ninguna razón comercial lo justifique. (...) En los medios audiovisuales privados y públicos, la pantalla es contaminada por infinidad de logos, inserciones, ventanas y cintillos que degradan abruptamente la calidad de la imagen, crean un “ruido visual” insoportable y distraen la atención del espectador hasta forzarlo a la huída mediante el cambiacanales. El patrón de otras interrupciones es con frecuencia anárquico y no sigue ningún plan Bitácora · 5 Poema final “¿Cuál es la diferencia entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata (en Estados Unidos)? Más diferencia tengo yo entre lo que pensé cuando me levanté y lo que pensé cuando me acosté” Rafael Correa, presidente de Ecuador Son cerca de las dos. Ya te habrás acostado. O a lo mejor te pasa a ti lo mismo que a mí. En la noche, La Vía Láctea es un río de plata. No me apresuro con urgencias de telegramas ni voy a despertarte, ni a molestarte. Como se dice, el incidente está zanjado. La barca del amor varó en lo cotidiano. Estamos en paz y no vale enumerar dolores, desgracias y ofensas mutuas. Fíjate: ¡qué silencio en el mundo! La noche impuso al cielo un tributo estelar. En momentos como estos te levantas y hablas a los siglos, a la Historia y al Universo Vladimir Mayakovsky “Cumplimos con los objetivos dispuestos por la ONU para 2015; Venezuela ha logrado la mayor reducción de la pobreza en el continente, y la mayor tasa de igualdad” Jorge Valero, embajador venezolano ante la Naciones Unidas “La corrupción puede derrumbar al Estado y al Partido” Hu Jintao, saliente presidente de China, en el discurso de apertura del Congreso del Partido Comunista preestablecido. Cualquier funcionario pretende que sean interrumpidos los programas en los horarios estelares para que aparezca su imagen (...) El camino para hacer a los medios de servicio público dueños de la audiencia es sencillo e infalible. La estatal Corporación Radio Televisión Española lidera todos los índices de audiencia desde que suprimió la publicidad (…) A los medios de servicio público les es perfectamente posible hacerlo (...) En todo caso, podrían admitir propaganda entre los programas, “Aquellos que asocian al Islam con el terrorismo cierran sus ojos de cara a la muerte masiva de musulmanes; dan la espalda a la masacre de niños en Gaza” Recep Tayyip Erdogan, primer ministro turco o a intervalos razonables: todo menos el feroz autosabotaje y destrucción de la emisión que perpetran generadores de caracteres, cintillos, interrupciones anárquicas y consecutivas y digresiones continuas. El mensaje de un programa de los medios públicos debe estar en el mismo programa, no superpuesto a él como un insoportable diluvio de injertos, parches, costuras, interrupciones y agresiones al espectador que ponen en fuga a éste. No se puede transmitir un mensaje distinto del de los medios co- merciales utilizando sus mismos códigos. La superación de tales rémoras convertiría a los medios afines al proceso en verdaderos oasis de información, educación y entretenimiento, que permitirían a las grandes audiencias escapar de las agresiones comunicacionales de las empresas privadas. Sin embargo, en el presente parece sólo haber una competencia entre ambos sectores para determinar quién puede violar la mayor cantidad de normas e infligir el mayor cúmulo de vejaciones a sus públicos. 6· Diciembre 2012 - Enero 2013 XVIII Congreso del PC chino “La corrupción puede producir el fin del Partido y del país”. La frase del presidente Hu Jintao en la apertura del Congreso resume la preocupación central del Partido Comunista de China. Esta cuestión, junto con la sucesión de mando (Xi Jinping tomará el poder en marzo) y la reafirmación de la “reforma” y la “apertura” del país iniciada en 1978, fueron los ejes principales durante los siete días de una reunión que tuvo la máxima atención internacional: 2.732 medios acreditados, un 40% más que en el congreso de 2007. La agencia Bloomberg no se privó de insinuar que Xi tiene una fortuna personal de 300 millones de euros. La guía teórico-ideológica del partido tiene su núcleo actual en la concepción del desarrollo, presentada por Hu Jintao como el mayor logro del PC desde el inicio de su mandato en 2002 e incluida en los estatutos. La propuesta articula el crecimiento económico con la búsqueda de la superación de las desigualdades sociales, la preocupación medioambiental y una reorientación hacia el mercado interno. Pero su puesta en práctica es una deuda pendiente, agravada por las crecientes diferencias económicas entre los dirigentes políticos, la nueva burguesía china y el pueblo. Desigualdades exacerbadas por la corrupción. Por eso Hu Jintao presentó en el congreso un plan para reforzar la supervisión de familiares de dirigentes, fortalecer la autodisciplina y eliminar privilegios. La corrupción compromete el propio liderazgo del partido en momentos de ascendente conflictividad social, aumento de las demandas populares y de los precios de los insumos básicos. En este marco, la “reforma política” fue otro de los temas centrales apuntados por Hu Jintao, frente a las exigencias sociales de mayor participación política. Pero los dirigentes que presentaban más demandas sobre el asunto fueron relegados de los cargos centrales del PC. Según las 190 mil consultas recibidas por el Congreso, las principales preocupaciones sociales son la corrupción, la desigualdad social, la distribución de la riqueza, el aumento de precios, la calidad de vida y la inequidad social en el acceso a la educación, seguridad social y servicios públicos. Todas demandas sociales en aumento, que se suman al problema de la desaceleración económica: China bajó su ritmo de crecimiento del PIB del 10,7 al 7,5% anual. Y el crecimiento de las exportaciones se redujo del 20 al 6,3% este año. Se trata nada menos que de la necesidad de adecuar un modelo económico “insostenible, descoordinado y desequilibrado”, en palabras del saliente primer ministro Wen Jiabao (con una fortuna familiar de 2.700 millones de dólares según The New York Times). 2.270 delegados y 55 invitados participaron del Congreso, casi el 70% de ellos funcionarios de gobierno y sólo el 7,4% trabajadores. El Comité Central del Partido fue renovado casi en un 50%, con 205 nuevos miembros. Allanado el camino de Correa hacia la reelección El 4 de enero comenzará en Ecuador la campaña para las elecciones presidenciales y legislativas del 17 de febrero, en las que la Revolución Ciudadana buscará ser ratificada en las urnas a seis años de su comienzo. La candidatura de Rafael Correa fue confirmada en la segunda Convención Nacional del movimiento Alianza País el 10 de noviembre, con la participación de unos 17 mil representantes, en una fuerza que cuenta con 800 mil afiliados. En la multitudinaria reunión celebrada en Quito, se presentó también el programa de gobierno 2013-2017 (ver pág. 39). Al inscribir su candidatura el 12 de noviembre, el Presidente destacó como los principales logros del proceso político en marcha la disminución de la pobreza y la recuperación de la esperanza, tras varios años de inestabilidad política e institucional. Y prometió “radicalizar” el proceso y la lucha contra la corrupción. También reconoció haber aprendido de errores anteriores, en referencia a las deserciones de varios asambleístas electos en 2007, en desacuerdo con el referéndum constitucional impulsado a partir de una consulta popular en mayo de 2011. Correa denunció días antes la posibilidad de una intervención de la CIA en las elecciones, al considerar “muy creíbles” las denuncias del ex embajador británico en Uzbekistán, Craig Murray, que divulgó que la CIA está invirtiendo 87 millones de dólares, principalmente desde el Pentágono, “para influenciar las elecciones ecuatorianas”. El candidato a la vicepresidencia será Jorge Glas, actual ministro coordinador de Sectores Estratégicos. Para nominar a los candidatos legislativos, entre julio y septiembre se realizaron 27 convenciones provinciales, en donde se aprobaron candidatos a la Asamblea Nacional, asambleístas provinciales y cinco candidatos al Parlamento Andino. Con sondeos que ubican la imagen positiva de Correa por encima del 70%, el objetivo principal de Alianza País para las elecciones será obtener la mayoría parlamentaria y evitar una improbable segunda vuelta electoral el 7 de abril. GPS · 7 Palestina: “No es terrorismo reclamar nuestros derechos en la ONU” Casi 140 países aprobaron una resolución que eleva el estatus de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) a “Estado observador no miembro” dentro del sistema de Naciones Unidas, días después de la derrota militar de Israel en su ofensiva a Gaza, que determinó la renuncia de su ministro de defensa. Apenas nueve países se pronunciaron en contra. Palestina tendrá acceso a varias agencias de la ONU y a tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI). La resolución aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas el 29 de noviembre “reafirma el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación e independencia en un Estado de Palestina a partir de las fronteras de 1967”. El texto expresa la “urgente necesidad” de reanudar y acelerar las negociaciones para resolver temas como refugiados palestinos, Jerusalém, los asentamientos judíos, las fronteras, la seguridad y el agua. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, reafirmó que “los palestinos tienen su legítimo derecho a tener su propio Estado independiente”. Pero Israel reiteró que el cambio de estatus de los palestinos “alejará más la paz”, pese a que las negociaciones directas se suspendieron en 2010, cuando el presidente palestino Mahmud Abbas se quejó por la construcción de nuevos asentamientos judíos en los territorios de Cisjordania. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, aclaró que “un Estado palestino sólo puede surgir de las negociaciones con Israel”. Desafió que “no importa cuántas manos se levanten contra nosotros (…) no hay poder sobre la tierra que me haga renunciar a la seguridad de Israel”. De la misma manera, también Estados Unidos relacionó la proclamación en la ONU con la continuidad del conflicto. “Es una resolución desafortunada y contraproducente”, afirmó la embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Susan Rice. Ambas naciones votaron en contra de las pretensiones palestinas, acompañados por Canadá, República Checa, Palau, Nauru, Micronesia, Isla Marshall y Panamá. En la Asamblea, antes de la votación, el presidente de la ANP Mahmud Abbas ratificó su compromiso con la paz “porque el pueblo la necesita desesperadamente”. Sin embargo se mostró inflexible con la búsqueda de la soberanía de los palestinos como un estado independiente: “nuestro pueblo no va a renunciar a sus derechos (…) queremos que nos reconozcan nuestra independencia (…) No es terrorismo estar en la ONU buscando proteger nuestros derechos (...) Cada país que nos apoye hoy apoyará la libertad, el derecho internacional y la paz”, alentó. La resolución aprobada en la Asamblea General no implica la admisión de Palestina como miembro pleno de la ONU, un hecho que corresponde al Consejo de Seguridad. En 2011, Estados Unidos utilizó su poder de veto en este organismo para dejar sin efecto la posibilidad de que Palestina logre la plena adhesión. La votación se produjo una semana después de que Israel y la organización islamista Hamas firmaran una tregua, con mediación de Egipto, tras la ofensiva militar israelí que provocó la muerte de unos 200 palestinos en la Franja de Gaza. Trabajadores uruguayos quieren recuperar Pluna El sindicato que agrupa a los ex trabajadores de la aerolínea uruguaya Pluna presentó al Gobierno una propuesta que crea una cooperativa para retomar a partir de abril próximo los servicios aéreos cancelados desde julio pasado. El plan de negocios estima que la cooperativa será subsidiada por el Estado uruguayo y calcula que la nueva empresa aerocomercial tendrá pérdidas de unos 7 millones de dólares en el primer año. El sindicato se comprometió a sostener una planta de 490 empleados, menos de los 750 trabajadores que tenía Pluna. El 28 de noviembre, el presidente de Uruguay José Mujica firmó el proyecto de ley que, una vez aprobado por el Poder Le- gislativo, permitirá que el Estado tome siete aviones de la ex Pluna (actualmente a cargo de un fideicomiso) y se los otorgue a la cooperativa de trabajadores por un plazo de 180 días. El proyecto de ley establece que si en 180 días los trabajadores no logran su objetivo, el Poder Ejecutivo puede convocar directamente a capitales privados. El secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, aclaró que más allá de las propuestas presentadas por empresarios privados, “la prioridad la tienen los ex trabajadores de Pluna”. La compañía privada Pluna –línea de bandera de Uruguay– suspendió indefinidamente sus operaciones el 5 de julio debido a la situación económico-financiera tras la salida de uno de sus accionistas. Luego, el Poder Ejecutivo liquidó Pluna mediante una ley aprobada por el Parlamento que la declaraba con “insuficiencia patrimonial”. 8 · Nota de tapa Diciembre 2012 - Enero 2013 Crisis política, debilidad institucional y acentuada desconfianza en los partidos Previsible destino de una “tercera vía” Organizaciones políticas y sociales impulsan una Asamblea Constituyente para enterrar definitivamente el modelo elitista que se instauró en 1973 Distanciamiento: los partidos tradicionales se alejan de la población como nunca antes en la historia chilena. Con 63% de abstención la Concertación obtuvo más votos que la derecha en las municipales de octubre, famosas ya por su escaso nivel de participación. Movimientos sociales y políticos pasan de la denuncia a la acción, motorizados por los más jóvenes. En noviembre de 2013, el año del 40 aniversario del golpe contra Salvador Allende, habrá elecciones presidenciales. El mito de democracia perfecta, ejemplo latinoamericano del libre mercado, se diluye y nadie toma el mando. El modelo político, económico e institucional heredado de la dictadura, no se sostiene. “Llegó el momento para que abramos en Chile el debate de una Asamblea Constituyente” anuncia un amplio frente político social que comienza a hacerse oir. L os partidos tradicionales de la política chilena pusieron a prueba su legitimidad y no superaron el desafío. Apenas el 36% de los ciudadanos habilitados votó en las municipales del 28 de octubre, las primeras elecciones con inscripción automática de votantes y sufragio voluntario. La Concertación socialcristiana logró 43% de ese ínfimo universo para elegir intendente y casi 50% para concejales, suficientes para quedarse con municipios gobernados desde hacía muchos años por el conservadurismo más radical. Aún pese a la victoria de la Concertación (ganó 25 nuevos municipios, muchos de ellos en alianza con el Partido Comunista de Chile, PCCh), el escaso respaldo popular impidió las celebraciones de la coalición que en 2009 perdió la presidencia a manos de Sebastián Piñera. El ex presidente Ricardo Lagos (Socialismo, en la Concertación) recomendó “escuchar el mandato popular” que le dio la espalda a los comicios regionales. Su co-partidaria y también ex presidente, Michelle Bachelet, decidió demorar la oficialización de su candidatura para un segundo ejercicio hasta tanto se resuelvan los serios problemas internos que atentan contra la representatividad. La instrumentación de los nuevos mecanismos electorales –inscripción automática de electores, voto voluntario y mesas de votación mixtas– fue un tibio intento por estimular una participación popular electoral cada vez más anémica. Y fue, a la vez, un testeo de las clases dominantes sobre el comportamiento político de un electorado distante. Hasta antes de estas reformas, existía un sistema de voto obligatorio pero sólo para aquellos ciudadanos que se inscribían voluntariamente. La compulsa de fines de octubre tuvo Nota de tapa · 9 pocos votos para contar (poco más de cinco millones sobre 13 millones posibles), pero dejó mensajes y algunas curiosidades (ver Herencia). Los jóvenes chilenos fueron los que más discutieron el proceso electoral municipal, antesala de las presidenciales de noviembre próximo. Un sector de ellos –la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Se- cundarios (Aces)– llamó a la abstención y se fortaleció con la respuesta ciudadana. Otro grupo, vinculado a los estudiantes universitarios y mayormente militante del PCCh, apoyó a los candidatos de sus partidos. El PCCh llegó a las municipales en alianza con la Concertación (Democracia Cristiana, Par- tido Socialista, Partido Radical Social Demócrata y Partido Por la Democracia), pero con reservas por parte de los sectores juveniles que temen que su partido acabe ensombrecido por los vicios de la desprestigiada élite tradicional. Modelo La próxima elección será en noviembre de 2013, para elegir al sucesor de Sebastián Piñera. Hay claros indicios de que el contexto político y social será el más agitado de las últimas décadas: creciente movilización social, un gobierno desgastado; la opositora Concertación que cosecha votos pero no confianza, mala imagen pública de instituciones tradicionales como Fuerzas Armadas, Iglesia y Congreso, y brecha histórica entre la población y sus dirigentes políticos. La figura y el legado de Salvador Allende recorrerán las calles con más fuerza, 40 años después de su suicidio, ante el golpe militar comandado por Augusto Pinochet. El gobierno del presidente Piñera arrastra una imagen negativa que prácticamente se mantuvo a lo largo de su gestión. Es el nivel de apoyo más bajo que registra un presidente desde el retorno a la democracia, en 1989 (en diciembre de 2011 alcanzó su piso, con un 23%). Peor imagen aún que el de la Concertación cuando, en 2009, perdió sus primeras presidenciales en 20 años, a manos de Piñera. Aquel triunfo del empresario multimillonario funcionó como una válvula de escape de la presión social que la alianza socialista-democristiana ya no podía contener. Previsiblemente, Piñera revitalizó un modelo de economía neoliberal sostenido, con matices, durante 20 años por la Concertación. A lo largo de la gestión de la derecha se intensificaron los reclamos sociales con una particularidad: aunque en principio parecieron demandas sectoriales (estudiantes, profesores, trabajadores subcontratados, empleados públicos, mineros, pobladores de diversas regiones, mapuches, ambientalistas), se trata de reclamos relacionados con el modelo: refundación del sistema educativo, ausencia del Estado, estabilidad laboral, nacionalización del cobre, represión estatal, aislamiento de las regiones menos productivas, derechos humanos y explotación de los recursos naturales. Gracias a las constantes denuncias de decenas de miles de estudiantes, la educación es el ámbito más visible de un modelo que engendró el pinochetismo y sigue vivo, casi cuatro décadas después. La Constitución chilena –vigente desde que la instauró Pinochet, en 1980– señala que “la libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales (y) no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional”. Pero hay otros ámbitos de impacto social en situación similar. Con el mismo espíritu, la legislación chilena mercantiliza también la salud, el sistema previsional (pensiones), agua, luz, telecomunicaciones y recursos naturales. Tan grave como la herencia económica y social es la cultura política que fabricó la dictadura, traducida hasta hoy en vacío ideológico, parálisis militante, indiferencia y distanciamiento partidario. Reformas y adecuaciones Las primeras reformas a la constitución de 1980 fueron acordadas en 1989 por la Concertación socialista-demócrata cristiana y los partidos de derecha Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente. Aquellos primeros cambios fueron hechos por los militares golpistas, ya que el Congreso Nacional seguía cerrado por la dictadura. Las modificaciones se orientaron principalmente a garantizar la convivencia de los dos grandes grupos políticos (derecha y socialdemocracia), limitar algunas acciones del Poder Ejecutivo y establecer el mandato para los gobiernos que surgieran a partir de la normalización institucional. Ya en democracia, entre 1991 y 2005 se realizaron nuevas y trabajosas modificaciones que quitaron poder a las Fuerzas Armadas (que, entre otras cosas, dejaron de ser “garantes de la institucionalidad”), flexibilizaron la figura de delitos terroristas, otorgaron mayores atribuciones al Congreso, eliminaron la figura de senador vitalicio, enmendaron normas del Tribunal Constitucional y del Consejo de Seguridad Nacional, y retiraron la referencia específica al sistema electoral binominal, aunque de hecho éste sigue vigente hasta ahora. En septiembre de 2005 el Poder Ejecutivo promulgó la ley que dio forma al actual texto constitucional que consolidó significativamente la democracia burguesa pero no puso en riesgo un modelo económico basado en la “libertad de mercado”, con un acotado rol del Estado y estructura jurídica al servicio de los grandes capitales multinacionales y de la explotación privada de los recursos naturales, entre ellos el cobre. Algunos sectores políticos y académicos hablan de ese texto como “Constitución de 2005”, por entender que, además de los cambios sobre el texto de 1980, la firma del presidente Ricardo Lagos remplaza a la de Pinochet y cierra la etapa de “transición”. Sin embargo, los sectores populares sostienen que aquellas reformas adecuaron el texto a un sistema institucional, sin cambiar los ejes principales. Además, recuerdan, una Carta Fundamental se elabora a partir de una asamblea constituyente, nunca convocada. 10 · Nota de tapa Diciembre 2012 - Enero 2013 Reclamos populares: educación, presencia del Estado, estabilidad laboral, nacionalización del cobre, derechos humanos Esta anemia explica, en buena medida, que los partidos políticos tradicionales exhiban una militancia partidaria prácticamente nula. Los jóvenes que, de a miles, protestan periódicamente por las calles de las principales ciudades, militan y se movilizan por fuera de la derecha y de la socialdemocracia. Ataduras Organizaciones políticas y sociales impulsan la convocatoria a una Asamblea Constituyente, conscientes de que sólo la derogación del texto pinochetista, avalado por la Concertación y la derecha cómplice de la dictadura, enterrará definitivamente el modelo elitista y excluyente que se instauró tras el golpe contra Allende. Chile es, tal vez, el único país del mundo que salió de una dictadura y construyó una base democrática con una Constitución hecha por esa misma dictadura. El sistema electoral binominal y de quorum impide incorporar cambios profundos a la constitución. El escuálido articulado de 1980 sostiene un entramado que frena la llegada de actores sociales y políticos ajenos al statu quo establecido. Además, impide la participación ciudadana en las decisiones del país y excluye a los movimientos sociales y políticos. Expresa que “las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público, se regirán por las disposiciones generales de policía” y no contempla el derecho a plebiscito o referendo popular. Además, prácticamente prohíbe el derecho a la huelga como manifestación de reclamo (ver Reformas y adecuaciones). El acuerdo entre la Concertación y Pinochet que los sectores sociales aún denuncian, casi 25 años después, es el plebiscito de julio de 1989. La Concertación apoyó aquella “modificación” de la Constitución de 1980 (aceptada en consulta popular por el 91% de los chilenos), conociendo de antemano que el propio texto planteaba trabas insalvables para los cambios más profundos. Esas trabas estaban –y están– impuestas por las llamadas Leyes Orgánicas Constitucionales, normas referidas a temas de gran trascendencia que requieren para ser modificadas o derogadas de una mayoría especial de los diputados y senadores y no pueden ser objeto de delegación de facultades legislativas. Así, las Leyes Orgánicas regulan, entre otras actividades e instituciones, la organización de los procesos electorales; Banco Central; educación; partidos políticos; concesiones mineras; administración del Estado; Congreso Nacional; Ministerio Público; Tribunal Constitucional; Fuerzas Armadas y Carabineros. En los años siguientes, ya con la Concertación en el gobierno, se produjo un desembarco masivo de las multinacionales, sobre todo en el área minera; proliferaron los Tratados de Libre Comercio (TLC) y Chile abrazó definitivamente “la economía de mercado”. El coordinador del Comité de Iniciativa por una Asamblea Constituyente, Gustavo Ruz Zañartu, sociólogo y ex asesor de Salvador Allende, sostiene que “el entramado constitucional es inmodificable a menos que le convenga a la mayoría transversal que cogobierna desde la derecha y desde la Concertación”. Advierte que “hoy, la derecha económica aliada del capital extranjero es 100 veces más fuerte que en 1990 y su influencia en los medios de comunicación y en la institucionalidad política es incontrarrestable. La lucha por una constitución democrática, por lo Nota de tapa · 11 tanto, no pasa por el parlamento. Es tarea de la ciudadanía”. ¿Cómo funciona ese entramado constitucional? Felipe Portales, autor de Chile: una Democracia Tutelada y Los Mitos de la Democracia Chilena, señala que “la Constitución de 1980 no posee procedimientos que permitan cambiarla, salvo que la derecha esté de acuerdo, porque establece un quórum que otorga de facto, a la derecha, el poder de veto para hacer cualquier transformación”. Explica que “para reformar la Consti- tución se requieren los dos tercios de los votos parlamentarios; si tenemos el sistema binominal y una derecha que, aunque sea minoritaria, siempre representa un sector significativo de la población, entonces prácticamente se queda con la capacidad de vetar cualquier cambio constitucional”. Momentos Casi seis mil kilómetros separan en Chile el Norte desértico del Sur nevado. Pobladores de una y otra zona protesta- ron durante 2012 contra un Estado que incumple su rol social y económico de acercar un país tan disperso. En julio, la Asamblea Ciudadana de Calama, la capital minera de Chile, ubicada en la región de Antofagasta, recibió al presidente Sebastián Piñera con protestas y declarándolo persona no grata. Los habitantes denuncian que su ciudad, a la que ellos llaman “el bolsillo de Chile”, debe ser declarada “zona extrema” por la necesidad de recursos. El reclamo es concreto: renacionalizar el cobre (ver Renacionalizar el cobre La Corporación del Cobre de Chile, Codelco, es la mayor compañía de producción cuprífera del mundo, posee las reservas más grandes del planeta y es la principal fuente de ingreso de divisas para el país. Esta empresa estatal tuvo en 2011 una de las tres mejores producciones históricas. Casi 1,7 millones de toneladas métricas de cobre fino fueron exportadas a China (32%), resto de Asia (24%), Europa (20%), Suramérica (12%), Norteamérica (11%) y Oceanía (1%). También extrae molibdeno, un subproducto del proceso cuprífero. Codelco posee cerca de 20% de las reservas mundiales de cobre. La empresa del cobre chileno fue nacionalizada a mediados de 1971 por el gobierno de Salvador Allende, mediante una ley que facultó al Estado expropiar y estatizar todas las compañías privadas que exploraban el cobre. Los chilenos recuerdan ese hito, cada 11 de julio, como el Día de la Dignidad Nacional. Un Decreto Ley de Pinochet en 1976 unificó todas las operaciones del Estado en una única empresa, Codelco Chile, para explotar los yacimientos y comercializar sus productos. Ya bajo el gobierno de la Concertación, una ley de mayo de 1992 determinó que Codelco se podía asociar con empresas privadas para realizar sus actividades mineras. En los principales yacimientos, la compañía estatal dejó de ser propietaria exclusiva del cobre y pasó a tener menos del 49% de las acciones. Unas de las principales asociaciones se dieron en el yacimiento El Abra (Codelco tiene 49%, y el 51% restante lo controla Cyprus El Abra Corporation) y en Purén (Codelco posee el 35% y el resto es de la Compañía Minera Mantos de Oro). En 2011, los excedentes de Codelco aumentaron 21% (1.200 millones de dólares). Según la propia empresa, esta producción dejó al Estado más de 7 mil millones de dólares. Pero las organizaciones que luchan por la renacionalización del cobre sostienen que en el mismo período las multinacionales se llevaron de Chile casi 35 mil millones de dólares en concepto de ingresos por el cobre, el equivalente a casi el 70% del presupuesto anual del país. El mejor año para las multinacionales (2011) fue uno de los más conflictivos para los obreros del sector. El éxito de las compañías contrasta con la precarización de cerca de 80 mil trabajadores, los dos tercios de la fuerza laboral minera. Y en mayo de 2012 se produjo una de las huelgas mineras más importantes de los últimos años, incluyendo bloqueos de caminos y accesos a los yacimientos, para denunciar, entre otras cosas, las grandes diferencias entre obreros de planta y contratados. La Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) alertó que la mayoría de los trabajadores ganan menos de 300 dólares mensuales y que aquellos obreros que prestan servicios externos a Codelco y a la minería privada (subcontratados o tercerizados) carecen de “derechos laborales y de protección social”. La CTC especificó, por ejemplo, que la Minera Escondida tiene cuatro duchas para que se bañen 200 trabajadores y que cada cama es utilizada por varios obreros, que van rotando por horarios (“camas calientes”). Minera Escondida es la firma privada más grande del sector a nivel mundial, propiedad de la multinacional BHP Billiton, de capitales ingleses y australianos. Los sindicatos coinciden en que la precarización de las condiciones de trabajo ha aumentado desde que Codelco cedió el control de los yacimientos a las compañías multinacionales. La central sindical del cobre y más de 20 agrupaciones gremiales, políticas y vecinales encabezan uno de los varios colectivos sociales que reclaman la renacionalización del cobre y denuncian al actual modelo por “desnacionalizador, depredador y excluyente”. Los estudiantes y profesores, principales motores de la protesta social chilena, sostienen que la nacionalización de toda la gran minería podrá financiar la educación gratuita para todos los chilenos. Advierten que Codelco posee sólo el 30% de la producción de cobre chileno y aporta al fisco el doble de lo que tributan las empresas privadas. 12 · Nota de tapa Diciembre 2012 - Enero 2013 La figura y el legado de Salvador Allende recorren las calles con más fuerza, a meses de cumplirse 40 años de su muerte recuadro) y dejar para Calama el 5% de lo producido. Los pobladores del Sur de Chile también protagonizaron una histórica protesta para rechazar un aumento de combustibles y reclamar contra un Estado que se había olvidado de ellos. Fueron varias semanas, durante la primera mitad del año, en las que la región de Aysén, 1.300 kilómetros al sur de Santiago, se vio sacudida por huelgas, manifestaciones y cortes de rutas. El gobierno central respondió de acuerdo a los manuales que dejó la dictadura: mayor presencia de carabineros, represión y aplicación de la Ley de Seguridad Pública. El artículo sexto de esa norma endurece las sanciones y condenas a quienes provoquen “desórdenes o cualquier otro acto de vio- lencia destinado a alterar la tranquilidad pública”. La misma reacción aplica desde hace años el Estado chileno contra las comunidades mapuches que reclaman sus tierras y rechazan la construcción de represas hidroeléctricas, la deforestación y la explotación de reservas naturales. Muchos de ellos han sido enjuiciados bajo leyes contra el terrorismo, otra herencia de la dictadura. Negación Los propios sectores tradicionales de la política admiten que el sistema de partidos pierde representación y que nunca antes existió una distancia entre políticos y sociedad como hoy. Pero niegan que esta crisis se deba zanjar con una Asamblea Constituyente. El incremento de las movilizaciones sociales es directamente proporcional al desprecio a instituciones tradicionales y, en los años más recientes, a los grandes medios de comunicación. El ministro de Justicia, Teodoro Ribera, dijo que “el planteamiento (de una nueva Constitución) es peligroso, porque en Chile no está previsto el plebiscito y la asamblea constituyente”. Argumentó que “la crisis de representatividad en Chile no es constitucional, sino a nivel parlamentario”. En septiembre pasado, un grupo de legisladores presentó un proyecto para colocar una urna adicional en las próximas presidenciales, para que los chilenos se pronuncien sobre la necesidad de una Asamblea Constituyente. No es la primera vez que se habla de reforma consti- Apenas una brecha La población de Chile es de 16.572.475 personas, un 10% más que hace 10 años, según datos del censo realizado entre abril y junio de 2012. Un 40% de los habitantes se concentra en la región metropolitana de Santiago. Las ciudades más pobladas después de la capital son Bío Bío (sur), con 12%; y Valparaíso (centro) con 10%. Se estima que el 60% de la población vive con menos de 600 dólares al mes. El índice de desempleo se ubicó en 6,5 % en el trimestre julio-septiembre de 2012. Los índices oficiales muestran logros macroeconómicos insuficientes para atenuar la protesta social. Las consignas por asuntos coyunturales como aumentos salariales, inflación o desocupación fueron desplazadas por cambios de fondo en educación, salud, control estatal del cobre, medioambiente, derechos humanos, estabilidad laboral y distribución de la riqueza. El Gobierno debió revisar sus proyecciones de crecimiento económico para 2012, previsto inicialmente en 5%, “debido a la persistencia de riesgos importantes en Europa”, según el Ministerio de Hacienda. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la Producción Industrial en septiembre registró una caída del 0,6 % interanual. Comparado con el mes anterior, la producción bajó un 4,3%. El Banco Central informó que la balanza comercial acumuló un superávit de 2.621 millones de dólares entre enero y octubre, muy por debajo del saldo positivo de 9.328 millones de dólares del mismo período de 2011. Las exportaciones cayeron 4,5 % y las importaciones aumentaron 6,3 %. El Ministerio de Desarrollo Social sostiene que la pobreza afecta al 14% de los habitantes y la indigencia a poco más del 3%, aunque organizaciones sociales y políticas cuestionan estos índices porque no contemplan necesidades básicas como salud, vivienda o transporte. La Encuesta Socioeconómica Nacional (Casen) determinó que la diferencia entre lo que perciben los sectores más ricos y los más pobres cayó de 46 veces en 2009 a 35 veces en 2011. Aunque para el presidente Piñera –el hombre más rico de Chile– la brecha es de “apenas” 22 veces, gracias a las ayudas estatales para los más pobres. Nota de tapa · 13 tucional, aunque sí es la primera ocasión en la historia del país que la iniciativa cuenta con el respaldo de un movimiento social que no se reconoce en el sistema de partidos. En 200 años de nación independiente, Chile nunca realizó una Asamblea Constituyente. En la misma vereda marchan, aunque por ahora de manera dispersa, organizaciones nacionales, regionales y barriales; profesionales, obreros, empleados públicos y pequeñas y medianas empresas; ambientalistas, medios de prensa y agencias de noticias alternativas; centros culturales; organizaciones feministas y de derechos humanos; movimientos vecinales; asambleas ciudadanas. También coinciden los partidos Humanista; Progresista; Ecologista Verde; Comunista y el Movimiento del Socialismo Allendista, Socialismo del Siglo XXI, entre otros. Este frente por una nueva Constitución sumó en septiembre pasado un actor importante. La Central Unitaria de Trabaja- dores (CUT) de Chile cambió de mando, el Partido Comunista desplazó al Socialismo y prometió alinearse detrás al reclamo por un cambio profundo de modelo. La presidente de la central obrera, la profesora de filosofía Bárbara Figueroa, explica que “así como se demanda un cambio en el sistema educativo o en el de salud o en la descentralización real del Estado, también los trabajadores tenemos demandas: un nuevo código laboral, una nueva institucionalidad laboral que implique mayores garantías para la organización. Esa institucionalidad laboral es una conclusión de todas las demandas sociales que hoy vemos, que exige, a su vez, cambios en la institucionalidad política, que facilite los otros cambios”. De cara a las presidenciales de 2013, este amplio y polifacético frente comienza a ejercer presión sobre los eventuales candidatos a suceder a Sebastián Piñera. Es más que evidente que ningún aspirante de la derecha ni de la Concertación se mostrará dispuesto a tomar en serio semejante desafío. Sólo candidatos de partidos de izquierda o de los propios movimientos populares podrían liderar una plataforma con propuestas, programas, debates y mucha movilización. “Llegó el momento para que abramos en Chile el debate de una Asamblea Constituyente”, se lee en las consignas de agrupaciones constituidas para eso. El movimiento es creciente, en capacidad de movilización y en presencia pública. Aun así, la Asamblea Constituyente no aparece en los discursos de la clase política y difícilmente tenga espacio destacado en los medios de comunicación. Pero el rumbo germina en asambleas universitarias, sindicatos, barrios y movimientos políticos. Allí se discute el tema, con la participación de diferentes sectores populares que, por una u otra razón, se sienten víctimas de un régimen que nunca terminó de irse. Desde Buenos Aires, Adrián Fernández Herencia En las recientes elecciones municipales la derecha perdió varias comunas emblemáticas de la capital, con algunas particularidades que ponderan figuras y apellidos populares por encima de las estructuras partidarias. - En Providencia, ganó Josefa Errázuriz, una dirigente vecinal apoyada por las bases sociales. Esta socióloga (foto) destronó al militar retirado Cristián Labbé, agente de la policía secreta de la dictadura y ex jefe de escoltas de Pinochet, luego de cuatro períodos al frente del municipio. - Maya Fernández Allende (Partido Socialista, 41 años) perdió en Nuñoa por apenas 30 votos frente al candidato de la derecha, Pedro Sabat, que gobierna desde 1996. Fernández Allende es nieta de Salvador Allende, hija del diplomático cubano Luis Fernández Oña, y de Beatriz Allende, quien se suicidó en 1977 mientras la familia se encontraba exiliada en Cuba. - Carolina Tohá, ex vocera presidencial de Michelle Bachelet, ganó en Santiago Centro al ultraconservador Pablo Zalaquett. Dedicó su triunfo a su padre, José Tohá, ministro de Allende, fallecido en circunstancias poco claras en el Hospital Militar, en 1974. - En Huechuraba ganó Carlos Cuadrado Prats, nieto del general Carlos Prats, comandante del Ejército con Allende y asesinado en 1974 en Buenos Aires por agentes de la policía secreta de la dictadura. - El candidato del Partido Comunista Daniel Jadue ganó la intendencia en Recoleta. En la comuna de Estación Central otro candidato del PC, Camilo Ballesteros, ex dirigente estudiantil, perdió por estrecho margen a manos de la derecha. - Fuera de Santiago, Juan Carlos Reinao Merilao, candidato independiente, ganó la alcaldía de la Araucanía, en el sur del país. Este médico mapuche, graduado en la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba, se impuso a la derecha. “En Cuba aprendí una medicina diferente a la que se enseña en Chile, aprendí medicina familiar, y aprendí valores que aquí no se cultivan, como la solidaridad, el respeto, la amistad y el amor”, expresó Reinao a Prensa Latina. 14 · Venezuela Diciembre 2012 - Enero 2013 Segundo Plan Socialista de la Nación 2013 – 2019 Asambleas populares para trazar los caminos de la transición ganado lugar en el periodismo espeso y respetable, estén dispuestos a arrojar todo por la borda mediante la tergiversación, el ocultamiento y la reiteración, con escasas variaciones, de razonamientos sin fundamentos ni fuerza lógica. Discusión colectiva de la propuesta del Programa Socialista en la plaza Diego Ibarra de Caracas. Foto: MinCi Democracia: un proceso impar de participación libre de masas se está llevando a cabo en Venezuela para perfeccionar el programa presentado por Chávez durante la campaña electoral, con el cual triunfó al obtener el 55,13% de los votos, después de 14 años como mandatario. D espués de la límpida y contundente victoria de Hugo Chávez y el Partido Socialista Unido de Venezuela en las presidenciales del 7 de octubre, arreciaron en todo el hemisferio los ataques condenando al reelecto presidente por supuesto autoritarismo, bajo el cual estaría desmantelándose la democracia en este país. Es comprensible y esperable que las clases dominantes denuesten sin piedad a través de sus medios de difusión la figura de Chávez. Después de todo, se trata de sobrevivir: hasta el menos sagaz de los burgueses comprende que el desarrollo exitoso de la transición al socialismo del siglo XXI en Venezuela, al tiempo que la crisis capitalista hace tambalear las columnas del sistema, está llamado a constituirse en ejemplo para cientos de millones, que en todo el planeta buscan precisamente un punto de referencia para abolir el mecanismo que los tritura. No es fácil admitir, sin embargo, que tantos analistas destacados por su saber e inteligencia, tantos medios que, pese a defender durante décadas y siglos los intereses del capital, ostentan un bien Tapar el sol con un harnero ¿En qué país, qué dirigente, después de haber ganado una elección presidencial con un detallado programa puesto a discusión de todo el pueblo, convoca nuevamente a la ciudadanía para que, en Asambleas libérrimas repetidas en capitales, ciudades y pequeños poblados, de extremo a extremo de Venezuela, rediscuta el programa votado a fin de completarlo, corregirlo, perfeccionarlo? A modo de nuevo proceso constituyente, eso es precisamente lo que ha puesto en marcha Hugo Chávez, a partir del 10 de noviembre y durante un mes de intenso trabajo colectivo en torno al Segundo Plan Socialista de la Nación 2013 – 2019. La tarea comenzó ese día con asambleas de trabajo, preparación, llamamiento y organización del proceso de debate y movilización en Distrito Capital, Barinas, Mérida, Zulia, Anzoátegui, Apure, Delta Amacuro, Portuguesa, Trujillo, Vargas y Yaracuy. Desde el día siguiente las fuerzas sociales y políticas se activaron en Amazonas, Bolívar, Carabobo, Falcón, Guárico, Lara, Aragua, Cojedes, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Sucre y Táchira. El proceso constituyente se desarrollará durante un mes, y apelará además a la consulta en las calles. A partir del 12 de noviembre se fijó una Plaza Rectora en cada Estado, donde se realizarán permanentes discusiones. El intercambio forma parte del denominado Proceso Constituyente para la elaboración colectiva del segundo Plan Socialista de la Nación 2013-2019. Se trata de cinco objetivos históricos, entre ellos defender, expandir y consolidar la independencia nacional; convertir a Venezue- Venezuela · 15 la en un país potencia en lo social, económico y político; contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional; contribuir a la preservación de la vida en el planeta y salvar a la especie humana. Cambia la base social del Estado Con la participación directa y masiva de la población, se da así un paso más, decisivo, en eso que algunos autores denominan “empoderamiento”. Dicho de otro modo: el avance hacia un Estado comunalista, con el propósito explicitado por Chávez de que para 2019, cuando finalice el nuevo mandato presidencial a iniciarse el próximo 10 de enero, siete de cada 10 ciudadanos vivan bajo la figura de la comuna socialista. “Las bases están echadas pero no hemos avanzado mucho en la construcción del edificio del poder popular”, subrayó el Presidente en tono de ruda autocrítica durante la campaña presidencial. “Después (de las elecciones) del 7 de octubre, los consejos comunales deben tener mayor relevancia y presencia en la gestión de Gobierno”. Eso es lo que se ha puesto en marcha. El proceso está contenido por la Ley Orgánica del Poder Popular, que en su artículo 1 señala: “La presente ley tiene por objeto desarrollar y consolidar el poder popular, generando las condiciones objetivas a través de los diversos medios de participación y organización establecidos en la Constitución, en la ley y los que surjan de la iniciativa popular, para que los ciudadanos y ciudadanas ejerzan el pleno derecho a la soberanía, la democracia participativa, protagónica y corresponsable, así como la constitución de formas de autogobierno comunitarias y comunales para el ejercicio directo del poder”. Chávez se propone que para 2019 se hayan consolidado unas tres mil comunas socialistas, basadas en alrededor de 39 mil consejos comunales. Por detrás está también desde 2009 el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social. Pero el propio Presidente denuncia la lentitud e ineficacia de ese organismo: “Yo firmé un decreto creando algo así como un ente superior de las comunas ¿dónde está? No ha funcionado. Hay una ley para esto, seguimos entregando las viviendas pero no se ve el espíritu comunal y eso es grave. ¿Será que seguiré clamando en el desierto por cosas como estas? En torno a Miraflores debería haber una comuna”, exigió ante sus ministros, y ante el ojo implacable de las cámaras de televisión, poco después del 7 de octubre. El regaño parece haber dado resultados: en los 10 días posteriores se habían realizado 47 asambleas de debate en la plaza Diego Ibarra y otras 183 en varias parroquias de Caracas, con la recolección de propuestas para el Programa de Gobierno 2013−2019. La concejal del municipio Libertador y coordinadora de movilización del Psuv en Caracas, Carmen Zerpa, señaló que sólo en la plaza Ibarra se realizan entre tres y cuatro asambleas diarias: “Llevamos 12 días aquí desde la mañana hasta la noche. Hemos hecho 47 asambleas y recibimos un promedio de cinco propuestas por asamblea”, dijo. Sólo en la Plaza Diego Ibarra han recibido alrededor de 235 ideas para el Plan. Si en cada una de las 183 asambleas parroquiales de Caracas hubiera emanado una propuesta, sumarían 418 ideas sólo en la capital. “No tengo la cifra exacta, pero por ahí vamos aproximadamente”, expresó Zerpa, en declaraciones al diario El Nacional. Cada Estado cuenta con una sala de sistematización que se ocupa de cargar la información en una base de datos. “Recibimos los planteamientos por escrito y por internet. En Caracas, el equipo es de 50 personas. No sé con exactitud cuántos trabajan en cada estado, pero ese es más o menos el promedio”, indicó Zerpa. El diputado Jesús Farías se mostró satisfecho de la respuesta ciudadana: “No tengo la cifra exacta, pero le puedo asegurar que son millones los que han participado”. El diputado indicó que la directiva no ha definido el mecanismo para aprobar el plan en la Asamblea Nacional. “No se ha decidido nada todavía”, dijo. Es este fenómeno de extraordinaria elevación de la conciencia y el nivel político de las mayorías, de participación masiva, de forja multitudinaria de una democracia verdadera, lo que hace apelar a argumentos insustentables, mentiras y ocultamientos a los propagandistas del capital. El futuro agradecería si al menos algunos de ellos pudieran reflexionar a tiempo. 16 · Venezuela Diciembre 2012 - Enero 2013 El Gobierno entregó 350 mil unidades y alcanzó la meta proyectada para el período 2011-2012 Exitosa planificación de la Gran Misión Vivienda Complejo de viviendas del sector El Cafetal, municipio Andrés Bello, Estado Táchira Compromiso: al finalizar 2012, el Estado bolivariano habrá construido 350 mil viviendas dignas, totalmente equipadas, en apenas dos años. El objetivo es completar dos millones para 2017. Se trata de un complejo pero aceitado plan del que participan diferentes órganos del Estado y del ámbito privado, que involucra a nueve ministerios del Ejecutivo, al Gobierno del Distrito Capital y a empresas como Petróleos de Venezuela (Pdvsa), y depende directamente del Presidente de la República. La Gran Misión Vivienda tuvo una fuerte incidencia en el sector de la construcción, motor del crecimiento de la economía no petrolera del país. El presidente Chávez pidió a las demás áreas del Gobierno que imiten la planificación científica de este plan revolucionario, articulado por el titular de Pdvsa, Rafael Ramírez. L a Gran Misión Vivienda Venezuela (Gmvv) cerrará su ejercicio 2012 con la meta cumplida de entregar 200 mil unidades y totalizar 350 mil desde el inicio del programa, el año anterior. Este programa socialista, nacido en enero de 2011 para dar atención urgente a la crisis habitacional, tiene como objetivo completar dos millones de unidades al cabo de siete años. Para la primera etapa (2011-2012) se asignaron recursos por más de 57 mil millones de bolívares (unos 13.200 millones de dólares, al cambio oficial) procedentes de fuentes de financiamiento previstas en el marco legal: recursos ordinarios del Gobierno Nacional; Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda; carteras hipotecarias de la banca pública y privada y Ley de Endeudamiento Complementario. La Gmvv nació de la emergencia decretada luego de las lluvias de fines de 2010, que dejaron miles de viviendas destruidas y agravaron aún más la ya crítica situación habitacional de millones de venezolanos. De aquel diagnóstico surgió la Ley de Emergencia para Terrenos y Vivienda, aprobada por la Asamblea Nacional, que da marco a la participación de diferentes entes del Estado y del ámbito privado a través del Órgano Superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat. Este organismo involucra a nueve ministerios del Ejecutivo, al Gobierno del Distrito Capital y a empresas como Petróleos de Venezuela (Pdvsa); es coordinado por el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, aunque depende directamente del Presi- Venezuela · 17 Concentración poblacional por franjas dente de la República. El gobierno bolivariano estableció, además, un sistema de financiamiento para las familias adjudicatarias de las viviendas, que incluye un esquema de subsidio por hasta un 100% de la unidad para quienes tengan ingresos menores del salario mínimo. Ese subsidio decrece proporcionalmente a medida que aumentan los ingresos familiares. Así, quien perciba un salario mínimo recibirá un subsidio de 80%, mientras que será de 60% si la familia beneficiaria supera los dos salarios mínimos y así sucesivamente hasta aquellos grupos que tengan ingresos de hasta cuatro salarios mínimos. El programa contempla también la autoconstrucción o la llamada sustitución de rancho por vivienda (Suvi). La emergencia habitacional en Venezuela no es uniforme en todo el país, en virtud de que la concentración de la población se ha desarrollado de manera desigual con preminencia en la zona costera. En esa franja, la zona Norte del país, se ubica el 60% de los venezolanos (ver cuadro). Allí se asienta la población de menores recursos económicos, sobre terrenos peligrosos y sin servicios básicos. La masa poblacional decrece significativamente hacia el Centro del país y es muy escasa en el Sur, sobre los Estados Bolívar, Apure y Amazonas. La Gmvv busca romper este esquema. La construcción de desarrollos habitacionales va de la mano del Modelo Productivo Socialista y de la Nueva Geopolítica Nacional que estimula un desarrollo territorial desconcentrado, con polos de desarrollo industrial y pro- Meta de la Gran Misión Vivienda Venezuela ductivo atravesados por un sistema de infraestructura (carreteras y ferrocarriles) integrador. Cada proyecto contempla, además, un desarrollo urbanístico sustentable y adecuado a cada región del país, que incluye la transformación de espacios verdes, campos de deportes y espacios para la producción social. Esta estrategia nacional demanda la coordinación de diferentes actores: gobierno nacional, organizaciones populares, gobiernos regionales y municipales, Banca y empresas privadas, y acuerdos con países de todos los continentes, como Irán, Rusia, Brasil, Uruguay y Bielorrusia. De esta última nación se tomó el plan científico que permitió a los soviéticos la reconstrucción de la ciudad de Minsk, arrasada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Planificación La actividad económica no petrolera de Venezuela durante 2012 creció del 4,8 al 5,4%, motorizada básicamente por el sector de la construcción, que pasó de 10,9% en 2011 a 12,6%. La Gran Misión Vivienda tuvo una alta incidencia en estas cifras. El Banco Central de Venezuela especificó que el rubro de la construcción registra un alza a partir del tercer trimestre de 2011, período en el que comienza a tener una incidencia importante el impulso de la Gmvv. El presidente Hugo Chávez resaltó que el desarrollo de la Gran Misión Vivienda Venezuela es producto de una planificación científica que ha sido determinante para su éxito. “Se trata –dijo– de un ejemplo de alta eficiencia, mística, moral y resultados”. Pidió a otros proyectos del Estado y del pueblo bolivariano que copien este modelo para “elevar los niveles de planificación y conducción científica en todos los frentes de batalla”. Alertó que la “falta de planificación científica es una poderosa causa del fracaso en otros proyectos.” Hasta mediados de noviembre se habían edificado casi 140 mil unidades, de las 200 mil fijadas para 2012, lo que representaba en ese momento un avance de obra del 70%. El ministro Rafael Ramírez detalló entonces que las proyecciones estimaban superar la meta de construcción, con la implementación del Plan Remate que permitiría finalizar 33 mil unidades para noviembre y 34 mil en diciembre. En el mismo sentido se pronunció el ministro para la Transformación de la Gran Caracas, Francisco Sesto, quien detalló que la Gmvv tiene planeado entregar 780 mil viviendas en los próximos dos años (ver cuadro). “Ya hay viviendas que se están edificando que pertenecen a las metas de 2013 y 2014”, señaló. El presidente Chávez señala habitualmente que “sólo en Socialismo es posible solucionar el drama de la vivienda”, ya que “el capitalismo es un sistema que logra concentrar la riqueza en pocas manos (…) mientras la gran mayoría de la población no tiene agua, vive en la miseria, en ranchos”. El mandatario agrega que “en el capitalismo, la gran mayoría es condenada a vivir muriendo; el Socialismo libera del vivir muriendo al pueblo y lo pone a vivir viviendo”. 18 · Colombia Diciembre 2012 - Enero 2013 Políticas agrarias: condición para la solución del conflicto armado Arduo camino en busca de la paz Los delegados de las Farc hicieron un balance positivo del diálogo con el Gobierno en La Habana que terminó el 30 de noviembre. Tres días después , el Ejército mató al menos a 20 guerrilleros. Apertura: el presidente Santos y las Farc concretaron desde La Habana la primera invitación formal a las organizaciones del pueblo colombiano al foro agropecuario previsto para antes de que termine 2012. Esta convocatoria fue uno de los aspectos más destacados de la ronda de negociaciones de noviembre, junto con la decisión unilateral de la guerrilla de disponer un alto al fuego, no correspondido por el gobierno nacional, que el 2 de diciembre bombardeó un campamento y mató al menos a 20 guerrilleros. Antes, altos funcionarios habían denunciado con pruebas falsas que las Farc siguen combatiendo pese a la tregua; pidieron a los combatientes rebeldes que abandonen a sus comandantes; y minimizaron crímenes de la extrema derecha. La condena a 15 años al periodista Freddy Muñoz, basada sólo en testimonios de detenidos, y la aprobación del nuevo fuero militar desnudan un doble discurso y un camino sinuoso. V arias organizaciones sociales aceptaron la invitación oficial conjunta de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y del Gobierno para que las víctimas de la violencia armada se sumen al diálogo por la paz. El primer mecanismo acordado será el foro Política de Desarrollo Agrario Integral, que ten- drá lugar en Bogotá, entre el 17 y el 19 de diciembre. Un comunicado bilateral difundido en La Habana señala que el objetivo de esta convocatoria es que la mesa de diálogo “reciba insumos y propuestas provenientes de la participación ciudadana” como parte de “la discusión del primer punto de la agenda”, en referencia al tema agrario. Las conclusiones de este encuentro, organizado por la ONU y la Universidad Nacional de Colombia, se entregarán a la mesa de negociaciones el próximo 8 de enero, cuando se reanude el diálogo tras el receso de fin de año. Las Farc hicieron un balance positivo de las negociaciones de paz que se extendieron entre el 19 y el 30 de noviembre en La Habana, al considerar que el proceso “va por buen camino y con resultados Colombia · 19 concretos”. Señaló que la convocatoria al foro sobre desarrollo agrario “es un importante paso” porque permitirá que la sociedad civil presente propuestas. Iván Márquez, alias del líder del equipo negociador de la guerrilla en La Habana, ade- lantó que “hay una convicción absoluta en que el pueblo colombiano vencerá”. La etapa de reuniones de la capital cubana se inició con el anuncio de la guerrilla de decidir en forma unilateral un cese del fuego. Menos de 24 horas después, el secretariado de las Farc ordenó a sus unidades la suspensión de acciones militares en todo el territorio colombiano hasta el 20 de enero. “Es una contribución a fortalecer el clima de entendimiento necesario”, dijo Márquez. En La Habana, la guerrilla insistió con los pedidos expresados en la primera ronda, en Oslo: cambiar el modelo socioeconómico y sumar a la mesa de negociaciones a representantes del pueblo: “Justo sería que en tiempos de Navidad el régimen de Juan Manuel Santos y las clases dominantes anuncien el cese de la guerra social impuesta con sus reformas y leyes de miseria y hambre”, señaló Márquez. Pero el presidente Juan Manuel Santos y su ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, frenaron este reclamo. “No vamos a negociar sobre aspectos fundamentales de la vida nacional, como la propia Constitución, el modelo de desarrollo, el concepto de propiedad privada”, dijo el jefe de Estado. Doble discurso El gobierno colombiano también rechazó imitar el alto al fuego de la guerrilla. Por el contrario, 48 horas después de que entrara en vigor la resolución del grupo armado, el ministro Pinzón y el comandante de las Fuerzas Militares colombianas, general Alejandro Navas, aseguraron tener “evidencias” de que las Farc “han incumplido su palabra, con la promesa que le habían hecho al pueblo colombiano”. Las “evidencias” nunca aparecieron y fueron denunciadas como “falsas” por la guerrilla que, no obstante, aclaró que el alto al fuego no incluía las acciones defensivas contra los ataques de las tropas militares, que nunca cesaron. El ministro de Defensa denunció que las Farc “manejan un doble discurso”, con una “actitud casi mentirosa difícil de comprender”. Pinzón agregó que “mientras por un lado se comportan como celebridades, tienen una cantidad de jóvenes viviendo en condiciones terribles”. En tanto en Cuba se discutían los caminos hacia la paz, Pinzón exhortó a los rebeldes a traicionar a sus comandantes y desmovilizarse voluntariamente. El grupo armado señaló al ministro y a los altos mandos militares por “dispararle al proceso de diálogo”. El 3 de diciembre, un día antes de que se retomaran las negociaciones, el Ejército atacó un campamento y mató al menos a 20 guerrilleros. Voz de las víctimas Desde que se conoció públicamente el compromiso del Gobierno y de las Farc para iniciar un diálogo por la paz, las organizaciones civiles víctimas de la violencia armada reclaman un espacio en la mesa de conversaciones. Sostienen que nadie mejor que ellos para aportar elementos concretos en la negociación. La mayoría de estas voces provienen de organizaciones campesinas, comunidades indígenas, afrodescendientes, mujeres, sindicalistas y trabajadores de derechos humanos y familiares de las víctimas. La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) reclamó “condiciones mínimas como el cese de las hostilidades, el acatamiento del Derecho Internacional Humanitario y respeto a la autonomía territorial de los Pueblos Indígenas”, para avanzar en un proceso de paz “eficaz y duradero”. En la mayoría de las regiones rurales conviven guerrillas, paramilitares, narcotraficantes, bandas criminales y fuerzas del Estado. El Congreso colombiano organizó durante octubre y noviembre nueve Mesas Regionales de Paz, con el apoyo de la ONU, que involucró 29 departamentos, la participación de tres mil líderes sociales y 1.200 organizaciones populares. Allí, el coordinador del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia, Bruno Moro, sostuvo que “la paz en Colombia debe ser constituida desde las regiones, porque allí están sus víctimas, se ha destruido el tejido social, se ha debilitado el Estado, hay abuso del poder y abuso de la fuerza”. Indicó que en el ámbito rural “las situaciones se resuelven con violencia, y los que más sufren son los menos protegidos, como campesinos, indígenas y mujeres”. Alertó que “si no se fortalece el tejido social y las redes comunitarias, ningún acuerdo de paz puede tener capacidad de sostenerse”. Durante las Mesas Regionales de Paz quedó en evidencia que los asuntos más urgentes para la población son la política agrícola y las garantías institucionales para ejercer la oposición política, cuya ausencia deja decenas de muertos por año en cada región del país. Así como la comunidad civil apoya esta etapa de diálogo, existe aún una brecha importante entre las urgencias locales y la agenda del diálogo, relacionadas con violaciones a los derechos humanos, pobreza, falta de desarrollo regional y explotación de recursos naturales. En este último aspecto, la minería a gran escala y las plantas agroindustriales generan mucha preocupación en la población. Desplazados y despojados Tierra y política agraria fueron los ejes discutidos en La Habana. Pese a las coincidencias ya mencionadas, el Gobierno advirtió que no negociará 20 · Colombia Diciembre 2012 - Enero 2013 cambios en la aplicación de la ley que restituye tierras a campesinos despojados por grupos armados ilegales. El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, subrayó que la devolución de varios millones de hectáreas a unas 400 mil familias se tramita según lo que marca la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esta norma, aprobada en 2011, impulsa la formalización de la propiedad rural a través de la devolución a campesinos de más de dos millones de hectáreas de terrenos incautados al narcotráfico o abandonados por la lucha armada de las últimas décadas. La agrupación guerrillera denuncia que la ley, sin una política campesina, conde- na a los sectores rurales a la desaparición. “Una vez que reciban tus tierras, las multinacionales se van a lanzar sobre los campesinos obligando a un arrendamiento que los expulsará de allí”, denunció Iván Márquez. El Poder Ejecutivo sostiene que las tierras reclamadas por los campesinos fueron apropiadas de manera ilegítima casi en partes iguales por la extrema derecha y la guerrilla. La Organización Nacional Indígena de Colombia denunció a las bandas paramilitares y a las multinacionales por asesinatos, torturas e intentos de obstruir la restitución, aunque advirtió a las Farc que resistirá cualquier negociación por la tierra que contemple el reparto de terrenos entre los jefes guerrilleros. Informes de organizaciones privadas y de las propias comunidades rurales señalan que la mitad de los crímenes contra líderes de las poblaciones rurales se produjo en las regiones más afectadas por el abandono de tierras. Se estima que entre 2010 y 2011 fueron asesinados 380 indígenas, muchos de ellos en las áreas que más evidencian el conflicto por la tierra. La Onic denunció que casi 80 de sus representantes fueron muertos en los primeros nueve meses de 2012. La organización señaló que, en ese periodo, más de diez mil miembros de comunidades fueron desplazados de su territorio por el conflicto armado. Un informe sobre Dere- Condenan a 15 años al periodista Freddy Muñoz La justicia colombiana condenó a 15 años de prisión al periodista Freddy Muñoz, acusado de pertenecer a las Farc. El reportero, detenido el 19 de noviembre de 2006 mientras ejercía como corresponsal de Telesur en Colombia, denunció ser víctima de un montaje “de inteligencia”, orquestado durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en complicidad con jueces y fiscales ligados al narcotráfico. La resolución de la justicia fue confirmada por el propio Muñoz en una carta abierta publicada a mediados de octubre, en la que denunció que “este fallo condenatorio, que estaba listo en agosto de este año, es publicado a una semana de haberse dado los resultados electorales en Venezuela, y a días de iniciarse formalmente los acercamientos de paz con la insurgencia colombiana”. El periodista rechazó “de forma categórica” la condena y negó las acusaciones de “terrorista” y “‘bombardeador de centrales eléctricas”, señaladas en la resolución del juez. Denunció que esta condena evidencia que “la Fiscalía, y una buena parte del Sistema Judicial colombiano están al servicio del narcotráfico y del paramilitarismo, para judicializar y disminuir a la resistencia social en Colombia. La condena en mi contra es un estertor de la presencia uribista y paramilitar en nuestro entorno judicial”. En su carta pública, recordó que estuvo detenido “acusado de rebelión por fiscales espurios” hasta que en 2007 salió de la cárcel. “En ese tiempo un juez valiente determinó que el testimonio de tres, cinco, diez, o cien hombres condenados a pudrirse en los intestinos del sistema judicial colombiano, a cuarenta años de cárcel, y motivados por promesas de rebajas de penas, no eran suficientes para acusarme, menos aún para condenarme”, relató. “Hoy, con esas mismas pruebas: los testimonios de hombres coaccionados y en desgracia, un juez decide condenarme a pagar 15 años de cárcel por hechos cuyos autores son confesos y están condenados desde hace tiempo”, denunció Muñoz. El periodista agregó en su carta pública que “los organismos de inteligencia decidieron hacerla efectiva (la detención) a mi regreso de Caracas, para involucrar y perjudicar el nombre de la multiestatal Telesur y al Gobierno venezolano con mi captura por rebelión y terrorismo”. “Seguiré dinamitando a la mentira, bombardeando con mi trabajo periodístico a las estructuras de un sistema que tiene al mundo movilizado en su contra, y amplificando las voces de quienes quieren una Colombia y un mundo mejor”, concluye la nota del reportero, fechada el 17 de octubre. Colombia · 21 Rechazos a la reforma del fuero militar Organismos internacionales encabezados por la ONU, juristas de derechos humanos y organizaciones sociales y políticas colombianas rechazaron la aprobación de la reforma del fuero militar por el Congreso, al sostener que la nueva legislación generará mayor impunidad en delitos cometidos por soldados y policías en el marco del conflicto armado. La iniciativa implica la reforma de tres artículos de la Constitución de Colombia. El nuevo texto contempla que la justicia militar investigará “las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas por miembros de la Fuerza Pública”. La reforma prevé además la creación de un Tribunal de Garantías integrado por cuatro miembros de la fuerza pública en retiro y cuatro abogados. Esta institución deberá determinar qué denuncias o conflictos deben ser investigados por la justicia ordinaria y cuáles por la penal militar. Los uniformados que eventualmente sean encontrados responsables de algunos de los delitos tipificados deberán cumplir sus condenas en cárceles especiales o en sus propias unidades militares. También prevé la posibilidad de crear una justicia policial. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, pidió hasta último momento al gobierno colombiano repensar su apoyo al nuevo texto, en un país como Colombia donde más de 4.300 militares son investigados por ejecuciones extrajudiciales. “De acuerdo con la reforma, la determinación del crimen reposará en un cuerpo militar con el riesgo consecuente de impunidad”, afirmó. Agregó la representante chos Humanos publicado en octubre también denuncia la muerte de menores de edad a causa de desnutrición o falta de atención médica oportuna. El secretario general de la Onic, Juvenal Arrieta, explicó que Colombia “es un país que tiene vocación rentística pero no productiva”, donde “el 50% de sus habitantes son campesinos” y “sólo cinco familias son dueñas del 89% de las tierras más ricas”. La otra violencia El asesinato de 10 campesinos a manos de paramilitares, el 10 de noviembre pasado, confirma otra de las denuncias de la sociedad civil colombiana: la disputa por la tierra trasciende el hipotético acuerdo entre el Poder Ejecutivo y las Farc. La extrema derecha armada está activa, en connivencia con legisladores, gobernadores, alcaldes y colaboradores cercanos al expresidente Álvaro Uribe. La tragedia de campesinos y de indígenas no acaba en el asesinato y la tortura de sus integrantes y los ataques a sus poblaciones. Implica, además, el de la ONU que “la reforma socavará seriamente los esfuerzos emprendidos por el Gobierno de Colombia para asegurar que las violaciones de derechos humanos, presuntamente perpetradas por miembros de las fuerzas militares y de policía de este país sean debidamente investigadas y los perpetradores detenidos y sancionados”. El Gobierno rechazó éstas y otras críticas similares: “ni uno solo de los artículos de la reforma ha sido presentado para generar impunidad”, dijo el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, principal voero del proyecto. El funcionario prometió invertir unos 14 millones de dólares en capacitación a los militares en la aplicación de esta justicia especializada. El representante de las Naciones Unidas en Colombia, Todd Howland, recordó que “entre 2004 y 2008 los miembros mataron tal vez miles de civiles, solamente para ganar puntos o mejorar sus status en razón de las muertes en combate” y recordó que se trata de “casos que la justicia está en proceso de resolver”, en referencia a los llamados “falsos positivos”. Presionado, a última hora, el Poder Ejecutivo excluyó del fuero militar delitos como genocidio, desaparición forzada, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado. Sin embargo, la ONU insistió en que, aun con estas modificaciones, “es muy preocupante que el texto propuesto establezca que algunas otras violaciones de derechos humanos cometidas por militares sean conocidas por los jueces militares, incluyendo los crímenes de guerra y las detenciones arbitrarias”. desplazamiento de las comunidades y el temor que subyace en los pueblos de que el hecho se repita en medio del aislamiento y el abandono oficial. Esta matanza ocurrió en el municipio Santa Rosa de Osos, al norte de Medellín, capital del departamento Antioquia. Nueve hombres y una mujer fueron asesinados a balazos en una finca de un hacendado que, supuestamente, se negó a pagar una extorsión. Los campesinos que abandonaron el poblado tras la masacre de sus compañeros denunciaron que las bandas paramilitares Los Rastrojos y Los Urabeños luchan por el control de la zona financiándose con el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión a los pobladores. Declaraciones públicas de algunos funcionarios del gobierno indican que para la élite colombiana es relativamente sencillo determinar quién está detrás de cada acto de violencia armada: buena parte de la derecha gubernamental, mediáticamente encarnada entre otros por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, señala que la matanza de Santa Rosa es un “hecho” cometido por “in- dividuos”. En cambio, otras acciones, atribuidas a las guerrillas, responden a “actos terroristas”. El presidente Santos dijo que la matanza se debió a “retaliaciones” entre miembros de Los Rastrojos, una de las tantas organizaciones armadas que se pusieron al servicio de narcotraficantes tras la disolución en 2006 de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la organización madre del paramilitarismo colombiano. Durante los ocho años de su mandato (2002-2010), el entonces presidente Uribe presentó como “exitoso” el plan de desmovilización de paras, que incluyó conmutación de penas y reducción de condenas a sus miembros a cambio de información sobre el destino de miles de personas asesinadas por ellos mismos. Muchos cambiaron sus negocios ilegales y se convirtieron en las llamadas “Bandas Criminales emergentes” (Bacrim) que aún tienen control y poder territorial en más de la tercera parte del país, como ocurre en el municipio en el que se produjo la matanza de campesinos. 22 · Argentina Diciembre 2012 - Enero 2013 Conflictividad social, acoso económico, fractura interna Cristina Fernández ante opciones de hierro fragmentación de la base que sustentó durante nueve años a los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Sólo ha transcurrido un año desde que Fernández ganó por segunda vez la elección presidencial con el 54% de los votos. Hoy las encuestas registran una reversión drástica de aquellos guarismos y, según las consultoras más creíbles, su imagen negativa supera a la positiva, con ésta aproximándose al exiguo nivel de su peor momento, cuando ocurrió la confrontación con el conjunto de los productores agrarios, finalmente perdidosa. El 15 de diciembre el Tribunal internacional del Derecho del mar fallará sobre la incautación de la Fragata Libertad, buque escuela de la Marina argentina, embargado en Ghana desde octubre por presión de Estados Unidos A Estanflación: el pase a la oposición de un sector clave del movimiento sindical desató los nudos de la parálisis social. A poco, se sumó el grueso de las clases medias. Por detrás, caída económica y elevada inflación. Ajuste severo. El gran capital se propone usufructuar el nuevo clima social y político. Sólo una drástica reorientación del Gobierno podría revertir la crisis y darle un rumbo latinoamericano al país. rgentina salió de la anomia. Con el gran capital al acecho y el descontento creciendo en toda la pirámide social, en el marco de una sensible caída económica y grandes exigencias por la deuda externa, se suceden potentes movilizaciones sociales y el gobierno de Cristina Fernández mide el acortamiento de plazos para adoptar medidas de fondo frente a demandas cruzadas. Como tigre cebado, la ultraderecha pasó de la tensión del salto al rugido salvaje; las garras de la bestia ya vuelan hacia la presa. La víctima no es la institucionalidad. No hay riesgo destituyente. Sí, en cambio, y muy grave, de estrechamiento del cerco y debilitamiento del centro de poder. Y las consecuentes imposiciones, en todos los órdenes, por parte de los núcleos tradicionales del capital (he allí la aprobación de la ley de Riesgo de Trabajo y la ley Antiterrorista). Como siempre, Estados Unidos mueve hilos tras bambalinas. La protesta social se conjuga con la Reversión de la tendencia Como para graficar la extrema volatilidad de la Argentina actual, un mismo vuelco en la conducta política de las mayorías se dio dos veces, en sentido inverso, en apenas dos años. A fines de 2010, cuando inesperadamente falleció Néstor Kirchner, el gobierno de su esposa estaba debilitado al extremo. Sólo la fragmentación y el penoso desempeño del arco opositor daba alguna esperanza al oficialismo para las elecciones del año siguiente. Acaso con ayuda del impacto emocional causado por la muerte de Kirchner, tras una sucesión de duras derrotas oficialistas en lugares claves, la rosa de los vientos giró violentamente y Cristina Fernández ganó el 23 de octubre de 2011 con el 54% de los votos. A partir de allí, un conjunto de medidas económicas no anunciadas durante la campaña electoral, sazonadas con un cambio sensible en el estilo político, produjo un reflujo acelerado del apoyo social a la Presidente. Un campanazo de atención sonó el 15 de diciembre (apenas cinco días después de la asunción del segundo mandato de Fernández), cuando el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, hizo un acto masivo con un pliego de severos reclamos al Gobierno, de cuya victoria electoral había sido pieza clave. Argentina · 23 Subas de tarifas, aceleración de la inflación, restricciones cambiarias (lejanas en todo sentido práctico a un efectivo control de cambios), hechos escandalosos de corrupción que involucraron al vicepresidente de la nación y hasta una tragedia ferroviaria que produjo 51 muertes y más de 700 heridos, todo acompañado por una sensible merma del giro económico, se conjugaron para alentar un nuevo e igualmente drástico giro en desfavor del oficialismo. Mientras tanto, la Presidente pareció rearticular su base política de sustentación: enfrentó al aparato tradicional del Partido Justicialista (y en particular a Daniel Scioli, gobernador de Buenos Aires, ex menemista y delfín que espera en silencio su oportunidad para las presidenciales de 2015), volcándose a favor de un conjunto de jóvenes en su mayoría provenientes de la experiencia del Frepaso (coalición de corte socialdemócrata que, aliada con la Unión Cívica Radical, llegara al gobierno con la Alianza en 1999 y saliera eyectada por la crisis en los días turbulentos de fines de 2001). En ese mismo movimiento, reemplazó el respaldo de la CGT de Hugo Moyano por el del sector denominado “los gordos”, cúpula sindical que acompañó a Carlos Menem y tiene figuras como Gerardo Martínez, de la Construcción, denunciado por el propio Gobierno como agente de inteligencia del ejército durante la dictadura militar. En suma: el gobierno perdió el apoyo del sector más enérgico del movimiento sindical; se enajenó al grueso de las capas medias: inflación, retracción económica –el crecimiento pasó de casi el 8% en 2011 a un estimado del 1% en el corriente año– y las obligadas medidas económicas de ajuste, que desde luego afectaron con mayor dureza a los asalariados y pulverizaron los montos de los subsidios para desocupados beneficiarios de “planes trabajar”; con su giro político chocó de frente con el añejo aparato peronista, envalentonando además al conjunto disperso y sin rumbo de la oposición burguesa. Irrupción social Sobre esta argamasa, la CGT dio un paso decisivo con una concentración de masas frente a la Casa de Gobierno, en Plaza de Mayo, el 27 de junio. El durí- simo discurso de Moyano, con reivindicaciones económicas para el conjunto de trabajadores y jubilados, cambió no sólo el clima político, sino las relaciones de fuerzas sociales. Sería esto lo que seis semanas más tarde se manifestaría de manera insólita: una convocatoria por medio de las redes sociales, sin partidos, sindicatos ni dirigentes reconocidos de ninguna especie, llevó a las calles de todo el país a cientos de miles de personas el 13 de septiembre. Sólo en la Capital Federal, las cifras más conservadoras aluden a 200 mil manifestantes, mientras que los más entusiastas aseguran que hubo 500 mil. Era la clase media, con predominancia de los sectores altos. Por detrás, se relamían los portavoces del gran capital. Días después, el 27, la CGT se reunió en Huerta Grande y La Falda, localidades históricas para el movimiento obrero, donde aprobaron un documento de 21 puntos que ya daba consistencia mayor a la rebeldía sindical. Entre esos puntos figuran: “1) Política Internacional. Continentalismo. Unidad Regional. Bloques contra hegemónicos. Mercosur/Unasur. 2) Defensa Nacional. Hipótesis de conflicto. Caso Malvinas. Caso Sector Antártico. 3) Desarrollo Industrial Sustentable. Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial Sustentable. Innovación tecnológica. Fomento de las economías regionales. Complementación con las economías de la Región (...) 6) Ley Nacional de Transporte para desarrollo de una red de áreas ferroviaria, marítima, aeronáutica, fluvial y de carga. 7) Sistemas Financieros estatal y privado. Banco del Sur. 8) Estadística real de evaluación de parámetros de inflación y evolución salarial. 9) Distribución de la riqueza: análisis de la evolución histórica y estado actual. 10) Reforma tributaria: progresividad. Ley de coparticipación Federal (...) 12) Políticas para la eliminación de la indigencia y la pobreza con una plena fijación de las mismas en el concepto de la Justicia Social (...) 15) Tierra y Vivienda. La integridad territorial Argentina. Propiedad de la Tierra y función social. Estudio de la problemática de la migración interna y el acceso a la tierra y la vivienda. Propuesta de planes viables de vivienda de inmediata implementación (...) 17) Seguridad Social. Asignaciones familiares. Jubilación. Mejora del haber. 82% móvil”. Otro hecho impactante ocurrió el 8 de noviembre, cuando nuevamente el mecanismo de las redes sociales fue utilizado para convocar y tuvo una adhesión que conmovió al país, volcando multitudes en todas las capitales y cientos de ciudades del país. Finalmente, esta dinámica desembocó en el paro convocado por la CGT, acompañada por el sector no oficialista de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) y todas las izquierdas, con excepción del Partido Comunista. Pese a no tener la adhesión de los gremios industriales, a través de sus direcciones comprometidas con el Gobierno, el 20 de noviembre se paralizó el país. La magnitud de la adhesión sorprendió incluso a sus organizadores. Y cambió drásticamente el escenario político, en detrimento del Gobierno pero también de los partidos políticos de la burguesía. Todo esto provocó ostensibles fracturas en el elenco gobernante. Escalada de conflictos Es en este clima que un tribunal de Nueva York falló a favor de los llamados “fondos buitres”. Kirchner firmó en 2005 un decreto aceptando la jurisdicción yanqui para los bonos argentinos. Es improbable que la prepotencia imperial llegue al punto de arrastrar nuevamente al default a Argentina. Pero está claro que, sea cual fuere el desenlace inmediato, el país ha quedado nuevamente empantanado en un endeudamiento ilegal e ilegítimo, probadamente impagable. Durante 2012 el Gobierno perdió la calle y la iniciativa. Le urge recuperar ambas o el retroceso será mayor. Fuentes oficiales indican que se realizaría una concentración masiva el 10 de diciembre, aniversario de la asunción de Fernández el año pasado. El cuadro económico y político actual, no obstante, requiere una reorientación estratégica que enfrente al gran capital local y extranjero con un programa radical de transición anticapitalista, basado en la organización política de las masas con una propuesta revolucionaria. No queda espacio para una tercera vía. Lo contrario, sería afrontar los tres años restantes de gobierno bajo la férula del imperialismo y con la creciente demanda de los trabajadores. Desde Buenos Aires, Ernesto Rodríguez 24 · Argentina Diciembre 2012 - Enero 2013 Dura disputa entre grupos económicos y el Gobierno por el control de los medios Choque en torno a la ley de comunicaciones N Tensión: la nueva ley de comunicaciones llegó a un punto crucial de definición. No está en disputa la libertad de prensa, garantizada a pleno en Argentina desde el retorno constitucional en 1983. Pero eso afirman los medios comerciales opuestos al oficialismo, mientras que nuevos y antiguos grupos aliados al poder esperan beneficiarse del desguace del Grupo Clarín, el de mayor peso en el país. Sectores que habían apoyado la ley hoy cuestionan su no aplicación y plantean que no habrá democratización real en el acceso a licencias. La conformación de medios de comunicación populares, de masas y democráticos es la gran deuda pendiente. o faltan motivos de disputa en la durísima batalla interburguesa en Argentina. Sin embargo, el campo de Marte se trasladó a diarios, hondas hertzianas y canales televisivos. Sin partidos –tradicionales o recientes– capaces de ejercer el poder y disputar por los fragmentados intereses de las clases dominantes y sectores menores en pugna, ha tomado cuerpo el espejismo de que el poder está en los medios de comunicación. Y mientras la economía trastabilla, la lucha entre las clases por la captación del excedente se agudiza, muchos creen que el futuro estará definido por la suerte que le toque al Grupo Clarín, el mayor en el conjunto oligopólico de la prensa comercial argentina. Los dos principales diarios nacionales son Clarín y La Nación. Éste fue fundado en 1870 por el ex Presidente Bartolomé Mitre y erigido como órgano del gran capital oligárquico-terrateniente, que en tanto clase dominante por aquellos años imponía el modelo agroexportador y la consolidación del Estado oligárquico. Distintos son los orígenes de Clarín, el de mayor venta. Fundado en 1945, el matutino se lanzó como órgano de la burguesía industrial desarrollista, sector que fue creciendo durante la década de 1930 y se consolidó políticamente con los gobiernos peronistas (1946-55). Su distribución y venta fueron en aumento, al ritmo en que crecía el poder de esta clase social. En las últimas décadas, a medida que el capital agrario, industrial y financiero se fueron entrelazando y aunando sus intereses, ambos medios fueron convergiendo en una línea editorial similar, en defensa de intereses comunes. La diferencia es que mientras La Nación sólo extendió su actividad económica en el sector gráfico y publica revistas, el grupo Clarín se transformó en el grupo mediático más influyente a nivel nacional, con crecientes intereses propios a defender. Históricamente ambos medios han demostrado independencia respecto de los partidos políticos nacionales, pero absoluta dependencia respecto de las clases dominantes que los sustentan. Ambos han sido cómplices de la última dictadura militar (1976-83) cuando 30 mil personas fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas. Durante ese período, los dos diarios pasaron a controlar la empresa Papel Prensa en sociedad con el Estado, monopolizando el suministro de papel y estableciendo precios diferenciados y en continuo aumento para el resto de los periódicos. El ex presidente Néstor Kirchner intervino Argentina · 25 en favor del Grupo Clarín con tres medidas claves: la sanción de la Ley de Preservación del Patrimonio y los Bienes Culturales en 2003, el Decreto 527 de 2005 y la aprobación por decreto de la fusión de Cablevisión y Multicanal en 2007, los dos principales operadores de televisión por cable. Con la primera ley, el gobierno prohibió que ante el endeudamiento externo de Clarín capitales extranjeros pudieran adquirir parte de las acciones del multimedio; el decreto de 2005 otorgó 10 años más de vigencia a todas las licencias de radiodifusión; y la fusión de los dos principales servicios de televisión por suscripción permitió la concentración oligopólica de Clarín en ese sector clave. Quiebre Al año siguiente, sin embargo, hubo una ruptura entre el poderoso grupo y el oficialismo. Se llegó así a 2009, cuando la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual puso fin a una pesada deuda: remplazar la norma militar sobre radiodifusión, vigente desde 1980. En su contenido establece que el espectro de radio y televisión queda dividido en tres partes iguales entre los sectores público, privado comercial y privado sin fines de lucro, cada uno de los cuales accederá al 33,33% de las licencias de radiodifusión; impone límites a la concentración de licencias (artículo 45); las declara “intransferibles” (artículo 41) y establece el plazo de un año para la adecuación de los grupos económicos que se exceden de los límites (artículo 161), entre otros puntos. Según esta ley, el multimedios Clarín debería desprenderse de más de 220 licencias de radiodifusión. A nivel nacional se excede en la cantidad de licencias radioeléctricas (tiene 25 sobre un máximo de 10) y en la cantidad de licencias como operador de televisión por cable a través de la empresa Cablevisión (237 sobre 24 permitidas). También presenta incompatibilidades cruzadas: como operador de televisión por cable sólo puede ofrecer una señal televisiva propia y en este momento tiene nueve canales. Entre otras cosas, el grupo deberá optar entre ofrecer televisión por suscripción como operador o mantener la licencia de la señal abierta Canal 13, uno de los dos de mayor audiencia a nivel nacional. La empresa atajó el durísimo golpe con una medida cautelar cuestionando la constitucionalidad de los artículos 41 y 161. La Justicia hizo lugar y explicitó que “no afecta de ningún modo la aplicación ge- neral de la Ley”. Luego agregó que el 7 de diciembre finalizaría la vigencia de la medida cautelar, por lo que el artículo 161 entraría en vigencia. A más de tres años de su aprobación en el Congreso, la ley no ha sido aplicada en las dos cuestiones principales: no está liberado el tercio del espectro para el acceso de las organizaciones sin fines de lucro; y los grupos económicos que debían ajustarse a la ley no lo hicieron. En septiembre fue designado al frente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) el diputado nacional Martín Sabbatella, quien ratificó el 7 de diciembre como la fecha tope para adecuación a la norma de las empresas privadas. Así, el conflicto debería encaminarse durante el mes de diciembre y el gobierno espera un rotundo triunfo político. Otros observadores dudan de que el tema central se resuelva a corto plazo. Contradicciones Ninguna de las restantes empresas que están hoy fuera de la ley presentó su plan de adecuación, algo que debió haber ocurrido –como máximo– en diciembre de 2011. Se trata de unos 20 grupos privados que están excedidos en la cantidad de licencias o incumplen la ley en otros aspectos. Martín Sabbatella aseguró que, en reuniones, todas las empresas –menos Clarín– aseguraron que presentarán un plan de adecuación antes del 7 de diciembre. Uno de esos grupos es UNO, propiedad de los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano (ex ministro de Carlos Menem). En un primer momento, UNO alineó su estrategia con Clarín y apuntó a la vía judicial. Pero hoy sostiene un vínculo estrecho con el gobierno, a tal punto que en el sector de diarios y revistas es el que más dinero recibe en concepto de publicidad oficial: al menos 53 millones de pesos entre enero y octubre (unos 11 millones de dólares), un 223% más que en el mismo período de 2011. El grupo deberá dejar 18 señales de radio, licencias de televisión por suscripción y canales de televisión; sobre todo en las provincias de Mendoza y San Juan, donde presenta mayor concentración de licencias y servicios de comunicación. Algo similar puede decirse respecto de Telefónica de España, propietaria del canal de televisión abierta Telefé y otras ocho señales, canales de los que debería desprenderse según la ley, por ser pres- tataria de servicios públicos. Sabbatella declaró que “no le consta” que la compañía de telecomunicaciones sea la dueña de Telefé (señal de mayor audiencia del país), algo que la propia empresa reconoce en sus balances. En el primer semestre de 2012, Telefé fue después de varios años la señal que mayores ingresos sumó por publicidad estatal: 45,8 millones de pesos (9,5 millones de dólares). Otro grupo con una posición dominante en el sector es el de Alberto Pierri, dueño de la operadora de televisión por cable Telecentro. El empresario peronista ya ocupa 14 frecuencias (72 canales) de televisión digital, siendo el principal grupo de este naciente sector. Además, es el único que brinda servicio de telefonía, internet banda ancha y televisión por cable bajo un mismo soporte. El testaferro Cristóbal López es otro de los que ingresó en el sector. A fines de abril compró el 51% de las acciones del canal de noticias C5N y la radio AM de mayor difusión: Radio Diez, junto con cuatro radios FM por 40 millones de dólares. López es dueño también de 27 casinos y otras 25 empresas desde el Grupo Indalo, que opera en sectores diversos como el petrolero, minero, alimenticio y automotor. Después del 7D Según los planes oficiales, tras el 7 de diciembre el Afsca realizará la transferencia de oficio de las licencias “de menor valor económico y simbólico” del grupo hasta que se adecue a los límites impuestos por la norma, manteniendo bajo su control las de mayor valor. Así lo aseguró Sabbatella el 15 de noviembre. El mecanismo implica abrir un registro de oferentes, iniciar un proceso de tasación de cada licencia y llamar a licitación. Todo en un plazo de 100 días hábiles, casi cinco meses de un proceso que tendría profundas tensiones. El mismo día comenzará la adecuación del resto de los grupos privados, que presentarían sus propios planes de desinversión. Dos certezas se elevan en medio de la confusión: Clarín y La Nación (Papel Prensa en el medio) quedarán rudamente vapuleados luego de esta batalla; el gobierno no logrará capitalizar ese debilitamiento estructural de la prensa tradicional de las clases dominantes y, por lo tanto, de las clases dominantes mismas. Una dinámica que reproduce el cuadro general de un poder que agoniza y otro que no acaba de nacer. 28 · Paraguay Diciembre 2012 - Enero 2013 Una docena de campesinos están detenidos acusados de la matanza de Curuguaty Reclamos por la libertad de presos políticos Desvío: el procesamiento sin pruebas firmes de 15 campesinos por el asesinato de 17 personas en Curuguaty busca esconder la falta de esclarecimiento de aquella tragedia, determinante para el posterior golpe parlamentario contra el presidente Fernando Lugo. La justicia resolvió que cuatro de los acusados dejaran la cárcel y cumplieran arresto domiciliario, tras una huelga de hambre que los puso al borde de la muerte. El asesinato de un testigo clave de la matanza, las movilizaciones sociales, la falta de evidencias concretas y los cuestionamientos al fiscal del caso conforman uno de los mayores escándalos del régimen que se instaló tras la ruptura institucional en junio pasado. L a advertencia médica de un inminente “desenlace fatal” aceleró los tiempos para que un juez otorgara prisión domiciliaria a cuatro campesinos que se encontraban en estado crítico tras casi 60 días en huelga de hambre. Los acusados protestaban en rechazo de los cargos como presuntos responsables de la matanza de Curuguaty, ocurrida el 16 de junio, que derivó en el golpe insti- tucional contra el presidente Fernando Lugo. En la misma situación procesal se encuentran otros ocho campesinos, detenidos en la cárcel regional de Coronel Oviedo, capital del departamento Caaguazú, en el centro del país. El juez penal de garantías de Curuguaty, José Benítez, aceptó el 23 de noviembre un pedido de los abogados de los procesados Luis Olmedo, Lucía Agüero, Alcides Ramírez y Juan Carlos Tillería, quienes ayunaron para exigir su liberación. Antes de esta resolución, el régimen paraguayo había ordenado la alimentación de manera forzosa después que informes médicos coincidieran en que se trataba de casos muy graves. Los médicos Cynthia Elizabeth Jara y Fabricio De Giacomi Zaldivar examinaron a los campesinos en huelga de hambre el 18 de noviembre. Según el informe de aquel día, los detenidos “estarían cerca de entrar en la fase 3, donde corren el riesgo de perder la vida”, ya que “el cuerpo empieza a utilizar algunas reservas y empieza a afectar algunos órganos vitales como el riñón, el corazón, y el cerebro”. El caso más preocupante fue el de Lucía Agüero, de 25 años, quien se encontraba en estado de shock luego de haber visto cómo asesinaron a su hermano du- Paraguay · 29 rante la masacre en Marina Cué. “Lucia se encuentra en la etapa 2 de ayuno, donde la principal fuente de energía depende de los depósitos de grasa, con signos evidentes de emaciación y flacidez muscular marcada, pero aún sin signos clínicos de consumo de proteínas, remarcando que físicamente se visibilizan depósitos grasos escasos y que la transición a la siguiente etapa del ayuno (generalmente irreversible) depende fundamentalmente del agotamiento de estas reservas, que en individuos con su contextura física se estima que durarían entre 40 y 60 días”, concluyó el informe médico. Con este diagnóstico, el gobierno de Federico Franco obligó a alimentar en forma forzosa a los cuatro campesinos que proclaman su inocencia. Pero de forma paralela, los ministerios de Justicia e Interior reiteraron que no aceptarán los pedidos de excarcelación de los campesinos, detenidos hace cinco meses. Movilización La huelga de hambre fue acompañada por movilizaciones permanentes que reclamaban la libertad de los presos políticos, a quienes la fiscalía procesó sin pruebas contundentes. Los familiares de los presos y víctimas solicitaron al juez de la causa y al Fiscal General del Estado, Javier Díaz Verón, que considere la vida de los detenidos. En Curuguaty murieron 17 personas, 11 campesinos y seis policías, durante un intento policial de desalojo de familias sin tierra en una finca de Marina Cue, que se adjudicaban ilegalmente familiares del empresario Blas N. Riquelme, vinculado al Partido Colorado, recientemente fallecido. “¿Por qué el resto (de los detenidos) no ha recibido una resolución de libertad total, pues no existe acusación firme de delito alguno cometido por ninguno de ellos el día 15 de junio en Yby Pytá?”, se preguntó la Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos (Peicc). Esta institución, que tiene como referente al dirigente liberal Domingo Laíno, produjo un informe alternativo en el que consta la falta de pruebas para retener en prisión a los 12 campesinos. Este mismo estudio fue presentado por Fernando Lugo al fiscal general Javier Díaz Verón, para que proceda a la liberación de los injustamente detenidos. El destituido presidente reiteró en ese mo- mento que el desalojo practicado por la policía en las tierras de Marina Cue fue parte de “un complot” para quitarlo del poder, por lo que insistió en un esclarecimiento del caso para avanzar en la construcción democrática en el país. “La justicia tiene la gran responsabilidad de investigar” la masacre de Curuguaty, dijo el mandatario destituido. Alertó que “a cinco meses de la masacre, no se conoce investigación alguna”. El Ministerio Público no sólo desoyó el reclamo de los familiares de los presos: contó con el apoyo de la policía para reprimir violentamente con balas de goma y gases prohibidos una pacífica vigilia de jóvenes que reclamaba la liberación de los presos frente a la sede de la Fiscalía General. A mediados de noviembre, el juzgado de Curuguaty ofreció la libertad a Felipe Nery Urbina, uno de los campesinos presos y en franco deterioro en su estado de salud. Sin embargo, éste rechazó la oferta diciendo que el pedido de libertad es para los 12, no para uno solo. Otro hecho que conmocionó al país ocurrió el 1 de diciembre, cuando el dirigente Vidal Vega fue asesinado a tiros delante de su familia. Era testigo clave de la matanza. Los detenidos están acusados de homicidio doloso, lesión grave y asociación criminal, entre otros delitos. La Fiscalía concluyó que los policías “cayeron en una emboscada preparada y planificada previamente por ocupantes armados”. Pero los abogados defensores insisten en que las pruebas no son concluyentes y que existen fotografías y filmaciones que demuestran que los agentes de policía fueron abatidos por “expertos tiradores” y no por los campesinos. Los hechos Entonces, ¿qué pasó en Curuguaty? Es la pregunta que comenzó a crecer en la población a raíz de la pésima investigación encabezada por Jalil Rachid, fiscal de la causa acusado de nexos con la familia que se atribuía la propiedad de las tierras fiscales ocupadas por los campesinos asesinados el 15 de junio. El procedimiento judicial que terminó en la matanza de Curuguaty fue encabezado por la fiscal de ese momento, Ninfa Aguilar. El senador liberal Luis Alberto Wagner denunció que Aguilar fue anteriormente abogada del Blas N. Riquelme, político y empresario colorado a quien supuestamente pertenecía la tierra donde ocurrió la masacre, aunque luego se aclaró que eran tierras públicas. Ninfa Aguilar se apartó del caso y fue reemplazada por Jalil Rachid, hijo del político colorado Bader Rachid Lichi. El propio fiscal admitió ante la prensa que su padre era amigo de Blas N. Riquelme. Los abogados de los campesinos solicitaron la recusación del fiscal, pero fue denegada. Desde Asunción, Jorge Zárate Primeras candidaturas La cuestión electoral con vista a las presidenciales del 20 de abril próximo comenzó a aclararse con la elección de Aníbal Carrillo Iramaín como candidato a presidente del Frente Guasu (FG). De esta manera Fernando Lugo desestimó la posibilidad de presentarse para un nuevo período de gobierno y decidió liderar la lista de senadores con la idea de que su imagen ayude a que el FG tenga voces sólidas en el próximo período del Congreso. La confirmación de la candidatura de Carrillo Iramaín se conoció después que el presentador de TV Mario Ferreiro confirmara su ruptura con el FG y presentara una postulación desde la concertación Avanza País, por fuera del frente popular que acompañó a Lugo durante su gobierno. Ferreiro buscó ser consagrado candidato a presidente por el FG, impulsado por una concer- tación liderada por el Partido Movimiento al Socialismo (P-Mas). Al no conseguirlo y al no haber acuerdo sobre la integración de las listas para el senado y la Cámara de Diputados, decidió conformar Avanza País. Lugo, ex padrino político de Ferreiro, aclaró que los “proyectos (de ambos frentes) son claramente diferentes”. Los militantes del campo progresista padecen esta división ya que los pronósticos hablan de una elección que dividirá el voto en tres tercios, uno para el Partido Colorado (Asociación Nacional Republicana, ANR), otro para el Partido Liberal (Plra) y un tercero para un candidato unificador de las corrientes que siguen a Lugo y a Ferreiro respectivamente. “La unidad es la única manera de vencer a los golpistas”, se repite en las calles y en las redes sociales, sin que la dirigencia atienda la urgencia del reclamo. 30 · Bolivia Diciembre 2012 - Enero 2013 Evo Morales acepta la invitación para fortalecer la integración regional Pasos firmes hacia el Mercosur E Amplitud: el gobierno se mostró dispuesto a ser miembro pleno del Mercado Común del Sur, del que actualmente es Estado asociado. Morales argumentó razones económicas, comerciales y políticas para aceptar la invitación formal realizada por el bloque regional. Elogió el concepto de “complementariedad económica” en ese bloque, en lugar de la idea de “competitividad” y pidió potenciar los procesos de integración de América Latina y el Caribe de manera independiente de la influencia de las potencias mundiales. En 2013 se iniciarán los estudios técnicos que acompañen la decisión. El mandatario pidió hacer gestiones políticas y técnicas para que también Ecuador se sume como miembro pleno al grupo que conforman Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela y Paraguay, momentáneamente suspendido. l gobierno de Bolivia aceptó la invitación para integrarse como socio pleno del Mercosur. El presidente Evo Morales esgrimió varios argumentos para iniciar en 2013 el proceso de adhesión de su país, que actualmente es Estado asociado, desde que firmó en diciembre de 1996 el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica. El mandatario expresó que existen ventajas económicas, comerciales, políticas y de integración tanto para el país como para el continente y mencionó que será la oportunidad de que su país se convierta en el eje integrador del continente. Morales elogió el concepto de “complementariedad económica” en ese bloque, y no de “competitividad”. Además, estimó que la pertenencia al Mercado Común del Sur no le impedirá a su país seguir dentro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), bloque comercial que integra con grandes dificultades junto con Colombia, Ecuador y Perú. El bloque suramericano invitó formalmente a Bolivia a sumarse como miembro pleno, en los días previos a la cumbre de presidentes del 7 de diciembre en Brasilia. El Alto Representante del Mercosur, Iván Ramalho, visitó en La Paz al canciller boliviano David Choquehuanca para transmitir la intención de que su país se sume a los otros cinco integrantes: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. El go- bierno de Paraguay está suspendido del pacto debido al golpe de Estado contra el presidente Fernando Lugo que rompió el postulado democrático. El país podrá retornar plenamente cuando se elija al nuevo mandatario en abril próximo. Ramalho, economista brasileño, evaluó que Bolivia “es el país más apto para continuar con la integración regional” en el bloque y admitió que el Mercosur aspira en un futuro mediato a incluir a muchos más países latinoamericanos. Estimó que el futuro ingreso de Bolivia y de Ecuador como socios plenos, convertiría al Mercosur en el “brazo económico” de la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas). “Con estos dos nuevos países, el Mercosur tendrá el 80% de los países que integran Unasur”, dijo. Aventuró que la acción integrada de los países de la región facilitaría las negociaciones de bloque a bloque con la Unión Europea y otros organismos de integración económica, social y política. Mercado grande “¿Cómo no íbamos a estar en el mercado grande?”, se preguntó Morales. Reseñó que “el Producto Interno Bruto (PIB) de la CAN alcanza 279 Bolivia · 31 Plan de construcción de carreteras El gobierno de Bolivia puso en marcha un ambicioso plan de construcción de carreteras para favorecer el desarrollo regional, la industrialización de diferentes zonas del país y el crecimiento turístico. Evo Morales anunció que en 2013 se adjudicarán tres tramos de la doble vía La Paz-Tiquina, un proyecto destinado, entre otros aspectos, a incentivar la presencia de turistas extranjeros en esa parte del país. El mandatario aseguró la construcción de la carretera pavimentada en el tramo San Ignacio de Moxos-Trinidad es producto de la demanda de las comunidades que habitan esa región. Precisó que esa ruta de 77 kilómetros está en etapa de licitación internacional pública y contará con una inversión de 77 millones de dólares. De la misma manera, garantizó la construcción de los puentes que integrarán Beni-Pando, a millones de dólares, mientras el PIB del Mercosur está en 1.932 millones”. “La razón para pertenecer al Mercosur es que sus países miembros no tienen TLC (Tratado de Libre Comercio) con Estados Unidos”, dijo Morales. Lamentó que “en la Comunidad Andina de Naciones hay dos países que sí lo tienen”, en referencia a Colombia y Perú, naciones que han adoptado políticas de integración económica unilaterales, que pusieron prácticamente al borde de la paralización al bloque andino. Durante un acto militar en La Paz, el jefe del Estado insistió en que “tenemos la gran posibilidad de una unión aduanera, y que personas y productos puedan circular eliminando las fronteras en el Mercosur”. Agregó que “esta propuesta que nos hacen es para que avancemos, estamos de acuerdo y mucho dependerá través de la Amazonía boliviana. Estos trabajos se enmarcan en la política pública de construcción de carreteras que incluye un presupuesto de 900 millones de dólares. El secretario general de la Administradora Boliviana de Carreteras, señaló que el presupuesto para 2013 podría llegar a esa cifra, gracias a la emisión de Bonos Soberanos y su rentabilidad internacional. El anuncio se produjo algunas semanas antes de que finalizara la consulta a las comunidades para que respalden o rechacen la construcción de una ruta que atravesará el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), para unir Cochabamba con Beni, en los tramos Villa Tunari-Isinuta y San Ignacio de Moxos-Trinidad. A fines de noviembre, 53 de las 56 comunidades consultadas habían aceptado el proyecto. de los parlamentos”, en referencia a que el ingreso formal del país se producirá una vez que se formalicen los tratados de adhesión en el Poder Legislativo de cada Estado miembro. El canciller Choquehuanca insistió que Bolivia debe sumarse al Mercosur sin renunciar a la CAN. “No se puede forzar al país a abandonar un bloque para sumarse a otro. Se puede estar al mismo tiempo en la CAN y en el Mercosur”, afirmó. El ministro reflexionó: “Si estamos en la CAN, en Unasur, en Celac, ¿por qué no podemos estar en el Mercosur?”. De todas formas, los niveles de compromiso que el país debe asumir en caso de ser socio pleno del Mercosur quedarán aclarados a medida que avancen las reuniones técnicas “exploratorias” y tras una etapa de negociaciones que se extenderá por 270 días, según Choquehuanca. En este período –dijo– se analizarán “los temas sensibles y preocupaciones de pequeños productores, campesinos y empresarios”. Un paso más El ingreso de Bolivia al Mercosur significará un nuevo paso en la perspectiva geopolítica y estratégica de Latinoamérica y el Caribe puesto que la articulación Norte-Sur, desde Caracas hasta Buenos Aires y Montevideo, se complementará con el eje Este-Oeste, desde Río de Janeiro hasta La Paz y los puertos sobre el Pacífico. La ausencia de vinculación interna en Suramérica fue establecida por la colonización europea y norteamericana para garantizar el flujo comercial de materias primas y riquezas naturales hacia las metrópolis capitalistas e imperialistas. El Presidente explicó que serán importantes los procesos de integración comercial y económica, así como la unión aduanera y la complementariedad como principios fundamentales frente a la competencia y el desequilibrio que provoca la economía neoliberal. El Mercosur debe convertirse en el brazo económico de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), sentenció. El presidente Morales señaló que Bolivia aportará en la concreción de la vinculación de los océanos Atlántico y Pacífico, a través de la construcción de un ferrocarril que permita la conexión de los puertos brasileños y argentinos con los peruanos, y facilitar el comercio tanto dentro del mercado regional como hacia mercados extracontinentales. Desde La Paz, Eduardo Paz Rada 32 · Uruguay Diciembre 2012 - Enero 2013 Una ley que reaviva la disputa con sectores conservadores Despenalización del aborto y posible plebiscito Avance: la lucha histórica de las organizaciones sociales uruguayas por conquistar y ampliar derechos consiguió la reciente aprobación de la Ley 18.987 de interrupción voluntaria del embarazo. Si bien la norma despertó algunas críticas en los sectores que exigen el derecho a abortar de forma libre y gratuita, para Uruguay significa ser el tercer país en la región en aprobar la despenalización, junto con Cuba y Guyana. Resta saber si habrá un plebiscito de la ley, como lo insinuó Mujica y ahora lo promueve la oposición. E n 1934 Uruguay había legalizado el aborto, en un hecho sin precedentes. Pero cuatro años más tarde, los sectores conservadores obligaron a dar marcha atrás. Desde ahí hasta 2008 se cuentan ocho intentos para legalizarlo. Ninguno había prosperado, hasta hoy. Con la aprobación del Parlamento y la promulgación y reglamentación del Poder Ejecutivo, el aborto se transformó en derecho durante las 12 primeras semanas de embarazo. Hasta ahora, la mujer que optaba por ejercer el derecho de interrumpir el embarazo podía terminar encarcelada. Esto hizo que los abortos proliferaran clandestinamente y en las peores condiciones, particularmente para las mujeres pobres. Muchas murieron o quedaron con secuelas. También ha sido un problema para algunos médicos. Dada la punición que hasta el momento tenía practicar un aborto, no hay datos confiables, aunque sí estimaciones sobre la cantidad que anualmente se realizan: entre 30 mil (según cifras oficiales) y 60 mil (según organizaciones de mujeres). La práctica, conviene recordar, atraviesa todos los sectores sociales. Punto de inflexión En 2008, tras intensas batallas de diversos sectores y organizaciones de mujeres, se aprobó la Ley 18.426 de Defensa de la Salud Sexual y Reproductiva. Significó un gran avance. Los sectores más reaccionarios, entre ellos la cúpula de la Iglesia Católica, militaron fervientemente en contra la norma. Y algunos medios de comunicación hicieron lo propio. La Uruguay · 33 presión de estos sectores hizo que el capítulo vinculado a la interrupción voluntaria del embarazo fuera vetado por el entonces presidente Tabaré Vázquez (2005-2010), tras sostener el argumento de que se trata de existencia humana en estado de gestación. Pero las organizaciones sociales y de mujeres volvieron a plantear la necesidad de aprobar una ley de interrupción voluntaria del embarazo. Legisladores del partido gobernante, entre ellos la senadora y actual presidente del Frente Amplio, Mónica Xavier, trabajaron fuertemente para concretarla. El trámite fue arduo, ya que algunos legisladores oficialistas no daban sus votos para aprobarla. Por eso quienes impulsaban la iniciativa desde el Frente Amplio tuvieron que acordar con el Partido Independiente (PI), que había presentado un proyecto propio. El acuerdo político dio un resultado que no conforma ni a tirios ni a troyanos. En su artículo 2, la ley establece que “la interrupción voluntaria del embarazo no será penalizada y, en consecuencia, no serán aplicables los artículos 325 y 325 bis del Código Penal, para el caso que la mujer cumpla con los requisitos que se establecen en los artículos siguientes y se realice durante las primeras 12 semanas de gravidez”. En dicho plazo, la mujer deberá consultar a su centro de salud y el profesional que la atienda tiene un lapso de 48 horas para derivarla a un equipo interdisciplinario (compuesto por un ginecólogo y especialistas en salud psíquica y en el área social) que la “asesorará” respecto de la decisión a tomar. Miradas múltiples Para Martha Aguñín, vocera del colectivo Mujer y Salud en Uruguay (Mysu), la ley no es lo que esperaban, porque “deja muchos vacíos y no conforma a nadie”. Aguñín entiende que el equipo interdisciplinario será “un tribunal”. Y fue muy dura: “tenemos el derecho de resolver cuándo, cómo y qué cantidad de hijos tenemos, sin tener que pasar por un tribunal que nos mande a reflexionar cinco días”. Desde el Frente Amplio, el senador Luis Gallo aseguró que con esta iniciativa Uruguay ingresa “dentro de los países que en su mayoría han adoptado criterios de liberalización, reconociendo el fracaso de las normas penales que intentan evitar los abortos”. Y la senadora Constanza Moreira (FA) consideró que el proyecto votado, no siendo lo mejor, es un avance. Distinta fue la postura del senador y precandidato presidencial del Partido Nacional de centroderecha (PN), Jorge Larrañaga, quien adujo que la ley “es un proyecto centralista, de escritorio, im- practicable en numerosos puntos de la República”. Y agregó: “No nos satisface ni en la forma ni en el fondo. La experiencia internacional demuestra que la legalización no ataca el problema”. Desde el ámbito internacional, Médicos del Mundo destacó el antecedente positivo que representa la nueva ley para toda América Latina: “Es un avance para la salud de las mujeres desde la perspectiva regional”. La organización asumió el compromiso de hacer un seguimiento de su implementación. El presidente Mujica aseguró que nunca vetaría una ley sancionada por el Parlamento y que además la norma “puede reducir la cantidad de casos (abortos)”. La Ley ya fue promulgada en octubre y reglamentada el 22 de noviembre por el Poder Ejecutivo. Pero Mujica públicamente planteó el interés de que la ciudadanía laude definitivamente lo sancionado por el Parlamento por medio de un plebiscito. Iniciativa que ahora sostiene el opositor Partido Nacional, para intentar debilitar al gobierno. Sin embargo, una encuesta reciente de Cifra, la consultora de opinión pública del diario opositor El País, difundió que un 52% de los uruguayos acuerda con la despenalización, mientras un 32% la rechaza. Desde Montevideo, Darío Rodríguez Techera Reglamentación y campaña informativa Dentro de los plazos previstos por la Ley, sancionada el 17 de octubre, se presentó el 22 de noviembre el Decreto Reglamentario de la norma, que destaca la confidencialidad, la seguridad en los procedimientos, el respeto a la decisión de la mujer y el inicio de una campaña informativa. La presentación estuvo a cargo de la cúpula del Ministerio de Salud Pública. El ministro Jorge Venegas sostuvo que el país “es pionero” en la materia. Por su parte, el subsecretario de Salud Pública, el también médico Leonel Briozzo, habló de las bondades de la ley y aseguró que la misma, junto con la norma votada en el período anterior, provocará una baja en las interrupciones de embarazos. Las objeciones morales y religiosas que puedan tener las instituciones prestadoras se canalizarán a través de la Junta Nacional de Salud (Junasa) en un plazo de 15 días. Éstas podrán derivar al paciente a otra institución, pero la objeción no alcanza al asesoramiento, que se debe brindar obligatoriamente. Criterio similar se usará con los profesionales en lo que tiene que ver con la práctica, por lo que podrán evitar practicar abortos, pero deben brindar asesoramiento. El decreto prevé que la mujer podrá cambiar de cobertura médica si la misma no le merece confianza, sin que haya un gasto económico adicional. Antes de decidir interrumpir un embarazo, se pautan cuatro consultas: la primera con el médico que habitualmente atiende a la paciente; la segunda con el equipo interdisciplinario; la tercera –a los cinco días– en donde tendrá que ratificar por escrito su deseo de abortar; la última, no prevista en la ley, será tras la interrupción del embarazo para contención y asesoramiento. El ministerio informó que el método más idóneo es con fármacos, utilizando misoprostol y mifepristona. 34 · Internacional Diciembre 2012 - Enero 2013 Nuevos recortes, mayor desempleo y creciente movilización social Protesta obrera continental contra el ajuste europeo El rechazo a los planes de ajuste fue masivo en toda Europa. En España, cientos de miles de personas se movilizaron al tiempo que cumplían la segunda huelga general desde la llegada de Rajoy al gobierno Sinceramiento: el mismo día en que la economía de los 17 países de la zona euro cumplía oficialmente seis meses en recesión, cientos de miles de trabajadores pararon y se movilizaron contra la crisis del capitalismo y los planes de ajuste. Decenas de marchas sociales marcaron el camino e impusieron a los sindicatos europeos una profundización de la lucha. La jornada del 14 de noviembre fue inédita por tratarse de la primera reacción sindical conjunta, y fue histórica por la magnitud de la movilización dentro del bloque de la Unión Europea, donde 26 millones de personas están sin empleo. En medio de nuevos ajustes, los gobiernos admiten que las consecuencias de la crisis seguirán durante 2013. T arde, con pasos cruzados, pero llegó: la estructura sindical europea llamó a la Huelga. Centenares de miles de trabajadores de España, Portugal, Grecia, Italia, Francia y otros países de Europa se movilizaron contra las políticas de ajuste. La protesta inédita fue convocada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), una heterogénea central obrera en la que convergen decenas de entidades de 36 países, dominadas principalmente por una concepción socialdemócrata. Adhirieron organizaciones políticas y sociales de izquierda, críticas del comportamiento sindical complaciente, con importante capacidad de movilización, como los estudiantes o las agrupaciones de indignados. La CES, nacida en 1973, no cuestiona el modelo capitalista pero rechaza los planes de ajuste y las recetas económicas de la Comisión Europea (CE); del Banco Central Europeo (BCE) y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Ese fue el eje de la jornada del 14 de noviembre, la primera que unifica en un mismo reclamo a trabajadores de varios países. La central sindical europea advirtió que “la austeridad ha fracasado y ahora hace falta crecimiento y empleo” y pidió “un Contrato Social, no sólo un contrato fiscal que está destruyendo el modelo social”. La protesta continental fue consecuencia directa de cientos de movilizaciones populares sectoriales previas que alertan sobre las consecuencias de la crisis capitalista. A lo largo del año, masivas protestas fueron motorizadas por empleados públicos, estudiantes y jóvenes desocu- Internacional · 35 pados, y por obreros en los cordones industriales. En las pequeñas ciudades y en áreas rurales las movilizaciones fueron mucho más colectivas, ante la certeza de que las economías regionales son principalmente las más afectadas. La modalidad de la jornada del 14 de noviembre varió en cada país, de acuerdo a la magnitud de la convocatoria sindical, a la conciencia obrera, a las consecuencias de la crisis y, también, a diferencias de criterio entre las propias centrales obreras. El agravamiento de la situación hará que en los próximos meses, tres años después del inicio declarado de la crisis, la Unión Europea (UE) supere con amplitud los 26 millones de desempleados. Marchas y palos En coincidencia con la protesta continental, el 14 de noviembre los españoles realizaron la segunda huelga general contra las políticas de ajuste del gobierno de Mariano Rajoy. Cientos de miles de personas se movilizaron en todo el país. La jornada dejó unos 70 heridos y más de 150 detenidos, tras la violenta reacción policial en Madrid, Barcelona y otras ciudades, que incluyó el uso de balas de goma. En Madrid, fueron dispersadas concentraciones en algunas plazas y en cercanías del Congreso, que en ese momento aprobaba el Presupuesto 2013, con un recorte de gastos de magnitud histórica. Uno de los reclamos fue la convocatoria a un referendo popular sobre las políticas de ajuste. La Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (Cc.oo), calcularon que cerca de un millón de personas salió a las calles en las dos principales ciudades del país. La jornada contó con la adhesión de otras organizaciones y sindicatos menores con importante capacidad de movilización. España se conmovió en noviembre, además, por el suicidio de tres personas desahuciadas porque perdían sus viviendas en remates hipotecarios. El gobierno ordenó suspender los desalojos por dos años en su fase final, pero el decreto fue cuestionado por la oposición porque no abarca a la totalidad de los afectados por los remates, no modifica las leyes ni es retroactiva, por lo que condena al olvido a cerca de 400 mil familias que perdie- ron sus casas con anterioridad a la vigencia de esta norma. En Portugal, la tercera huelga general en doce meses, promovida por la Confederación General de Trabajadores Portugueses, también terminó con represión policial contra manifestantes que protestaban frente al Parlamento. La medida de fuerza del 14 de noviembre coincidió con la difusión pública del índice de desempleo, que marcó un nuevo récord: 15,8%. Casi 900 mil personas están desempleadas (a cifras de septiembre), luego de un incremento interanual del 26%. El desempleo juvenil alcanzó 39% al cabo del tercer trimestre. Por esas mismas horas, llegó a Lisboa la canciller alemana, Angela Merkel, quien puso como ejemplo de seriedad y compromiso las medidas aprobadas por el premier portugués, el derechista Pedro Passos Coelho. El PIB de Portugal (que recibió un rescate financiero de 78 mil millones de euros en mayo de 2011), cayó en el tercer trimestre del año 3,4%, índice prácticamente similar a la contracción experimentada en los tres meses anteriores. Se esperaba que al final de 2012 la economía portuguesa tuviera una actividad negativa del 3%; la confirmación de la recesión. Derecha e izquierda En Francia no hubo huelgas, pero sí unas 200 movilizaciones que convocaron a varios miles de personas, bajo la consigna “Por el empleo, solidaridad en Europa y contra la austeridad”. Un día antes, el presidente François Hollande admitió que el desempleo seguirá aumentando durante todo 2013, luego de cumplir en noviembre pasado 17 meses de caída sostenida, hasta superar las tres millones de personas. El 6 de noviembre, el gobierno anunció un nuevo plan de ajuste que prevé la creación de un crédito por 20 mil millones de euros para exoneración impositiva de las empresas, financiado por nuevas reducciones del presupuesto general (10 mil millones de euros en los próximos dos años) y un aumento del IVA (de 19,6% a 20%). Horas antes del anuncio, el FMI pidió a Francia “grandes cambios estructurales” para evitar continuar el camino de España e Italia. El primer ministro Jean-Marc Ayrault dijo que “se trata de medidas marcada- mente de izquierda, pues el objetivo es el trabajo y enderezar la situación de una forma justa”. Se trata del tercer plan de ajuste en seis meses, por más de 50 mil millones de euros, por parte de un gobierno que en el mismo lapso de tiempo quebró un record de impopularidad, con sólo 35% de apoyo. En Italia los trabajadores y estudiantes acompañaron la protesta del 14 de noviembre con una huelga de cuarto horas y más de 100 manifestaciones, en las que decenas de miles de personas aceptaron la convocatoria de la Confederación General Italiana del Trabajo (Cgil). También adhirieron jóvenes con protestas puntuales contra los recortes en la educación. Enfrentamientos entre manifestantes y policías en Roma, Milán y Turín causaron varios heridos. En Grecia, los principales sindicatos adhirieron con una huelga de tres horas. La semana previa a esta jornada continental realizaron una huelga de dos días en coincidencia con una sesión del Parlamento en la que se votaba un nuevo paquete de ajuste, que prevé recortar unos 13.500 millones de euros en los próximos dos años. La norma establece que empleados públicos y los jubilados sufrirán nuevos recortes de salarios y no accederán a la paga extra por Navidad; flexibiliza los despidos, recorta indemnizaciones y pone techo a las ayudas por hijo, que a partir de ahora sólo beneficiarán a las familias que ganen menos de 18 mil euros al año. La jornada del 14 de noviembre tuvo adhesiones en Alemania, Irlanda, Bélgica, Inglaterra y Polonia, donde varias movilizaciones reclamaron mayores fuentes de empleo. Al día siguiente de la protesta, la oficina de estadísticas Eurostat confirmó que la economía de la eurozona (países que utilizan el euro como moneda corriente) se contrajo de julio a septiembre 0,1% y se sumó al retroceso de 0,2% registrado en el segundo trimestre de 2012. Así, los 17 países que integran este bloque acumularon dos trimestres de crecimiento negativo, es decir recesión. España (-0,3%); Portugal (-0,8%) e Italia (-0,2%) arrastraron el índice europeo. El débil crecimiento de Alemania (0,2%) no pudo atenuar demasiado la caída. Para fines de 2012 se esperan datos más desalentadores. 36 · Estados Unidos Diciembre 2012 - Enero 2013 Sin expectativas tras la reelección Opaco triunfo de Obama Desde que llegó Obama a la presidencia, seis millones 400 mil estadounidenses más quedaron sumergidos en la pobreza Continuidad: con la abstención de casi la mitad de los votantes habilitados y en medio de un descontento generalizado, Barack Obama fue reelecto con siete millones de votos menos que en 2008, apenas un 3,2% más que su oponente. Hispanos y afroamericanos le dieron la diferencia suficiente para derrotar al candidato del Partido Republicano, que enarboló consignas netamente fascistas. En la campaña se gastaron 6 mil millones de dólares y no hubo debates de fondo, mientras un récord de 46 millones de estadounidenses están sumergidos en la pobreza. Sin respuestas ante la crisis económica, Obama ya no genera esperanzas. N o se esperan cambios desde Washington. Ya no. Si en su primera elección el presidente estadounidense había logrado generar esperanza en su país y buena parte del mundo, incluyendo América Latina, su gestión al mando de la Casa Blanca derrumbó las expectativas sembradas. Lo hizo a nivel internacional, con la expansión de la ofensiva guerrerista lanzada en 2001: intervención militar en Libia para derrocar y asesinar a Gaddafi; apoyo militar y económico para grupos armados que operan en Siria mediante atentados terroristas; multiplicación de los asesinatos de civiles en bombardeos con drones en Pakistán, Afganistán, Yemen, Somalía; apoyo a golpes de Estado en Honduras y Paraguay. También derrumbó la esperanza de su propia población: desde que llegó Obama a la presidencia, seis millones 400 mil estadounidenses más quedaron sumergidos en la pobreza (46 millones en total), el ingreso medio de los hogares cayó un 5% y se multiplicaron el espionaje y la persecución de la propia población, siendo el movimiento de indignados Occupy Wall Street el más afectado por la constante represión policial sufrida en distintas manifestaciones pacíficas. Para los inmigrantes la política de Obama fue aún peor: alrededor de un millón 200 mil deportaciones en cuatro años. Por eso, sólo el 57% de los estadouni- Estados Unidos · 37 denses votaron el 6 de septiembre, en medio de la prolongada crisis económica. Según datos brindados por consultoras antes de la elección, casi el 70% de la población no está satisfecho con la situación actual del país y el 75% reprueba el trabajo del Congreso. El malestar rebasa las instituciones gubernamentales: sólo el 30% tiene una opinión positiva de la prensa y los sindicatos, y apenas el 22% la tiene respecto de los Bancos y otras instituciones financieras. Por qué ganó En medio de esta profunda crisis económica, política y social que atraviesa Estados Unidos, resulta llamativo que habiendo defraudado a buena parte de sus votantes de 2008 Obama y el Partido Demócrata triunfaran ahora, con alto desempleo e imagen negativa entre los estadounidenses. El motivo de la reelección se encuentra principalmente en el derrotado: los posicionamientos del Partido Republicano, empujados por la xenófoba fracción interna del Tea Party, que venía de triunfar en los comicios legislativos de 2010, generaron un fuerte rechazo popular. Posiciones retrógradas en cuestiones sociales como el aborto, el matrimonio entre homosexuales y la inmigración determinaron la derrota electoral de Mitt Romney. El Partido tiene un 55% de imagen negativa en la población, según una encuesta publicada por CBS y The New York Times antes de los comicios. Durante la campaña, los pronunciamientos públicos de los republicanos llegaron a extremos impensados. Un candidato al Senado habló de “violaciones legítimas” a las mujeres y otro consideró los embarazos resultantes de las violaciones como hechos fruto de la “voluntad de Dios”, en un país que registró 188 mil violaciones y agresiones sexuales a mujeres sólo en 2010, según el Departamento de Justicia. Con estas consignas, el fascista Tea Party perdió 11 representantes legislativos y polarizó la elección. Encuestas a boca de urna demostraron claras divisiones entre los votantes de Obama y Romney. El Presidente logró el Resultados finales En azul los Estados donde ganó Obama. En rojo los que ganó Romney. Y en números, los electores obtenidos por cada uno. Obama fue reelecto tras obtener 332 electores –el 61,7% del total– frente a los 206 alcanzados por Romney. La diferencia terminó siendo holgada porque Obama ganó en casi todos los estados donde la distancia entre ambos era ajustada. Fueron claves Ohio, Florida, Colorado y Virginia (69 electores en total y sólo 400 mil votos de diferencia que defi- nieron la elección). En cantidad de sufragios, el demócrata aventajó por casi 4 millones al republicano, una diferencia apenas superior al 2%. La abstención electoral fue del 43%. A nivel legislativo, los republicanos reafirmaron su mayoría en la Cámara de Representantes y los demócratas aumentaron la propia en el Senado, ganando dos nuevas bancas. 93% de los sufragios de los afroamericanos, el 71% de los hispanos y el 73% de los asiáticos; el 59% de los blancos votaron por Romney, muy especialmente los cristianos. Por edades, los jóvenes de entre 18 y 29 años se inclinaron en un 60% por Obama, mientras que los mayores de 60 años lo hicieron por Romney. También hubo una clara división por nivel de ingresos: el 63% de los votantes con ingresos menores a los 30 mil dólares anuales y el 57% de los que ganan entre 30 y 50 mil se inclinaron por Obama; por encima de ese nivel de ingresos, Romney fue el más votado. Hispanos (que ya representan más del 10% del electorado) y asiáticos fueron los únicos sectores sociales que votaron más a Obama ahora que en 2008. Algo previsible si se tiene en cuenta que Romney prometió que haría tan complicada la vida para los inmigrantes ilegales que desearían la “autodeportación”. Para ellos era una cuestión de supervivencia (aunque hubo más deportaciones en el primer mandato de Obama que en el último de Bush). En el resto de la población el Presidente perdió votos. Más de lo mismo “Esperanza” y “cambio”. Eso prometía Obama en 2008, en sus dos principales consignas de campaña. Cuatro años después se confirmó lo contrario: la constante reproducción de las mismas políticas desde Washington y la profundización de la desesperanza social por la imposibilidad de superar la crisis económica. Fronteras afuera la convicción es la misma: la política exterior permanecerá intacta, con la continuidad de la ofensiva militar a escala mundial. Así lo entendieron desde América Latina, cuatro años después de haber saludado su elección. Chávez instó a Obama a “que se dedique a gobernar a su país y se olvide de estar invadiendo pueblos”; Evo Morales a que “levante y acabe el bloqueo económico a Cuba” y extradite al ex presidente Sánchez de Lozada, procesado por delitos de lesa humanidad; y Correa aseguró que más allá del resultado “sigue prácticamente lo mismo para América Latina”. Raúl Castro ni siquiera hizo mención al triunfo. El Alba tiene claro que Estados Unidos seguirá intentando la desestabilización de los gobiernos que tienen al Diciembre 2012 - Enero 2013 38 · Estados Unidos socialismo como meta en medio de la crisis capitalista actual. Puertas adentro la decepción es tan o más grande. Obama prometió y no cumplió. Continuó con los arrestos secretos y el espionaje a ciudadanos habilitados por Bush para la defensa de la “seguridad nacional”; en cuatro años aumentó un 52% la deuda pública, que asciende a más de 16 billones de dólares (sumada a la deuda privada de empresas y familias, la deuda total asciende a 54 billones de dólares, equivalente al 350% del PIB); el déficit público superó el billón de dólares en cada uno de los cuatro años que gobernó; el déficit comercial se mantiene por encima de los 40 mil millones de dólares; y el desempleo afecta a más de 12 millones de personas. Obama focalizó las políticas ante la crisis económica en los rescates bancarios, perjudicando a los trabajadores estadounidenses y profundizando la desigualdad social. Fin de una falacia Los 12 años compuestos por los dos mandatos de Bush y el de Obama reconfirmaron que el bipartidismo no tiene diferencias de fondo. El actual Presidente no sólo continuó la política exterior de su antecesor y profundizó la intervención militar estadounidense en los países árabes; ni siquiera eliminó los recortes de impuestos a los más ricos que aquél aprobó. Tampoco cerró la cárcel de Guantánamo, donde se tortura diariamente a prisioneros que no tienen acceso a la Justicia, como prometió durante la campaña electoral de 2008. Y continuó legalizando anualmente las detenciones arbitrarias, el espionaje interno y aprobando las llamadas kill list, que definen las personas a asesinar alrededor del planeta. Estados Unidos gasta hoy más de 700 mil millones de dólares en Defensa, el 43% del total mundial. “Queremos transmitir un país seguro, respetado y admirado en todo el mundo, una nación defendida por el ejército más poderoso de la Tierra y las mejores tropas que ha conocido el mundo”, dijo Obama al confirmarse su reelección. Y agregó: “Pero también un país que avance con confianza más allá de esta época de guerra, para construir una paz basada en la promesa de libertad y dignidad para todos los seres humanos”. Precisamente es esto último lo que Estados Unidos ya no puede ofrecer al mundo: un modelo de democracia y dignidad humana. El propio ex Presidente James Carter (1977-1981) aseguró en junio que el país “no puede hablar más con autoridad moral” sobre derechos humanos. “Las políticas contra el terrorismo de nuestro gobierno están ahora claramente violando al menos 10 de los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos”, escribió Carter en un artículo publicado en The New York Times. Y recordó que hay leyes estatales que “permiten la detención de personas por su apariencia”. En medio de la crisis económica y lanzado a la guerra, Estados Unidos ya no puede enarbolar frente al mundo la bandera de la democracia. Obama tampoco. Desde Buenos Aires, Ignacio Díaz Brutal ajuste a la clase trabajadora Días antes de las elecciones se conoció un dato positivo para Obama: en octubre se crearon 171 mil empleos, aunque la desocupación subió de 7,8 a 7,9%, por el aumento en la demanda de trabajo. Sumado al leve crecimiento de la economía, el dato sirvió para que determinados sectores instalaran la idea de que Estados Unidos se está recuperando de la crisis, sin mayores análisis. 6,5 millones de empleos se perdieron desde el inicio de la crisis. De ese total, casi 4 millones correspondían a ocupaciones de salarios medios, según un estudio del grupo de investigación Proyecto de Ley Nacional de Empleo. Y el 73% de los puestos de trabajo recuperados hasta el momento corresponden a ocupaciones de bajos salarios, de entre 7,5 y 13,5 dólares. Esto significa que un fuerte ajuste salarial acompaña al aumento del desempleo, porque si bien las ocupaciones de ingresos bajos están sólo un 0,3% por debajo del nivel previo a la recesión económica, los empleos de salarios medios cayeron un 8,4% y los de mejores ingresos un 4,1%. El sector de menores ingresos sufrió además un ajuste salarial del 2,3% en este período. Hoy el 20% de los trabajadores estadounidenses (unos 30 millones) cobra sueldos de entre 7,25 y 10 dólares la hora. Y el salario mínimo es un 30% más bajo que en 1968. La fuerte ofensiva del capital sobre los trabajadores incluyó también a los sindicatos: en el sector privado la afiliación cayó del 24 al 8% en los hombres y del 16 al 6% en las mujeres entre 1973 y 2007, un período en el cual la inequidad salarial creció un 40%. Como resultado, el ingreso medio del hombre en edad de trabajar cayó un 19% desde 1970 hasta hoy. En el mismo período, la élite local (el 0,01%) aumentó cinco veces su nivel de ingresos, a un promedio de 7,8 millones de dólares anuales por persona. Y el 1% más rico, que se quedó con el 66% del crecimiento de ingresos producidos entre 2001 y 2007, se apropia del 20% del PIB del país. Entre tantos números, un dato elocuente demuestra la brutal ofensiva del capital sobre la población: los bancos nacionales poseen hoy más viviendas que todos los ciudadanos juntos. Historia - Teoría - Debate · 39 Documento de Alianza País Revolución Ciudadana y programa de acción Propuesta: bajo el título Gobernar para profundizar el cambio; 35 propuestas para el Socialismo del Buen Vivir, la fuerza gobernante en Ecuador presentó el programa de acción ante las elecciones presidenciales del próximo 17 de febrero, donde Rafael Correa buscará ser reelecto para el período 2013-2017. El documento, elaborado por militantes del movimiento Alianza País y otras organizaciones de base desde sus territorios, junto con intelectuales orgánicos, funcionarios de gobierno y profesionales de distintos ámbitos, implicó varios meses y numerosos talleres de debate y reflexión sobre los logros y los déficits del proceso político en marcha. A continuación se presenta un resumen de los puntos centrales del documento y las propuestas enmarcadas en 10 ejes, conocidos como las “10 revoluciones”, necesarias para lograr un cambio estructural en Ecuador (ver texto completo en la sección Documentos del portal de América XXI). El objetivo es claro: promover el socialismo del buen vivir mediante la recuperación de la acción política democrática y la movilización social. Primera parte: diagnóstico Presentación (…) La Revolución Ciudadana promete profundizar y radicalizar su programa: un canto a la justicia, a la dignidad, a la soberanía, al socialismo y a la verdad. La Historia de nuestro Sur está enraizada en la memoria de todas las mujeres y hombres ecuatorianos contemporáneos, y en la de nuestros antepasados que parecen continuar viviendo o soñando en algún lugar junto a nosotros. La Revolución Ciudadana construye un proceso de cambio radical para crear el socialismo del Buen Vivir o Sumak Kawsay, una sociedad incluyente, solidaria y justa. Promueve la libertad basada en la justicia, la democracia, la paz y las relaciones equitativas orientadas al bien común. Estos son los puntales de la gran casa que ahora edificamos. La Revolución Ciudadana es la voz de los más pobres y de los desposeídos; de la gran diversidad de nacionalidades, pueblos y culturas que convivimos en este territorio. Es la voz de todos aquellos hombres y mujeres que han vivido la exclusión y la marginación, en un país que desde su nacimiento en 1830 favoreció siempre a un grupo privilegiado de una república terrateniente, aristócrata y oligárquica, que luego se convirtió en un Estado burgués débil y dependiente. (…) Gobernar para profundizar el cambio (…) Las elecciones son una experiencia y oportunidad únicas para el debate y la deliberación democrática en las diversas regiones, provincias, ciudades, pueblos, comunidades en las cuales Alianza País no sólo ha sometido a discusión sus principios y propuestas programáticas, sino 40 · Historia - Teoría - Debate “Proponemos una transición hacia una sociedad en que la vida no esté al servicio del capital o de cualquier otra forma de dominación. Afirmamos, de modo radical, que la supremacía del trabajo humano sobre el capital es innegociable y que la defenderemos en todos los espacios de la vida social en que pueda ser vulnerada.” Diciembre 2012 - Enero 2013 que ha recogido las demandas del conjunto de la sociedad. El presente Programa de Gobierno es fruto de ese proceso participativo e inclusivo. Se trata de un documento que refleja la voluntad de una fuerza revolucionaria que recoge las aspiraciones de cada territorio, de cada movimiento social y del conjunto de ciudadanos y ciudadanas dispuestos a continuar transformando Ecuador. Cuando asumimos el gobierno en 2007 teníamos el desafío inmenso de poner en movimiento una sociedad hastiada de la política y sin proyecto de nación; de reactivar una economía paralizada por el peso del capital especulativo y el servicio entreguista a la deuda externa, y de transformar un Estado capturado por intereses particulares de toda índole y sin ninguna disposición por la defensa del bien común. Seis años más tarde podemos decir que hemos honrado la voluntad popular y hemos sido capaces de transformar la pluralidad de demandas sociales en un proyecto histórico de nación que se despliega por el impulso de un gobierno popular, de un Estado democrático y de una sociedad digna, con expectativas de futuro y capacidades para disputarlo en el presente. (…) Principios y orientaciones para el socialismo del Buen Vivir (…) El horizonte político de la Revolución Ciudadana es el socialismo del Buen Vivir que articula la lucha por la justicia social, la igualdad y la abolición de los privilegios con la construcción de una sociedad enmarcada en el respeto a la diversidad y en armonía con la naturaleza, donde todos y cada uno puedan desarrollar sus capacidades y conducir su vida de modo digno, libre y autodeterminado. Nuestro desafío fundamental es lograr la universalización de los derechos y su transformación en oportunidades y capacidades para que todos y cada uno de los habitantes del suelo ecuatoriano lleven una vida en plenitud. La autorealización y la felicidad de cada uno van de la mano de la consecución del bienestar colectivo, del mutuo reconocimiento y la solidaridad, del respeto a la dignidad de los otros y del cuidado de la Pacha Mama. (…) El socialismo del Buen Vivir cuestiona el patrón de acumulación hegemónico; es decir, la forma en que las sociedades capitalistas neoliberales se organizan para producir, crecer y distribuir. Proponemos una transición hacia una sociedad en que la vida no esté al servicio del capital o de cualquier otra forma de dominación. Afirmamos, de modo radical, que la supremacía del trabajo humano sobre el capital es innegociable y que la defenderemos en todos los espacios de la vida social en que pueda ser vulnerada. El trabajo no puede ser visto como un factor más de la producción sino como el fin mismo de la producción y la base para el despliegue de nuestros talentos. El mundo del trabajo es el espacio en que nos reconocemos como seres sociales −como compañeros, trabajadores del campo y la ciudad, empleados, profesionales, estudiantes, hombres y mujeres, que compartimos saberes y destrezas generales− y como actores creativos en constante ejercicio de nuestros derechos y libertades fundamentales. El socialismo del Buen Vivir va de la mano con la construcción de una democracia profunda que se nutre de la participación popular permanente en el proceso político y en la vida pública del país. La vida en plenitud, la vida buena, el Buen Vivir no se realizan sin el compromiso activo de la ciudadanía y de los pueblos en la resolución de los problemas comunes. (…) La transición para la gran transformación: acabar con el Estado burgués Somos revolucionarios y queremos lograr los cambios sociales lo más rápido posible. Todo proceso social tiene sus ritmos y cadencias. Tampoco podemos aislarnos de los contextos internacionales y regionales que nos marcan las pautas políticas y económicas. La Revolución Ciudadana ha propuesto un cambio de paradigma que no sólo busca dejar atrás las miradas convencionales asociadas con el capitalismo, sino construir una sociedad que tenga como eje la garantía de las condiciones de vida de los seres humanos y de la naturaleza: la sociedad del “Buen Vivir” o “Sumak Kawsay”, que se identifica con la realización de las facultades de cada uno, la reproducción indefinida de las culturas humanas y la armonía con la naturaleza. Vamos a lograr una transición para la gran transformación: edificar un Historia - Teoría - Debate · 41 Estado popular, de todos, que desintegre las viejas estructuras heredadas del Estado burgués, de unos pocos. Las transformaciones no solamente se resuelven desde lo técnico, sino y sobre todo desde la política. Esto conlleva modificar las relaciones de poder. En estos seis años de gobierno hemos dirigido nuestra acción a enfrentar las estructuras de poder enraizadas en la sociedad a las que nadie se atrevió a subvertir: los grandes medios de comunicación que ponían o desestabilizaban gobiernos, el poder omnímodo de ciertos banqueros, la relación sumisa con las empresas transnacionales y los organismos internacionales de crédito. Por esto es tan importante construir un Estado que nos represente a todas y todos, donde la organización popular sea la fuerza motriz fundamental. El nuevo paradigma, además de establecer una serie de principios y pautas de interacción social, busca alternativas de acumulación, redistribución y regulación y nuevas formas de coordinación democrática de la sociedad. El Gobierno de la Revolución Ciudadana es consciente de los “tiempos” involucrados en una dinámica de cambio. Sería pretencioso e ingenuo postular que de la noche a la mañana se puede modificar el modo de producción, la forma de acumulación y el consumo. Ello no significa abandonar el terreno político de la gran transformación social sino afrontarlo de modo estratégico y sin veleidades ideológicas. La transición del capitalismo hacia el régimen del Buen Vivir implica también el manejo de la sostenibilidad ambiental del planeta. La disputa por salir del capitalismo y construir otro orden está asociada, entre otras razones, a los límites biofísicos (materiales, de espacio y tiempo) que las economías se impongan. La economía capitalista es una economía ficticia porque basa su construcción en el dinero, un ente artificial, lo cual potencia su desconexión con el mundo real. Sin perder de vista el horizonte de la gran transformación, una izquierda no demagógica debe plantear estrategias viables en el tiempo, considerando sobre todo de dónde se parte y cuál es el poder real que tiene el Estado en el ámbito nacional y en el concierto del sistema global. En el caso ecuatoriano, cabe reconocer los límites estructurales de una economía sin moneda propia, que depende en gran parte del sector primario-exportador, que genera poco valor agregado y que carece de real influencia en el concierto internacional. La procura del Buen Vivir requiere políticas y programas que desestructuren las bases de una matriz productiva ya dada, que abra las posibilidades para la diversificación de la economía, logre la reactivación de las fuerzas productivas locales y la generación de empleo digno, para reforzar el carácter democrático del Estado. Allí radica el núcleo central de un programa serio y viable de transformación estructural de la sociedad. (…) Segunda parte: objetivos generales y específicos Este programa que ahora ponemos en tus manos, presenta 10 revoluciones que conforman nuestra actual propuesta. Hemos enriquecido el programa de gobierno del año 2006. En aquel momento presentamos cinco revoluciones: la revolución constitucional y democrática; la revolución ética: combate frontal a la corrupción; la revolución económica y productiva; la revolución educativa y de salud; y la revolución por la dignidad, la soberanía y la integración latinoamericana. En un segundo momento, en el marco de la Primera Convención Nacional del Movimiento Alianza País celebrada en noviembre de 2010, ampliamos nuestro horizonte con dos revoluciones adicionales: la revolución ecológica y la revolución de la justicia. (…) El Programa de Gobierno 20132017 incluye tres nuevas revoluciones: la revolución del conocimiento, la revolución urbana y la revolución cultural. El texto actual propone la elaboración de nuevas políticas públicas, nuevos desarrollos legislativos, además de dar continuidad a las intervenciones públicas que ya están en marcha para continuar profundizando el cambio en el Ecuador. Cada una de las 10 revoluciones aglutina propuestas concretas originadas en las reflexiones y debates sostenidos a lo largo y ancho del país con la militancia, con organizaciones sociales y con la ciudadanía. La riqueza participativa y contribuciones obtenidas en el territorio dieron lugar a las 35 propuestas programáticas y las líneas de acción de cada una de ellas. La satisfacción que nos dejaron las largas jornadas de trabajo colectivo es enorme. Sus resultados ponemos a consideración del pueblo ecuatoriano. Revolución económica, productiva y del trabajo (…) Ya no nos rigen las reglas absurdas macro fiscales que antes impedían la inversión en educación y salud, y que sometían a nuestra economía a responder a los pagos puntuales de la deuda externa de los acreedores. Hoy tenemos estabilidad para consolidar el régimen del Buen Vivir. Tuvimos una renegociación exitosa de la deuda externa que permitió al país ahorrar más de 7 mil millones de dólares. Generamos una visión renovada de la economía, pues nuestra Constitución nos permite ahora abrir un escenario para otro tipo de economías: privada, mixta, pública popular y solidaria. Construimos una economía cuyo eje productivo central es el ser humano como trabajador dignificado. (…) Por ello, planteamos un horizonte bastante claro que parte de la necesidad de afianzar el cambio en la forma de producir, es decir la consolidación de una distinta matriz productiva. Propuesta 1. Cambiar la estructura productiva para diversificar la economía, dinamizar la productividad, garantizar la soberanía nacional y salir de la dependencia primario-exportadora. Propuesta 2. Gobernar los mercados, controlar los monopolios y regular los capitales para ponerlos al servicio del bien común y del trabajo. Propuesta 3. Democratizar los medios de producción (capital, tierra, crédito, tecnología, conocimiento, agua) y los mercados para construir una economía incluyente y plural. Propuesta 4. Consolidar la transformación de los sectores estratégicos y el uso soberano y eficiente de los recursos naturales para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Propuesta 5. Profundizar la economía social y solidaria, promover las diversas formas de producción comunitaria, asociativa y cooperativa. Propuesta 6. Avanzar en la seguridad y soberanía alimentaria, la redistribución de la tierra y la productividad sustentable 42 · Historia - Teoría - Debate Diciembre 2012 - Enero 2013 universal y la permanencia de niños, niñas y jóvenes en el sistema. del agro, especialmente en las pequeñas y medianas unidades agropecuarias. Propuesta 7. Orientar la política comercial al desarrollo económico y social de Ecuador. Revolución del conocimiento y de las capacidades (…) Frente a la privatización y la mercantilización de la vida social y cotidiana, la Revolución Ciudadana propone, para su segundo período de gobierno, la generación de conocimientos abiertos, públicos y comunes cuyo objetivo sea el Buen Vivir. Este conocimiento, más que un medio para saber, es un instrumento para la libertad individual, para la emancipación social y para vivir y convivir bien; es decir, para encontrar la libertad, satisfacer necesidades, garantizar derechos, cambiar el patrón de acumulación y redistribución, vivir en armonía con la naturaleza y convivir en una democracia democratizada y de calidad. Propuesta 8. Promover la investigación, el diálogo de saberes y la innovación para alcanzar la sociedad del conocimiento y el cambio productivo. Propuesta 9. Profundizar la democratización y la calidad del sistema universitario para el pleno desarrollo de las capacidades sociales y las oportunidades laborales. Propuesta 10. Fortalecer la calidad de la educación, garantizar el acceso Revolución social La política social pagó los platos rotos del neoliberalismo. En esa época de ingrata recordación fueron dejados de lado la ciudadanía y los conceptos como universalidad, eficiente prestación de servicios públicos, corresponsabilidad, garantías y derechos. Para quienes gobernaron en ese momento, el ciudadano se convirtió en un sujeto manipulable y presa de las clientelas politiqueras. (…) La separación de la política social de la económica y productiva fue una de sus estrategias privilegiadas. La austeridad y los compromisos asfixiantes de la deuda externa redujeron la inversión social a sus niveles más bajos. La política social neoliberal se desarrolló y se ejecutó desde una para-institucionalidad: unidades ejecutoras de proyectos financiados por la gran banca de cooperación. (…) La atención estatal se centró en la privatización, la liberalización y la desregulación, jamás en una política social con enfoque de derechos. En el gobierno de la Revolución Ciudadana la ruptura con esa visión es evidente y radical. Apostamos por una política social con perspectiva universal, pero que reconozca todas las diversidades y que tenga enfoque de derechos. Nuestra Constitución abandonó la idea de sujetos vulnerables y concibe a los hombres y mujeres de la Patria, como ciudadanos con igualdad de derechos. Rompimos con la concepción del desarrollo como progreso y crecimiento económico y construimos el régimen del Buen Vivir. Nuestro gobierno no ha consolidado una nueva política social, ha realizado una revolución social y sus resultados son evidentes. Propuesta 11. Radicalizar el régimen del Buen Vivir con la universalización de la salud, la educación, la inclusión y la seguridad social. Propuesta 12. Asegurar un adecuado desarrollo infantil integral para todos los niños y todas las niñas del país. Propuesta 13. Una salud con calidad y calidez para posibilitar un desarrollo integral de todos y todas las ecuatorianas. Propuesta 14. Alcanzar la igualdad social mediante la construcción de capa- cidades para lo cual la inversión social, la responsabilidad tributaria y el trabajo son fundamentales. Propuesta 15. Asegurar las condiciones laborales adecuadas y los ingresos que permitan el bienestar del trabajador y el pleno disfrute de su vida. Propuesta 16. Seguir trabajando para que las diferencias de edad, género y opción sexual no se conviertan en desigualdades Revolución de la justicia, la seguridad y la convivencia (…) Una comunidad con un tejido social rico, activo y solidario, que construya espacios de encuentro, convivencia, respeto y reconocimiento mutuo, es una comunidad no sólo más habitable sino también más segura. Por eso apostamos por el fortalecimiento de la sociedad civil, la autoorganización popular y la construcción de espacio público, como lugar de encuentro y de sociabilidad. Pero existen fuentes de violencia e inseguridad que deben ser combatidas con la fuerza de la ley. Las diversas instancias del sistema penal –la policía, la magistratura y el sistema penitenciario– son los instrumentos con los que contamos los ciudadanos en un Estado democrático para hacer frente a fenómenos delictivos, e ilícitos penales que se comenten en nuestro país. Seguiremos trabajando para consolidar cuerpos profesionales de seguridad eficientes y eficaces al servicio de la ciudadanía. Queremos funcionarios comprometidos con los derechos humanos, la Constitución y la democracia. (…) Propuesta 17. Profundizar la transformación de la justicia, atendiendo el mandato popular, para reforzar el Estado de derechos y la igualdad ante la ley. Propuesta 18. Luchar contra la delincuencia y el crimen transnacional organizado. Profesionalización y eficacia de la fuerza pública en el marco del respeto a los derechos humanos y ciudadanos. Propuesta 19. Erradicar la violencia contra las mujeres, contra los niños, niñas y adolescentes, y luchar contra todas las formas de discriminación y de violencia. La indiferencia es complicidad. Propuesta 20. Promover la solidaridad y el tejido comunitario para la convivencia pacífica en el espacio público. Historia - Teoría - Debate · 43 Revolución cultural No hay transformación social sin revolución cultural. Debido al cambio en las relaciones de poder que ha impulsado la Revolución Ciudadana, el tiempo actual es un momento privilegiado de producción cultural, pues junto con la refundación del Estado constitucional de derechos, se estimulan procesos de mutuo conocimiento que alimentan la formación de identidades colectivas mayores. (…) La recuperación del sentido de lo público, en todos los ámbitos, marcó desde un inicio la agenda de la Revolución Ciudadana y, con ella, la de la nueva Constitución. Propuesta 21. Garantizar la vitalidad y el conocimiento de las identidades diversas, la expansión del espacio público de encuentro intercultural y la igualdad en la diferencia. Impulsar la reapropiación social del patrimonio cultural para potenciar la memoria crítica, las identidades y la innovación cultural. Propuesta 22. Democratizar, diversificar y regular el espacio mediático y el espectro radioeléctrico para asegurar la plena libertad de expresión. Propuesta 23. Asegurar el acceso igualitario a recursos fundamentales para la creación y circulación de bienes culturales y fomentar el desarrollo de las industrias culturales nacionales. Revolución ética (…) El alumbramiento de esta nueva Patria demanda coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Exige consecuencia con quienes fueron despojados de todo y son ahora la reserva moral de este proceso. Han preservado, como guardianes del fuego, la memoria, la esperanza y la dignidad. Esta nueva Patria es exigente, no se conforma, no acepta fácilmente los resultados. Es una Patria que confía en los hombres y mujeres que la han dignificado. Es una Patria soberana y consciente de su destino histórico. Igual que en el primer día nuestra revolución, la Revolución Ciudadana, es ética. Propuesta 24. Forjar una ciudadanía que viva la honradez, rechace la corrupción y respete el bien común. Propuesta 25. Reforzar las prácticas de rendición de cuentas, control social y la lucha contra la corrupción en instituciones públicas y privadas. Revolución política y constitucional La profundización de la revolución política y constitucional es el medio y la condición fundamental para alcanzar las demás revoluciones que propone este programa. Un importante desafío que se nos presentó en el proceso constituyente, y que aún continua vigente, es construir un nuevo pacto político que contemple la recuperación, modernización y democratización del Estado y su potente relación con la sociedad. Ello supone, por un lado, proseguir con la lucha contra la desestatización de la economía y la desregulación de los mercados y, por el otro, con las reformas ligadas a la racionalización de la administración pública, la descentralización del Estado y la articulación entre gestión pública y la participación ciudadana. Se trata de consolidar la existencia de instituciones públicas eficientes, modernas y participativas. (…) La eficiencia de las instituciones incrementa la legitimidad democrática y no se contrapone con la actividad participativa de la sociedad civil. Al contrario, depende en gran medida de la adecuada interlocución sociedad-Estado. (…) En el próximo ciclo gubernativo continuaremos impulsando la transformación radical del Estado –en todas sus funciones y niveles de gobierno, y la democratización de las relaciones con la sociedad, a fin de garantizar los derechos consagrados en la Constitución. Ello requiere fundamentalmente la construcción de una ciudadanía activa y capaz de demandar al Estado el cumplimiento de sus derechos, y de colaborar con él para la generación de una sociedad justa, solidaria y soberana. Sabemos que el cumplimiento del proyecto constitucional requiere la movilización popular y la actualización constante de las instituciones en un permanente dialogo y tensión con el poder constituyente. La Constitución es nuestro horizonte, un terreno abierto de lucha política. Propuesta 26. Promover y reconocer la organización social, la vida asociativa y la ciudadanía activa para la defensa y cumplimiento de la Constitución. Propuesta 27. Avanzar en la descentralización y la desconcentración del Estado para la equidad territorial y para el fortalecimiento de los gobiernos parroquiales, municipales y provinciales. Propuesta 28. Consolidar una administración pública eficiente, eficaz, transparente y participativa para resolver las demandas populares. Propuesta 29. Impulsar el gobierno territorial, el dialogo intercultural y las instituciones públicas plurinacionales a nivel nacional y local. Revolución de la soberanía y la integración El Ecuador dejó de ser un país reactivo para tener una política internacional activa. Su voz se oye en los distintos foros internacionales donde ha planteado propuestas de ruptura innovadoras, que son estudiadas por especialistas en el ámbito internacional: la Nueva Arquitectura Financiera Internacional; la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac); la interpelación constante a los organismos internacionales donde existe supremacía del capital por sobre los intereses del ser humano; el cuestionamiento a aquellos organismos que defienden los intereses de los propietarios de los grandes medios de comunicación internacional, bajo el aberrante código de conducta de defender los intereses empresariales por sobre los intereses de la ciudadanía; la novedosa propuesta del Yasuní–ITT para mantener el crudo bajo tierra a cambio de recibir una corresponsabilidad internacional; el fortalecimiento de la integración latinoamericana; la firmeza ante las agresiones externas o los golpes de Estado que aún están presentes en Nuestra América, como los de Honduras y Paraguay. Las graves amenazas del mundo contemporáneo, que implican al conjunto de la humanidad –el crecimiento del crimen organizado y la violencia, la proliferación de armas de destrucción masiva, la crisis económica y ambiental globales, requieren respuestas coordinadas a nivel mundial, que solo pueden provenir de decisiones vinculantes, emanadas de organismos internacionales realmente democráticos, donde hayan desaparecido para siempre los intereses particulares, el derecho de veto y las imposiciones de los poderosos. Este objetivo estratégico de reconfiguración del orden internacional sólo será posible mediante una efectiva coordinación entre los países del Sur. En este sen- 44 · Historia - Teoría - Debate tido, la integración Sur-Sur y el fortalecimiento de los mecanismos de integración regional son estrategias imprescindibles, sin las cuales será imposible acumular el poder político necesario para la reconfiguración de las dinámicas del poder global. Propuesta 30. Avanzar en la construcción de un mundo multipolar, fortalecer la soberanía nacional y la integración de los pueblos del Sur, y consolidar el principio de la Diplomacia Ciudadana. Propuesta 31. Profundizar la integración regional, el uso de los mecanismos regionales de financiamiento del desarrollo productivo, la Nueva Arquitectura Financiera Regional y la cooperación Sur-Sur. Revolución ecológica El gobierno de la Revolución Ciudadana asumió desde su inicio el compromiso de defender el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y el respeto a los derechos de la naturaleza. (…) Estos derechos fueron consagrados en la Constitución, convirtiendo al Ecuador en un referente mundial, por ser el primer país en el planeta que reconoce los derechos de la naturaleza en su marco constitucional. (…) La Revolución Ciudadana consolida su compromiso para recuperar y mantener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice el Buen Vivir y los derechos de la naturaleza. Esto se realiza mediante la aplicación de políticas y Diciembre 2012 - Enero 2013 la gestión efectiva que amplían la visión de conservación del patrimonio natural. El principal instrumento para lograr este fin es la implementación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad que permitirá integrar sus múltiples valores y generar bienes y servicios a partir de la conservación, la restauración y la investigación de los ecosistemas, respecto a los cuales el talento humano será formado para promover la innovación, la tecnología, los conocimientos y los saberes ancestrales que nos permita transitar de manera efectiva hacia la sociedad del bioconocimiento. (…) La aplicación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático es uno de los elementos fundamentales para cambiar la relación del ser humano con la naturaleza en los diversos sectores productivos. La institucionalidad también será transformada para garantizar los derechos ambientales y de la naturaleza. Se promulgará el código orgánico del ambiente y se cumplirá el mandato constitucional de contar con una superintendencia ambiental. El Ecuador mantendrá su liderazgo a nivel internacional con posiciones sobre ambiente, sostenibilidad y Buen Vivir para lograr un cambio de conciencia en el país y en el planeta. Propuesta 32. Respetar los derechos de la naturaleza, el hábitat y nuestra vida mediante la conservación, la valoración y el uso sustentable del patrimonio natural y su biodiversidad terrestre y marina, considerada como sector estratégico. Propuesta 33. Profundizar la estrategia política para consolidar la Iniciativa Yasuní–ITT y mantener el crudo bajo tierra. Revolución urbana Uno de los problemas centrales del país en este momento es el caos y el desorden urbanístico. Esa es la razón por la que proponemos una revolución urbana. Es necesario avanzar con fuerza en el campo del ordenamiento territorial y la planificación urbanística con la finalidad de caminar hacia la construcción de un territorio habitable, tanto en las áreas rurales como urbanas, así como también para ser eficientes y eficaces en la provisión de servicios públicos. Mejorar la calidad de vida de las localidades es nuestro objetivo. El mandato del derecho a la ciudad nos impulsa a avanzar en forma conjunta con los GADs, en la recu- peración de espacios públicos, el control de la contaminación, el fortalecimiento de la identidad de las ciudades, el acceso a una vivienda digna y la eficiente dotación de servicios básicos amigables con la naturaleza. La creación y revitalización de espacio público fomenta la participación y la corresponsabilidad ciudadana, y debe entenderse como soporte material de las relaciones y prácticas sociales, de las manifestaciones culturales y de la recreación. (…) Para alcanzar estos objetivos impulsaremos la recuperación de los espacios públicos, aquellos espacios del encuentro, de la recreación y del aprendizaje. Propuesta 34. Asegurar la función social y ambiental del suelo urbano para el derecho al disfrute pleno de la ciudad como espacio público. Impulsar una vivienda digna garantizando la universalidad de los servicios urbanos: agua potable, alcantarillado, manejo de desechos sólidos y energía. Propuesta 35. Asegurar el derecho a la movilidad y a la seguridad vial, ordenar y expandir el transporte público y la movilidad no motorizada. Estas 35 propuestas que entregamos al pueblo ecuatoriano tienen que complementarse con un sólido acompañamiento legislativo. Son la decisión política, las leyes y el pueblo organizado los factores que pueden impulsar la verdadera transformación del país. Cultura · 45 Los sicarios del capital S e podría nombrar a muchos, claro, pero este título sólo remite al nuevo filme del cineasta griego Costa-Gavras. La película, titulada El capital, es una producción francesa, la segunda patria del director, que aborda la actual crisis económica desde un oscuro personaje que pasa de ser un simple empleado al servil amo y señor de un Banco en crisis. “Seguiremos robándole a los pobres para dárselo a los ricos”, dirá este hombre al proponer el despido de 20 mil trabajadores. “Los perdedores cada día pierden más y los ganadores cada día ganan más. Esto es esencialmente lo que está ocurriendo en nuestra sociedad”, reforzó Gavras en el festival de San Sebastián. En la golpeada España, lo aplaudieron de pie. Adiós Leonardo S i Leonardo Favio (19382012), cuyo nombre real era Fuad Jorge Jury, no se hubiera obnubilado con su yo cantatautor, el cine argentino seguramente tendría una o dos joyas más de su autoría. No es una queja, y desde ya van las disculpas a sus fans musicales, pero ahora que se ha ido, la mejor manera de homenajearlo es a través de su cine tan personal. Su sensibilidad, evidenciada en obras como Crónica de un niño solo (1964), Juan Moreira (1973) o Gatica, el mono (1993) le dan un lugar en el podio de los directores latinoamericanos y derrumban el mito de que el cine popular es por definición malo, hueco o banal. ¿Todavía no vieron Gatica? La vida es bella, ya verás P aco Ibáñez, el legendario cantautor español, tiene un nuevo disco, y haciendo honor a su título, canta a los poetas latinoamericanos. Lo presentó en Buenos Aires, desde donde arrancó una gira que lo llevará por nuestro continente y también por su golpeada España. Pablo Neruda, César Vallejo, Rubén Darío, Alfonsina Storni y Nicolás Guillén son algunos de los autores que visita Ibáñez en su nuevo trabajo. “Es triste que estemos en esta situación, con este nuevo gobierno que se está acercando a lo que se puede llamar el franquismo. Esa es la crisis. ¿La crisis económica? Bueno, un día te comes una manzana, después comes media…”, dijo el trovador a la Revista Ñ. La vida es bella, ya verás / como a pesar de los pesares… Néstor para todos C on una distribución y presencia en salas similar a la de las grandes producciones de Hollywood, se estrenó en la Argentina Néstor Kirchner, la película, un filme hecho a pedido y medida de una necesidad: sostener un mito y un relato, ahora desde el discurso cinematográfico. Se destacan las imágenes familiares del ex presidente, la aparición de su hijo Máximo y un tono épico, que roza lo profético. Vale destacar que durante el rodaje hubo cambio de planes. Al cineasta Adrián Caetano, lo reemplazó en la dirección su colega Paula de Luque, sin que mediaran grandes explicaciones. Un homenaje sin matices y previsible, apuntado al público más fiel. Lo verosímil se paga E l mercado del arte hace agua. Lo falso y lo verdadero se confunden, se conforman con lo verosímil, quizás. En estos días se supo que Rembrandt, el maestro indiscutible del Siglo de Oro holandés, no pintó ni grabó todas las obras que se le atribuyen. En cuanto a sus grabados, una de sus genialidades, sólo la mitad le pertenecen. Y si la autenticidad del arte es materia de debate, miren el acuerdo del mes pasado entre Knoedler & Company, una galería de Manhattan que cerró abruptamente el año pasado, cuando un cliente la acusó de venderle un Jackson Pollock falso por 17 millones de dólares. Ahora hay una terrible disputa. Nadie se pone de acuerdo en si es verdadera o falsa. Pero ¿quién se animará a destruirla? El karma del Boom S e cumplen 50 años del llamado Boom latinoamericano, un fenómeno editorial, y por qué no literario, que catapultó a los escritores de nuestro continente a la élite de la literatura universal. García Márquez, Cortázar, Vargas Llosa, abrieron las puertas a una veintena de autores que ahora se entremezclan y nombran como una generación dorada, muy ligada a la política y considerada una medida de análisis para todo lo que se escribe desde acá. Se podría sumar en esa lista a Sábato, Borges, Onetti, Fuentes, Amado y otros tantos nombres que siguen siendo inspiración para los nuevos autores, pero que al mismo tiempo se han convertido en una mochila odiosa que, 50 años después, parece cada vez más pesada. 46 · Cultura Diciembre 2012 - Enero 2013 Diálogo con Hervé Fischer “Hay agudización de la conciencia política” Conversaciones: el filósofo Hervé Fischer habla actuales y diversos como el futuro de China y de de la crisis internacional, los indignados, la indus- Facebook, en una visión atravesada por conceptos tria cultural, la tecnología. Y de otros temas tan como hiperhumanismo y ética planetaria. A rtista, filósofo, escritor y estudioso de la tecnología y la política. Hervé Fischer (París, 1941) es un personaje tan multifacético como los títulos que esgrime. Viajero incansable viene varias veces por año a Brasil, Chile, Argentina, Cuba y México. América Latina es su norte, aunque viva en Quebec. También disfruta dando charlas y conferencias en Asia y Europa. Hoy sigue de cerca los procesos estudiantiles, los fenómenos de las redes sociales y hasta tiene tiempo para rehacer una obra de arte que pintó para la resistencia chilena en los años 1970. Es autor de numerosos libros, ex profesor universitario de la Sorbonne V en París y un creador incansable (desde 2011 es uno de los cultores del modernísimo tweet art). Tras animar las conferencias de Arte y Cultura de la Antártida, Fischer se reunió con América XXI en un bar céntrico de Buenos Aires, donde expuso ideas sobre la situación mundial actual: “Estamos en un momento de crisis general, que incluye a los modelos del pasado y a la construcción de un sistema de valores para el futuro. Se trata de una situación que hay que enfrentar; es peligrosa pero también esperanzadora. Hace falta más participación ciudadana en la política”. Intriga el tema de su próximo libro, sobre mitología. ¿Es una provocación? Tenemos casi tantos mitos como en la antigua Grecia, sólo que les ponemos otros nombres. Además de los dioses hablamos de progreso; consideramos la tecnociencia casi como una creación humana que permitiría finalizar la tarea de dios. Necesitamos ser lúcidos. Nos creemos muy modernos, pero en realidad seguimos construyendo mitos. Y si no, miremos la economía imaginaria, una enfermedad terrible, un virus que afecta todo. Se refiere a la crisis financiera… La crisis es terrible. Los recortes en Grecia, el desempleo en España –que entre los jóvenes llega al 50%. Y lo peor es que no Cultura · 47 se ve una salida a esa crisis, que tiene su origen en la economía imaginaria. ¿En qué puede ayudar el nuevo ecosistema digital; favorece su teoría del hiperhumanismo? Nuestra evolución está muy ligada a la voluntad. Y ahora tenemos la posibilidad de trabajar en una ética planetaria. Es cierto, en todas las actividades humanas tenemos prometeos y tenemos sísifos (Sísifo, condenado a subir una piedra a la montaña día tras día, nunca pierde la esperanza). Sin la perseverancia de Sísifo no hay futuro. Y en algunas cosas progresamos: la condición de la mujer, la tecnología digital, la conciencia ecológica. La idea del hiperhumanismo es que lo digital puede ayudar a tener más conciencia humana, si hay más información circulando. Pero también hay contras en este entorno digital… Sí. Ya no quedan esquinas oscuras donde escondernos. No es un mundo para paranoicos. ¿Es para tanto? Es imparable. Las nuevas generaciones dicen que no hay que preocuparse porque gobiernos o empresas accedan a información privada. Dicen que es inevitable. Podemos relacionarlo con la problemática de Facebook. Tienen la legitimación del periodismo, del marketing, de los negocios y de muchos usuarios. Pero no hay una verdadera conciencia de lo que significa el panóptico digital. Podemos aceptarlo, porque es imparable. Pero al fin y al cabo la democracia no puede dejar de luchar por las libertades. Yo no acepto la fatalidad. Tampoco la tecnológica. Tenemos que resistir, aunque veamos cómo aumenta ese poder. Hace poco predijo el fin de Facebook, que ahora tiene mil millones de usuarios. ¿Qué pasó? La declinación financiera de Facebook se confirma. La compañía no da valor tecnológico agregado y va contra la ley. Con una ley comercial que proteja la vida privada, se limitarán fuertemente la publicidad y el datamarketing individual (basado en datos personales de usuarios), que sostienen la di- námica de Facebook. Tenemos que resistir, denunciar el cinismo de la empresa y revertir la ingenuidad de sus usuarios. Es fundamental respetar la vida privada en una democracia, una conquista que no podemos perder. Mundo multipolar “Vengo de China, donde la democracia está muy limitada. Allí la circulación digital de la información es un reto enorme para el gobierno. Hay más y más blogs, aunque los cierren, y Twitter está prohibido. Eso sólo ya implica una presión cotidiana por más democracia”, considera Fischer. Y agrega: “Allí hay un entorno de tradición histórica colectiva bien diferente al individualismo nuestro. La tecnología digital es una evidencia de estos cambios. Y eso que apenas llevamos 15 años. Todo puede pasar”. ¿En qué sentido lo dice? Yo creo en la divergencia, no en la adaptación. La historia se hace por la divergencia de las minorías: una idea marginal, algo que rompe, como en el arte ocurre con Van Gogh, en la ciencia con un gran descubrimiento, o en la filosofía con un pensamiento revolucionario. La divergencia siempre produce sorpresas. Yo no soy un hombre de violencia, pero es importante lograr una evolución razonable en un momento de cambio de valores y horizontes políticos globales. Ahora muchos piden cambios sin aceptar cambios. Cada uno cuida sus propios privilegios. Es imposible que un país cambie radicalmente sin vivir momentos caóticos. ¿Además de Europa, dónde ve esos riegos? Si en China no pueden evolucionar, tendrán problemas. Tienen mucho miedo a vivir situaciones parecidas a las del mundo árabe. Y con razón, porque cuando hablamos con los chinos tienen cada vez más conciencia de la falta de libertades y de la situación de desigualdad social que los aqueja. ¿Pero cuál es la profundidad de esas divergencias, que se banalizan y diluyen con la intermediación de los mensajes? Hay una gran complejidad y confusión hoy. Pero la evolución muestra un camino hacia un mundo multipolar. Como lo muestra esa imagen del artista uruguayo Torres García, con su mundo al revés, con el Sur arriba. Lo hizo en 1942. Quiero decir que la hegemonía del Norte sobre el Sur va a disminuir muchísimo. Hoy, como decía Pascal, el centro del universo puede estar en cualquier lugar. Es otra visualización del futuro, con intercambios y diálogos de culturas, de personas, económicos, de valores y consensos que han de construirse entre todos los países. Es una utopía, pero es el camino. ¿Cómo se puede cristalizar ese diálogo más allá del comercio, el consumo y los mensajes superfluos? El consumo y el entretenimiento son meras pantallas que esconden el sufrimiento real de nuestras sociedades. Y eso se evidencia entre los jóvenes, que protestan contra su falta de poder, de dinero, de trabajo. Incluso en el primer mundo vemos que las universidades producen una situación de marginalidad, de discriminación, con familias que se endeudan por años para costear una educación. La sociedad del entretenimiento y el juego es una ilusión total; una ilusión banal mientras la gente camina por la cornisa, al borde del precipicio. Una ilusión con la que muchos se enriquecen… Es cierto, produce mucho dinero. Se puede decir que es como la tragedia griega. Pero cada vez somos más y más personas las que compartimos estas ideas en todo el mundo. En China, en Europa, en Estados Unidos, y por supuesto aquí, en América Latina. Sabemos que los problemas son globales. Tenemos miedos paralizantes, pero también somos conscientes de nuestra necesidad de tener éxito. Yo soy optimista, porque somos millones los indignados. Esa toma de conciencia de la desigualdad a nivel global, o la toma de conciencia de cuidar el planeta, va generando una construcción. Tenemos que seguir construyendo a pesar de la religión del dinero. En nuestro interior, todos sabemos que la economía no debe guiar el rumbo. Es la gran paradoja, el discurso dominante de Wall Street frente al sufrimiento de la gente. Pero tenemos conciencia. Estamos en un momento de crecimiento y agudización de la conciencia política a nivel planetario. Y muy proactiva, con compromiso y cada vez más responsabilidad ciudadana. Desde Buenos Aires,Horacio Bilbao 48 · Cultura Diciembre 2012 - Enero 2013 Fundación Rajatabla en el festival de teatro de Asunción Lección de teatro en Paraguay Causalidades: un cronista de América XXI asistió a una obra que, por sus actores, condensa buena parte de la historia de la dramaturgia latinoamericana. En el festival paraguayo, una historia cruzada entre directores y compañías que atraviesan, viven y cuentan los dramas del continente. L a fragilidad de lo humano se prueba en los extremos, con pena, cuando todo se rompe. Y esto es así porque los vínculos tienen tanto de bueno como de tóxico, de impulsos como de frenos, en la ley binaria del universo, las máscaras de la tragedia y la comedia. En el teatro Isaac Chocrón Reivindicado como uno de los grandes referentes del teatro venezolano, nació en una familia sefardita en Maracay, en 1930. Estudió Literatura Comparada en la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos, y se definía a sí mismo como “zurdo, judío, homosexual y escritor”. Fundó la Compañía Nacional de Teatro, dirigió el Teatro Teresa Carreño y fue cofundador de El Nuevo Grupo, compañía venezolana de referencia. Escritor, dramaturgo y ensayista, es autor de una veintena de obras de teatro entre las que se cuentan O.K., la obra presentada en Paraguay (1969), La revolución (1971) Simón (1983) y de novelas como Pájaro de mar por tierra y Toda una dama. Murió en Caracas en 2011. de la vida se juega todo. Esto desnuda O.K., una de las grandes obras del conocido escritor y dramaturgo venezolano Isaac Chocrón, quien murió el año pasado. Por eso ha sido un doble homenaje esta presentación de la también mítica Fundación Rajatabla de Venezuela en el marco del Festival Internacional de Teatro de Asunción (Fita). Con una puesta minimalista, la obra surge de una adaptación de una serie de lecturas de la dramaturgia de Chocrón que se organizara para una cátedra universitaria en los años 1960. “Desde las lecturas pasamos a hacer una primera puesta y después a ensayar esta que estrenamos aquí”, cuenta Tatiana Mabo, adaptadora y actriz de la obra. Interesante acercarse a un maestro de la dramaturgia continental en este despliegue coreográfico y escénico que protagonizan Mabo (Mina), Eliana Therán (Angela) y Jean Franco De Marchi (Franco) bajo la coordinación de produc- ción de Gerardo Luongo. Mina es costurera y Franco un marginal, que apenas sobrellevan sus vidas en la pobreza, sobre la azotea de un edificio en una hiper ruidosa metrópoli que es Caracas, que es Asunción. Les quedan la ilusión del romance, los buenos recuerdos, el amor físico para desandar los días. Hasta que un día Angela, una viuda rica, llama, viene a la casa y pide un vestido para dejar el luto. La irrupción del dinero modifica cosas profundas y es fascinante presenciar cómo se actúa esa metamorfosis con técnicas teatrales que abrazan el clown, el absurdo, la comedia bufa y la ópera hasta el fantástico cuadro final, de plástica perenne, que corona todo el desarrollo. Que apenas somos vida y para honrarla hace falta coraje, es la lección que dejan el brillante dramaturgo y los maravillosos actores, esta escuela de 41 años del mejor teatro latinoamericano que tuvimos la suerte de ver en el estreno de O.K. en Asunción. El teatro de denuncia Hay infinitas historias cruzadas en nuestro continente. Algunas trascendentes, como la del argentino-venezolano Carlos Giménez, el creador del grupo Rajatabla (1971) y también del célebre Festival Internacional de Teatro de Caracas, que todavía está a tiempo de retomar su brillo. Rosarino de nacimiento y cordobés por adopción, Giménez, que murió en 1993, llegó a Venezuela rumbo a Europa como perseguido político. Allí se quedó y contó en su dramaturgia su preocupación por los mecanismos del poder, la corrupción, la manipulación. Encontró en su grupo de teatro la manera de plasmar una visión pionera, que recorrió América Latina y especialmente Argentina en la primavera democrática. No es casualidad que su gente esté en Paraguay para este festival, ni que Córdoba haya honrado a la sala principal del Teatro Real con su nombre, el nombre de un teatrero que supo dosificar estética y política sin renunciar a ninguna, y que dejó obras como Señor Presidente, la compañía Rajatabla y el festival caraqueño. Leer - Saber - Actuar · 49 Malón de la Paz Padrão de reprodução do capital El Uruguay como problema y otros escritos De la apoteosis al confinamiento, secuestro y destierro Contribuições da teoria marxista da dependência Marcelo Valko Peña Lillo-Continente; Buenos Aires, octubre de 2012 250 páginas; ISBN: 978-950-754-383-8 Varios Autores Boitempo; San Pablo, junio de 2012 144 páginas; ISBN: 978-85-7559-282-3 Alberto Methol Ferré Publicaciones Del Sur, Buenos Aires, 2010 196 Páginas ISBN 978-987-26392-0-4 Una marcha de 174 aborígenes que caminó dos mil kilómetros, desde el norte argentino, para recuperar sus tierras. “Ocurrió en 1946, durante el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón –comienza diciendo el prólogo de Osvaldo Bayer. El Malón de la Paz. Ya el nombre lleva consigo una ironía histórica. Y todo va a terminar con una ironía desgarrante”. Tal como señala el prologuista, se trata de “un episodio escondido de nuestra historia cercana, que a los argentinos nos toca principalmente en el campo de la Ética”. Bayer resume: “en 1946, se les prometerá su reconocimiento como seres humanos y ciudadanos y después de la fiesta se los echará como a perros sarnosos (...) en 1947, se producirá una nueva represión sangrienta”. ¿Qué pretendían? “Aspiraban a que les permitiesen trabajar sus áridos terruños” dice el autor. Y sigue el prólogo: “Pero ni eso. Ni la tierra para trabajarla. Despacio en el tiempo, como siempre lo hicieron durante siglos y siglos. Pero ni eso, en 1946, palos, gases y ‘envagonamiento’, es decir, encierro en vagones sin posibilidad de palabra, ni siquiera la palabra”. Reinterpretación colectiva de la historia latinoamericana por medio de una historia económica de la dependencia. Los autores, pertenecientes a dos generaciones de vigorosa tradición de la teoría marxista de la dependencia, se reúnen para presentar un estudio sobre las leyes de tendencia del sistema capitalista y las formas de producción, acumulación, circulación y apropiación del valor, o sea del proceso reproductivo del capital, en el continente. Con la teoría del valor de Marx como núcleo orgánico, este texto se propone presentar los ciclos del capital y su proceso reproductivo en el tiempo, en contextos histórico-concretos, sin concesiones a otras vertientes teóricas. Según los compiladores, para captar el movimiento del capital en el contexto de situaciones histórico-concretas es preciso transitar en diferentes niveles de abstracción, desde los más elevados de las categorías de El Capital hasta aquellas que resultan de la síntesis de múltiples determinaciones de la experiencia social en el tiempo. En todo caso, la crisis contemporánea del sistema que estudió Marx otorga nueva vigencia a su libro mayor. “El Uruguay es la llave de la Cuenca del Plata y el Atlántico Sur…”. Methol define así la función geopolítica de Uruguay en América Latina. Uruguay se debate entre Artigas y Lord Ponsonby. Puede seguir siendo el Estado Tapón creado por Gran Bretaña –ahora bajo control norteamericano– o articular la Cuenca del Plata, núcleo de la unidad suramericana. El libro no menciona el concepto geopolítico fundamental de las últimas obras de Methol –los Estados Continentales Industriales– pero gira en torno a esa idea. La verdadera independencia y el desarrollo industrial exigen la unidad continental latinoamericana, que debe comenzar por América del Sur, desde la Cuenca del Plata. De allí la importancia del Uruguay entre Argentina y Brasil. La edición se inicia con palabras de José Mujica, de quien Methol fue asesor. “Pepe” recuerda la denuncia que “Tucho” hizo de la acción del embajador norteamericano en 1958 por la que se marginó a Herrera del gobierno. Repercusión de la campaña contra la instalación de Bases militares norteamericanas en Uruguay. Asunto de la mayor actualidad en nuestra América Latina. Mis palabras ... nuestras Janette Rodríguez Herrera FLa Mancha; Caracas, octubre 2011 88 páginas; ISBN: 978-980-7008-22-8 Geopolítica de la Cuenca del Plata La otra izquierda La socialdemocracia en América Latina Fernando Pedrosa CI; Buenos Aires, junio de 2012 490 páginas; ISBN: 978-987-614-370-7 Todo 11 tiene su 13 La vida ilustrada de Hugo Chávez Frías Varios autores MPPC; Caracas, julio 2012 ISBN: 978-980-7248-11-2 50 · Análisis de la noticia Diciembre 2012 - Enero 2013 Fascismo iberoamericano Por Luis Bilbao A demás de imágenes de desesperación y violencia, desde España llegan otras noticias: el franquismo redivivo se propone crear en América Latina una Internacional Parda, a la que ha bautizado Partido Popular Iberoamericano (PPI). “Tenemos –dijo la secretaria general del PP de España, María Dolores de Cospedal– buenas relaciones con partidos hermanos de Iberoamérica, del Norte, Centro y Sur y de Portugal, pero no una gran organización (...) un partido iberoamericano y americano que permita tener una organización política global de centro-derecha a los dos lados del Atlántico”, en condiciones de “enfrentar el populismo y la antipolítica”. Al mando efectivo está el ex presidente José María Aznar. Detrás de él, la ultraderecha europea y estadounidense, que lo financia y cubre apariencias a través de la Faes (Fundación para el análisis y el estudio social). El nonato Partido Popular Iberoamericano se proyecta como extensión del existente a escala europea (cuenta con 73 partidos de 40 países) y toma como modelo al Partido Popular de España, contra el cual se levantan las masas de aquel país, otra vez a manos del franquismo y en tirabuzón por el abismo económico y la confrontación social. “Es responsabilidad del centro-derecha político iberoamericano, como en su momento hicimos en España, dejar a un lado las diferencias para construir grandes alternativas”, abunda Cospedal. Cambio de tono Extemporáneo, absurdo, el propósito tiene sin embargo fundamentos sólidos. En las principales economías latinoamericanas el desarrollismo tardío repite su historia y vuelve a mostrarse impotente. Como en los años 1950 y 1960, al cabo de un fugaz período se revela como máscara engañosa del crecimiento. Y bajo el camuflaje de índices equívocos reproduce desigualdad y superexplotación, mientras la pobreza sigue imperturbable su tendencia ascendente. También reiteró su capacidad, hay que admitirlo, para confundir y arrastrar a innumerables cuadros políticos que pudieron tener mejor destino. Sobreviene así otra vez el estrangulamiento. Varios países de América Latina están ya de lleno o al borde de una crisis clásica de proporciones mayores a las del pasado, por lo mismo que hoy se inscribe en un mundo en el cual el agujero negro, con su poderosa fuerza de irrefrenable succión, está en los países centrales. Así, quiéraselo o no, la región avanza hacia el choque entre revolución y contrarrevolución. La mixtura híbrida de socialdemocracia con neodesarrollismo, dominante en las últimas décadas en más de un elenco gubernamental de la región, no puede frenar esa marcha. A diferencia del período en que aquel experimento de sal- vataje capitalista tuvo su hora de gloria, medio siglo atrás, en la reiteración del fracaso hay una alternativa visible para los millones de seres humanos acosados por el capitalismo. Con los países del Alba se yergue una propuesta lúcida, autóctona, potente, para acometer la transición al socialismo. Se entiende entonces que el fascismo contemporáneo pretenda expandirse hacia estas latitudes. Un aparato internacional organizado desde los centros imperiales, para articular la respuesta fascista a la crisis del sistema en América Latina. Eso pretende ser el PPI. Reemplazo Reiterando la secuencia vivida en España, Aznar viene con su proto PPI a reemplazar a Felipe González y su extensión, José Rodríguez Zapatero, es decir, la socialdemocracia. Testaferro de la Internacional Socialdemócrata para la penetración del imperialismo europeo en América Latina, el Psoe actuó como punta de lanza para desviar y corromper procesos y cuadros revolucionarios. Agotado su papel, cuando las dificultades arrecian y el progresismo ya no cotiza, desde Bruselas y Washington apelan al fascismo del siglo XXI. El capital necesita ahora que el puño sanguinario reemplace a la urbanidad reformista. Hace décadas una mente lúcida lo resumió: los socialdemócratas son los porteros del fascismo. Encargado de armar la estructura del PPI está José Ramón García Hernández, secretario de Relaciones Internacionales del PP. Cuenta con el Partido Republicano de Estados Unidos y Renovación Nacional, del presidente chileno Sebastián Piñera. Son “organizaciones hermanas”, explica García. Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia y Mauricio Macri, alcalde de la ciudad de Buenos Aires, son también de la partida. Por cálculo electoral, Macri se mantiene tras bambalinas. Colaboran igualmente plumas previsibles como las de Mario Vargas Llosa y Jesús Montaner, entre otros portavoces de la CIA. La mesa está servida. Según García, el objetivo demorará “algunos años en implantarse, pero en un año y medio podrían sentarse las bases para comenzar a constituirse”. Cospedal tiene otros planes: espera que la Internacional Parda “fragüe en algunos meses”. Espacios En el espejo de estos movimientos estratégicos del gran capital internacional aparecen con mayor claridad las carencias de la respuesta anticapitalista. Pasó mucho tiempo desde que el presidente Hugo Chávez convocó a la edificación de la V Internacional. No sólo las diversas variantes del extenso arco socialdemócrata y neodesarrollista faltaron a la cita. El sinuoso y ahora acelerado proceso de recomposición de fuerzas en América Latina y el Caribe, no puede demorar su responsabilidad.