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Democracia

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DEMOCRACIA Cultura Jurídica Documento de clase Jorge Alberto Velásquez Betancur  Profesor  “La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.  Abraham Lincoln “No es lo mismo que el poder emane del pueblo, que resida en el pueblo, y aún menos —cosa imposible— que lo ejerza el pueblo” . (Manuel Tuñón de Lara, Historia y Realidad del Poder . Junio, 1967) Origen La democra democracia cia es un sistem sistema a origin originario ario de la antigu antigua a Grecia Grecia.. Pero el paso paso del tiempo y las invasiones a la península helénica la sumen en el abandono. A finales del siglo XVIII es rescatada y reinventada al calor de la agitación social de las revoluciones revoluciones norteamericana norteamericana y francesa. francesa. En el despertar democrático democrático influyen en el siglo XIX el fin del colonialismo europeo y la abolición de la esclavitud. Norberto Bobbio (1997, 15) hace referencia a este tránsito cuando señala que “los escrito escritores res democrá democrátic ticos os de fines fines del siglo siglo XVIII XVIII contrap contraponí onían an la democra democracia cia moderna (representativa) a la democracia de los antiguos (directa)”. En efecto, según sus palabras, “cuando hoy se habla de democracia occidental se hace referencia a regímenes surgidos en los últimos doscientos años, después de las revoluciones norteamericana y francesa”. La democracia es un importante aporte de la Grecia Antigua a la humanidad. El sistema democrático que se conoce hoy es reciente. La democracia, como la entendemos ahora, se alimenta de tres tradiciones o momentos: La democracia clásica o teoría aristotélica, que distingue la democracia como gobierno del pueblo, de la monarquía, que es el gobierno de un solo hombre, y de la aristocracia, que es el gobierno de pocos. La teoría de la soberanía popular (medieval), que habla del poder ascendente contrapuesto contrapuesto al poder descendente, descendente, que es el poder del príncipe, príncipe, transmitido transmitido por  delegación o por herencia. La teoría moderna o teoría maquiavélica, que plantea la existencia de la República contrapuesta contrapuesta a la monarquía. monarquía. El poder no está concentrado concentrado en una sola persona, persona, sino que está distribuido en diversos cuerpos colegiados, donde todos tienen la oportunidad oportunidad de participar en la definición definición de las normas que han de regir el orden social (Bobbio et al, 1997, 441-442). La democracia se consolida en el siglo XX gracias a procesos sociales de gran impac impacto to como como la exte extens nsión ión del del sufr sufrag agio io univ univers ersal al,, el recon reconoc ocim imie ient nto o de los los derechos de los trabajadores y de la igualdad de las mujeres ante la ley, así como de la garantía de no discriminación para las minorías raciales y étnicas, todo lo cual se suma al auge de los medios de información y a la masificación de la educación. Definiciones Significado El debate sobre la democracia trasciende su definición etimológica, porque la experiencia ha demostrado que no se cumple al pie de la letra. Democracia es un vocablo que proviene del griego: Demos, pueblo, y Kratos (poder) - Kratein – gobierno): el poder del pueblo o el gobierno del pueblo. Pero nunca el pueblo ha ( gobierno): gobernado. Este debate lo documenta con suficiente ilustración Giovanni Sartori (1994) cuando se pregunta “¿Qué es la democracia?” y lo refuerza Norberto Bobbio (1997) cuando expone “las promesas incumplidas de la democracia”. La democracia se mueve entre lo real y lo ideal, entre el ser y el deber ser, entre lo prescriptivo y lo descriptivo, entre la filosofía y el empirismo. Su estudio puede hacerse, entonces, desde una dimensión empírica, que se pregunta qué es y cómo funciona, y desde una dimensión normativa, que se pregunta por el deber  ser. “Una experiencia experiencia democrática democrática se desarrolla desarrolla a horcajadas horcajadas sobre el desnivel  entre el deber ser y el ser, a lo largo de la trayectoria signada por las aspiraciones ideales, que siempre van mas allá de las condiciones reales”  (Sartori, 1994, 4). Desd Desde e la dime dimens nsió ión n empí empíri rica ca se busc busca a iden identitififica carr cómo cómo se mani manififies esta ta la democracia en una sociedad particular; cómo funcionan sus instituciones, cómo se comportan sus actores y sobre cuáles condicionamientos (económicos, sociales) opera (Del Águila, 1997, 140). La dimensión normativa busca “establecer los principios e ideales normativos a los que una democracia debería ajustarse para merecer tal nombre” (Del Águila, 1997, 140). Desde esta dimensión normativa la democracia se plantea como el ideal de autogobierno de los individuos y de las comunidades, para lo cual es preciso identificar los valores, las instituciones y los comportamientos que la hagan posible. Los actos de mayor significación democrática que el pueblo alcanza a realizar son: ejercer el derecho al sufragio universal y directo para elegir a sus gobernantes (democracia representativa) o votar a favor o en contra de una norma (referendo) como ejercicio excepcional de la democracia directa. Por ello, lo adecuado es entender la democracia como una doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno y como el sistema político por  el cual el pueblo de un Estado ejerce su soberanía mediante cualquier forma de gobierno que haya decidido establecer. La democracia pretende permitirle al pueblo una manera positiva de vivir en comunidad. Para lograrlo, le concede la oportunidad de participar en las decisiones políticas a través del sufragio y del control político de los actos de gobierno. En “El futuro de la democracia”, Bobbio presenta lo que llama una “definición mínima de democracia, de acuerdo con la cual inicialmente se entiende por régimen democrático un conjunto de reglas procesales para la toma de decisiones colectivas en el que está prevista y propiciada la más amplia participación posible de los interesados” (Bobbio, 1997, 18). Superada la discusión etimológica, uno de los problemas iniciales que plantea el estudio de la democracia es el de la soberanía popular. La democracia es definida por la soberanía popular como fuente del poder, la regulación del poder por el Estado democrático de derecho y el ejercicio del poder a través de las instituciones republicanas de gobierno. El marco democrático del Estado social de Derecho precisa que las decisiones que afectan la vida cotidiana de la comunidad no son un asunto exclusivamente técnico sino un problema de interés ciudadano. Una manera de aproximarse al ideal democrático sería el ejercicio compartido del poder entre gobernantes y ciudadanos a través de los mecanismos de participación. La democracia es la forma de gobierno que pone en público lo que es del público (Bobbio, 1997). En la democracia el ejercicio del poder público debe ser visible y transparente como fundamento de la gobernabilidad. La transparencia es la coherencia entre las motivaciones del gobernante y sus decisiones, entre sus promesas y los actos administrativos. Cuando no hay coherencia entre lo que se dice o lo que se informa y lo que se hace, no hay transparencia. Cuando se dejan entrever dobleces o hay zonas oscuras falta transparencia a la gestión pública. La transparencia no es sólo entregar información a los ciudadanos y ciudadanas. En ocasiones, la información en exceso, sin contexto, es una forma de alimentar la desinformación. Además, la información debe ser adecuada, oportuna, veraz, imparcial y en concurrencia con las actuaciones administrativas. La democracia alienta y promueve la participación. Transparencia, información y participación son, a su vez, estrategias contra la corrupción y una forma eficaz de mejorar la gestión pública. Los pactos por la transparencia son los compromisos de los alcaldes, de los gobernadores y de las corporaciones autónomas regionales en donde aceptan el control de la ciudadanía y de la presidencia alrededor del acceso a la información y al cumplimiento de las obligaciones de eficiencia fiscal señaladas en la Ley 617 del año 2000. En síntesis, la democracia significa: Igualdad, que los griegos llamaron Isonomía, ante los hombres: la dignidad humana es un atributo per se, inherente a la existencia humana; ante las leyes: las mismas leyes rigen para todos.  Autonomía: las leyes son promulgadas por los mismos que deben someterse a ellas. Libertad: posibilidad de buscar el autodesarrollo con responsabilidad y solidaridad. Ejercicio de la palabra, que los griegos llamaron parresía. El hablar que permite la posibilidad de asentir o disentir en los asuntos de interés público. Participación: pertenencia a un proyecto político cuyo sentido se comparte. 1 Existe una articulación entre moral y democracia, pues algunos de estos conceptos son comunes al lenguaje moral y al político, bien porque tienen un claro origen moral o porque prácticas morales recientes los han incorporado a su quehacer. Valores La idea de democracia remite a los valores de libertad, igualdad, dignidad humana, autonomía, respeto y garantía de los Derechos Humanos. El fin de la democracia es garantizar, materializar y extender los derechos ciudadanos. El régimen de derechos y libertades solo puede darse en un régimen democrático. No es posible hablar de democracia sin un régimen de derechos humanos, cuya base, los derechos civiles, fueron proclamados por la Revolución Francesa de 1 Restrepo Gallego, Beatriz. Propuestas pedagógicas para la democracia. Aporte de la ética. Conferencia. Medellín. Disponible en: http://www.amauta-international.com/Restrepo.html. Fecha de consulta: 14 de abril de 2008 1789 y reconocidos formalmente en el siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial en la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU. Los Derechos Humanos son los derechos civiles (Libertad individual, de expresión, pensamiento y asociación), políticos (derecho a la participación) y sociales consagrados para todas las personas. “El término democracia desde siempre ha indicado una entidad política, una forma de Estado y de gobierno, y así ha permanecido como la acepción primaria del  término”  (Sartori, 1994, 5). Sin embargo, vista desde los valores que propugna, l a democracia va más allá de ser un sistema político. Trasciende este significado y se enmarca en la vida cotidiana de las personas. Es un principio de vida en sociedad. La democracia debe entenderse como un sistema de vida (social), como sistema político, como forma de gobierno y de organización del Estado, para lograr lo cual es necesario establecer y diferenciar la relación entre democracia política, democracia social y democracia económica, siendo la primera condición necesaria de las otras (Sartori, 1994, 8). La democracia como sistema social Está claro que la democracia no consiste en cumplir cada determinado tiempo con el ritual electoral. Tampoco se limita a ser una forma de gobierno. La democracia busca ser una práctica cotidiana tangible y visible en las diferentes relaciones sociales, entenderse como una forma de vida que alude a un conjunto de normas de conducta para la convivencia social y política y a la equidad en lo económico. Como sistema social es una forma de vivir basada en el respeto y reconocimiento de la dignidad de la persona humana. Su esencia es la convivencia. Sus pilares son la libertad, la igualdad, la dignidad y la autonomía de los individuos. Sartori alude a la experiencia de Alexis de Tocqueville en su obra “La democracia en América”, para señalar que la democracia social surge en Norteamérica por ser  “una sociedad caracterizada por una igualdad de condiciones” . Para él, “La democracia no es, aquí, lo contrario de tiranía sino de aristocracia: una estructura social horizontal en lugar de una estructura social vertical”  (Sartori, 1994, 5). Sartori también deduce una acepción de democracia social como “el conjunto de las democracias primarias –pequeñas comunidades y asociaciones voluntarias concretas- que vigorizan y alimentan la democracia desde la base, a partir de la sociedad civil”  (1994, 6), lo cual pone de presente la importancia de la promoción de la democracia local como una forma de fortalecer el todo a partir de las partes, y resalta la estrategia de la promoción de organizaciones sociales, múltiples y diversas en sus orígenes e intereses, como una forma de fortalecer el conjunto de la democracia. O, como él las llama, “la infraestructura de las microdemocracias, las cuales sirven de base a la superestructura política”. Para alcanzar la democracia política, que es el todo según la concepción de Sartori, es necesario tener democracia social (múltiples microdemocracias) y democracia económica (una sociedad con un espíritu igualitario), porque ambas “amplían y completan la democracia en sentido político”  o, dicho en otras palabras del mismo autor: “la democracia política es supraordenada y condicionante, y las otras son subordinadas y condicionadas”  (1994, 8). . La democracia como sistema político Como sistema político se basa en la libertad de las personas y en su facultad de decidir y elegir a sus representantes, así como de participar en la toma de decisiones sobre asuntos de interés colectivo y en la gestión de lo público. La democracia incluye unos valores, un conjunto de procesos y una suma de procedimientos (actividades) que mediante la participación y la expresión de la comunidad permiten la manifestación de la voluntad colectiva, a los cuales no puede ser ajeno el pluralismo. La democracia como forma de gobierno y de organización del Estado La democracia como forma de gobierno es la participación del pueblo en la acción gubernamental por medio del sufragio y del control que ejerce sobre las actuaciones del Estado. En la democracia, los poderes públicos emanan del pueblo políticamente organizado. La democracia es capacidad de participar y decidir. Hay dos formas de hacerlo: En la Democracia directa, es decir, sin intermediarios entre la voluntad popular y los actos de gobierno; en la Democracia representativa, mediante la elección de delegados para que gobiernen en nombre del pueblo que los eligió. La democracia requiere de un Estado que construya consensos y respete el disenso, además de controlar el territorio; de partidos políticos representativos y de actores sociales fuertes, con capacidad para tomar decisiones colectivas. “El Estado liberal no solamente es el supuesto histórico sino también jurídico del  Estado democrático. El Estado liberal y el Estado democrático son interdependientes en dos formas: 1) en la línea que va del liberalismo a la democracia, en el sentido de que son necesarias ciertas libertades para el  correcto ejercicio del poder democrático; 2) en la línea opuesta, la que va de la democracia al liberalismo, en el sentido de que es indispensable el poder  democrático para garantizar la existencia y la persistencia de las libertades fundamentales. En otras palabras: es improbable que un Estado no liberal pueda asegurar un correcto funcionamiento de la democracia, y por otra parte es poco  probable que un Estado no democrático sea capaz de garantizar las libertades fundamentales. La prueba histórica de esta interdependencia está en el hecho de que el Estado liberal y el Estado democrático cuando caen, caen juntos”. (Bobbio, 1997, 27). Clases de democracia ¿Existe una clase de democracia con múltiples variantes en su aplicación o hay varias clases de democracia con diversas teorías que las sustentan? Sartori se pregunta en el prefacio de su obra “¿Qué es la democracia?” (1994, XIII) si “ ¿La teoría sobre la democracia es una o es múltiple? Si son ¿Muchas teorías sobre muchas democracias o una teoría sobre una democracia? ”  A renglón seguido, Sartori responde que desde el género la respuesta es una y desde la especie puede ser múltiple, aunque se muestra partidario de una tesis unitaria de la democracia, “es decir, que la teoría sobre la democracia posee un cuerpo central y que las llamadas teorías alternativas de la democracia no son tales”, por que o son falsas o son parciales. Democracia directa : cuando las decisiones que regulan la vida en sociedad son adoptadas directamente por los miembros del pueblo, en asambleas o consejos, de tal manera que las opiniones o los votos de cada uno tengan el mismo peso o valor. Democracia indirecta o representativa : cuando las decisiones son adoptadas por personas reconocidas o elegidas por el pueblo como sus representantes. La democracia representativa acude a formas de la democracia directa para darle un mayor peso a los ciudadanos (audiencias públicas, recursos por la vía gubernativa, defensor del pueblo). Es el sistema más utilizado en el mundo. Democracia participativa : cuando se facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas o cuando se facilita a la ciudadanía acudir a mecanismos plebiscitarios.  Algunos autores se refieren a ella como democracia semidirecta porque el pueblo se expresa mediante mecanismos participativos, tales como: Plebiscito: el pueblo elige SI o NO sobre una propuesta determinada. Referéndum: el pueblo concede o niega la aprobación final de una norma (Constitución, Ley, Tratado). Iniciativa popular: mecanismo que permite que un grupo de ciudadanos proponga la aprobación o derogación de una norma. Revocatoria del mandato: procedimiento mediante el cual los ciudadanos pueden destituir a un funcionario electo antes de finalizar su período. Democracia deliberativa : hace énfasis en la deliberación o debate sobre los asuntos de interés público, más que en el voto propiamente dicho. También se habla de democracia social como aquella que reconoce a las organizaciones de la sociedad civil como sujetos políticos. Las formas de democracia enunciadas no son excluyentes. Se integran como mecanismos complementarios. El paso de la democracia política a la democracia social pone de presente la comparación entre democracia representativa y democracia directa. Para Norberto Bobbio (1997, 61) no son sistemas alternativos o excluyentes, sino que pueden integrarse recíprocamente. Este autor considera que la democracia directa puede ser un apoyo o un complemento para la representativa, si se acogen iniciativas populares encaminadas a mejorar la gestión pública a través de la descentralización y la participación local. Elementos de la democracia De existencia: - La Constitución: Contiene las normas que rigen el funcionamiento del Estado, establece la separación de los diversos poderes públicos, consagra el sistema de derechos y deberes y los mecanismos de control. La existencia de una Constitución es la garantía del Estado de Derecho. - Soberanía popular: El poder de tomar decisiones corresponde al cuerpo político de ciudadanos, que lo ejerce directa o indirectamente. Los poderes públicos emanan del pueblo políticamente organizado. - Sufragio universal: Derecho a elegir y a ser elegido en virtud del voto universal y secreto. Elección de las autoridades ejecutivas y legislativas por  voto universal y secreto. Procesos electorales amplios y transparentes. - Principio de Igualdad: Igualdad de los ciudadanos y ciudadanas ante la Ley e igualdad ante las oportunidades. Rechazo de toda forma de discriminación por sexo, etnia, nacionalidad, ideología, capacidad económica, formación académica. - División, separación y autonomía (independencia) de las ramas del poder  público. - Responsabilidad de las ramas u órganos del poder público ante el pueblo. - Vigencia del régimen de mayorías, respeto y protección para las minorías. De supervivencia: - Representación equitativa de todos los miembros de la sociedad en la formación y gestión de las instituciones públicas. - Independencia de los jueces: el poder judicial es independiente a los otros poderes públicos, no depende del voto de los ciudadanos sino que se rige por sus propias reglas y, en cambio, controla a los poderes Legislativo y Ejecutivo. Esto permite hablar a algunos autores de democracia aristocrática. - Sistemas efectivos de control de la gestión pública. - Vigencia y garantía de los Derechos Humanos. Garantía de los derechos políticos y las libertades individuales. Libertad de asociación y de reunión. Respeto hacia el libre desarrollo de los individuos. - Libertad de opinión, pensamiento, expresión e información. Acceso libre y universal a la información y a las herramientas de expresión y comunicación, como requisito de la participación, capacidad de evaluar  alternativas, de formarse criterios y tomar decisiones. Acceso a la información para todos los ciudadanos y no solo para los medios de comunicación. En una democracia la información es un derecho de los ciudadanos y ciudadanas y una obligación de las autoridades. - Autonomía de los individuos. - Reconocimiento de la diversidad étnica y cultural. - Deliberación pública sobre la razón y actuación de las instituciones públicas. - Mecanismos electorales representativos y confiables, control de las campañas electorales. - Presencia de varios partidos políticos estructurados. - Sistema educativo universal. - Negociación y búsqueda de consensos en las relaciones entre los individuos y el Estado y entre los entes territoriales. - Reconocimiento de la diversidad geográfica, histórica, cultural y económica de las regiones. - Ordenamiento territorial equilibrado. - Mejor distribución del ingreso. Equidad en los ingresos. - La garantía y protección de la propiedad privada, como característica esencial de la democracia liberal. Modelos de democracia Democracia – pluralismo – consenso – disenso El pluralismo que reconoce la Constitución Política es un valor sustancial, para el cual resulta fundamental definir y desarrollar procedimientos de discusión y de decisión que constituyan garantías participativas y comunicativas en la tramitación de los conflictos, que permitan, así mismo, lograr consensos argumentativos en torno a lo verdadero y a lo justo, produciendo transacciones equilibradas de intereses. La democracia representativa, al reconocer al pluralismo como de su esencia, se torna en un sistema apegado a los rituales y a los procedimientos, requeridos para el trámite riguroso y transparente de los diversos intereses en pugna. En este marco, cobran importancia conceptos como interlocución, deliberación, acuerdo, consenso y disenso. Las decisiones En una democracia, los representantes del pueblo y los funcionarios del Estado toman las decisiones en derecho y en equidad, y, excepcionalmente, las toman en conciencia y bajo el principio de verdad sabida y buena fe guardada. Las decisiones en derecho están soportadas en la ley, en su interpretación y en hechos objetivamente probados. Las decisiones en equidad son menos frecuentes y son tomadas buscando el equilibrio en la decisión, evitando cargas gravosas para las partes y asignando beneficios a quien los necesita. Las decisiones en conciencia y las de verdad sabida y buena fe guardada se remiten al fuero interno del fallador. Quienes deciden no tienen que hacer explícitos los hechos. Todas las decisiones tienen control, incluso las que se toman en conciencia o las que se toman bajo el principio de la verdad sabida y la buena fe guardada, porque ellas pueden ser declaradas contraevidentes. Lo local  A una democracia plena corresponde un Estado Social de Derec ho. La realidad es que en Colombia no hay Estado en el ámbito local. ¿Qué es el Estado local? Una estructura que les brinda seguridad a todos por  igual, acceso a las oportunidades de salud, educación, nutrición y trabajo y otras garantías como libre tránsito, libre información, comunicaciones, acceso al espacio público, a las culturas y a las expresiones artísticas. Para la democracia local existe la posibilidad de generar Estado desde la base. La clave está en la participación general de todos los habitantes de las veredas, los corregimientos, los barrios, las ciudades. A la formación de Estado local deben concurrir los dueños de la tierra, los pequeños propietarios, los aparceros, los trabajadores, los empleados, los desempleados, las mujeres, las amas de casa, los jóvenes, los religiosos, los pastores, los educadores, los trabajadores de la cultura, los deportistas, los deportistas. La comunidad es una alianza de todos y todas alrededor de objetivos comunes o de necesidades comunes, de proyectos compartidos que los obligue a actuar de consuno. Uno de esos propósitos es la seguridad, pero no el único. De la solidaridad deviene la comunidad de intereses. Si no hay comunidad de intereses no habrá nunca unidad para enfrentar la inseguridad. Si a los propietarios solo les interesa la seguridad, no la obtendrán mientras no sean solidarios y no generen intereses comunes con sus vecinos. Esa generación de Estado de primer nivel debe estimularse desde el Estado central como una forma de contribuir a la paz y a la convivencia. El reto de generar el Estado desde la base es lo que no ha afrontado Colombia desde sus comienzos. Las zonas rurales, en muchos casos, tienen escuela, puesto de salud, energía eléctrica o acueducto, pero no tienen la autoridad del Estado, porque la autoridad del Estado es lejana y solo sirve para meterles miedo o meterlos a la cárcel con la más mínima disculpa. Los campesinos y las comunidades pequeñas no tienen autoridad porque no han intervenido en su generación, no han participado en el proceso y por eso no la sienten propia, no la respetan. La autoridad debe ser representativa. Si esto ocurre en el ámbito municipal, qué podrá decirse de la autoridad en los niveles regional y nacional. La seguridad democrática solo se genera cuando sea la propia población la que la provea, la que la elija, la que la haga cumplir. Colombia requiere cuanto antes la llegada de la autoridad con capacidad de convocatoria a la vereda, al corregimiento, al barrio para que los vecinos elijan su autoridad. Como eligen los pequeños poblados de Estados Unidos el Sheriff o el comisario. Participación ciudadana En una democracia los actores políticos son los ciudadanos, pues son éstos quienes han sido dotados del poder constituyente. Así lo señala el artículo 40 de la Constitución Política de Colombia cuando reconoce que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. (Ver  artículo 40 C.P. en relación con los artículos 103 CP, 105 C.P y 374 C.P.) Pero siempre es preferible hablar de ciudadanas y ciudadanos activos, informados, comprometidos y organizados. Los actores políticos activos son, entonces, los integrantes de las Juntas Administradoras Locales, de las Juntas de  Acción Comunal, de los comités barriales de deportes, cultura, convivencia, de los grupos artísticos y culturales, cívicos y deportivos, de las mesas barriales, de la tercera edad, los clubes juveniles, la organización social de mujeres, como parte de lo que se llama la sociedad civil. El concepto de democracia incluye lo electoral, que da origen al poder político, pero no se queda allí. Se refiere, igualmente, a la participación, aunque la democracia participativa de Colombia es imperfecta e incompleta. El contenido de la democracia abarca lo económico, lo social, lo igualitario, lo político, lo cultural, lo religioso, lo étnico y lo científico, que unidos integran la "democracia total", que sigue siendo la única utopía política posible. La existencia y funcionamiento del sistema democrático requiere la presencia activa de partidos políticos y movimientos sociales. Pretender lo contrario es desconocer la esencia de la democracia e incurrir en un juego de intereses peligroso y desestabilizador. Hablar mal de la política -en general- termina por  deslegitimar la democracia y le resta espacios a la convivencia. La política es la expresión de la democracia y la forma de acceder al gobierno de los pueblos. Y todo aquel que se inclina por los asuntos públicos y por participar  en alguna instancia de gobierno -regional o nacional- hace política para lograr sus objetivos. Quienes dicen que no hacen política y participan en el manejo de lo público son mentirosos o están en el lugar equivocado. Oposición La "oposición" es un componente político de la democracia, es un contrapeso institucional que legitima el mismo ejercicio del poder, porque lo aleja de las tentaciones autoritarias. En Colombia, la oposición es satanizada hábilmente por  el bipartidismo instalado en el poder, que siempre quiere ejercer el mando sin obstáculos, ni jurídicos ni políticos. La vocación de mando del bipartidismo, que está guiada por el imperativo de mantener el statu quo, lo establecido, no admite movimientos de oposición que desnuden el autoritarismo y las desviaciones antidemocráticas en el ejercicio del poder. La política colombiana está reducida desde hace siglo y medio al bipartidismo liberal-conservador. Algunas veces, alguno de los partidos tradicionales actúa de manera hegemónica: la 'hegemonía conservadora' se dio desde 1886 hasta 1930; y la 'república liberal' actuó entre 1930 y 1946, año a partir del cual se presentó otro pequeño período de hegemonía conservadora hasta el golpe militar de 1953. Luego de la dictadura militar, los partidos históricos actuaron de forma coaligada en ese largo período de cohabitación burocrática que fue el Frente Nacional, prolongado a través de los años con la figura de la 'participación adecuada y equitativa al partido que siguiera en votos al del presidente'. Finalizado oficialmente el Frente Nacional en 1974, en las décadas siguientes, los partidos tradicionales continuaron al frente del gobierno a través de coaliciones transitorias, propias de cada período presidencial. En los períodos de hegemonía política el partido excluido del gobierno actuaba como oposición parlamentaria. La historia recuerda la oposición de Laureano Gómez al gobierno de Alfonso López Pumarejo y la de Jorge Eliécer Gaitán al gobierno de Mariano Ospina Pérez. A partir de los años 30 del siglo XX esta actividad estuvo acompañada de diversas manifestaciones de violencia política, ejercida muchas veces al amparo de los gobiernos de turno o con la complicidad de las instituciones. En este contexto es muy difícil la existencia de la oposición. Lo que hay son algunos esfuerzos, por momentos titánicos y aislados por hacerla, de parte de organizaciones políticas en consolidación. En el país se han presentado algunos intentos por construir partidos o movimientos políticos distintos al bipartidismo liberal-conservador. A veces, desde la izquierda política, en lo cual el Partido Comunista fue el pionero, otras veces con disidencias del bipartidismo como lo fueron las liberales de Jorge Eliécer Gaitán y la Unir en los 30 y 40, la de Alfonso López Michelsen y el MRL en los 60, o la de Luis Carlos Galán y el Nuevo Liberalismo en los 80, o las conservadoras de Gilberto Alzate Avendaño en los 50, y Jorge Leyva al inicio de los 60, para mencionar algunas. Con estas prácticas como ejemplo, en Colombia cogió fuerza la idea de que la oposición era una actividad con una connotación negativa y obstruccionista de los gobiernos. A ello ayudó mucho la presencia de modalidades de violencia política, lo que instaló en el imaginario social la idea de oposición como algo negativo, sinónimo de subversión. El resultado es que socialmente no se le valora y, más bien, se le estigmatiza. Para el establecimiento, incluso, la pretensión es la de exterminarla. No han faltado los equívocos en los conceptos, porque se terminó confundiendo oposición con cualquier tipo de disidencia, malentendido o desavenencia personal. La oposición no es una actividad individual de políticos de uno u otro partido, periodistas, académicos, o personalidades de ideología diferente. Tampoco se reduce a un ejercicio de análisis crítico. La verdadera oposición se da en el ámbito del Congreso -escenario por excelencia de la misma- y a través de los partidos políticos -que deben tener una estructura seria que frene las tendencias a la 'migración' de congresistas de un partido a otro. Es decir, requiere además de un marco legal que la estimule, de mecanismos adecuados para realizarla. Y, sobre todo, de la comprensión por parte de la sociedad acerca de su importancia. Una buena democracia requiere contar con una oposición seria que haga control político de los gobernantes y que sea alternativa de gobierno para los ciudadanos. La reforma política del 2003 y la ley de bancadas contribuyen, por lo menos en parte, al fortalecimiento de los partidos políticos y a frenar la práctica del transfuguismo, de tal manera que el desarrollo de la actividad de los partidos de oposición no se vea debilitada por las seducciones individuales de los dirigentes políticos, como se vio en el pasado inmediato. En Colombia no hay oposición por temor de unos y por debilidad de otros que prefieren ser comprados con posiciones burocráticas. El silencio y la falta de crítica son una forma de claudicación. En Colombia, los medios renunciaron a la crítica, para ahorrarle al gobierno el gesto de la censura, propio de los estados autoritarios y dictatoriales y por eso los dueños de los medios de información, no los periodistas rasos, afirman que no hay censura. Lo que hay en marcha es un proceso de desideologización de los ciudadanos, de despojo de la conciencia ética, para que sean presa fácil del autoritarismo, del clientelismo y de los demás vicios de la política tradicional. En ese proceso intervienen de manera decidida el aparato ideológico del Estado y los medios de difusión. Democracia y diálogo Bajo la vigencia de la Constitución de 1991 las decisiones que afectan la vida de las personas y su relacionamiento con el Estado deben ser resultado del diálogo constructivo, de la búsqueda de acuerdos entre autoridades y ciudadanos en defensa del bien común. La democracia es o no es. No es un sistema que sea bueno a raticos. La democracia va mucho más allá del simple acto de elegir y ser elegido. El paso de la democracia representativa a la democracia participativa significa un cambio sustancial. Bajo el primer esquema, propio de la Constitución de 1886, los funcionarios solo hablaban, hacían favores y llevaban “soluciones” como caídas del cielo. Bajo el segundo modelo, previsto en la Constitución de 1991, los funcionarios deben hablar menos y escuchar más. Y deben trabajar  conjuntamente con la comunidad. El primero es el reino de las imposiciones, el segundo es el lugar de los acuerdos. La democracia es una suma de procedimientos que promueven y facilitan la participación y la expresión de la comunidad. En una democracia participativa los servidores públicos están en la obligación de escuchar a la gente. Es algo más que un deber. Los ciudadanos deben ser escuchados en uso de plenos derechos consagrados en la Constitución. La democracia implica respetar las ideas ajenas, valorar las críticas y no confundir la crítica con la obstrucción. La crítica –tanto la que se da como la que se recibe- es signo de madurez y, como tal, un soporte de la democracia y un sano remedio contra los peligros del unanimismo. Como lo ha dicho la Corte Constitucional: “la libertad tiene significado es en la vida social”. O lo que es lo mismo: la vida social, cuya realización es la convivencia, no puede estar basada en un orden prohibitivo, porque contradice la naturaleza de lo social y se inscribe fácilmente en el ámbito de lo arbitrario. Las prohibiciones absolutas chocan, pues, con el régimen de libertades previsto en la Constitución. La crisis de la democracia La democracia enfrenta un problema fundamental en el que confluyen la crisis del sistema de representación política y la crisis de la participación ciudadana. La participación política está en discusión porque el sistema representativo se ha quedado corto en sus alcances y respuestas. Y la participación ciudadana constituye una incógnita y un reto para la democracia contemporánea. La crisis de la democracia pone de presente que es posible su reconstitución a través del fortalecimiento de la democracia representativa mediante el impulso y promoción de nuevos instrumentos de comunicación y participación ciudadana. Escudero propone que uno de los cinco pilares de la democracia que hay que reconstituir es la delegación del poder desde los representados a los representantes, “lo que en la terminología neorrepublicana se entiende por el consentimiento” (2005, 152). “Los otros aspectos eran el control por parte de los representados, la sensibilidad de los representantes con los representados y la inclusividad  en el sistema de los representados, y, por fin, la igualdad en la representación de todos los ciudadanos, independientemente de su poder o de su capacidad de presión”  (Escudero, 2005, 152). Diversos factores contribuyen a la crisis de la democracia: La democracia representativa padece una crisis de confianza y de resultados, que se refleja en la desmotivación de los ciudadanos y en la disminución de los índices de participación en los certámenes electorales. Para sustentar esta afirmación son ilustrativos los siguientes ejemplos: En Colombia, el abstencionismo es el común denominador en las elecciones, aunque en la última década los niveles de participación electoral han crecido un poco. En las elecciones regionales de octubre de 2007, para elegir gobernadores, alcaldes, asambleas, concejos y juntas administradoras locales, votaron 15 millones de ciudadanos, de 27 millones habilitados en el censo electoral, con una participación del 55.55 por ciento. En las elecciones presidenciales, los votos obtenidos por el candidato ganador no son mayores al número de abstencionistas, pese al repunte de la participación. Por ejemplo, en las elecciones presidenciales de 2002, la participación electoral fue del 46.47 por ciento; en las presidenciales de 2006, la participación fue del 45.05 por ciento; en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2010 la participación ascendió al 49.27 por ciento y en la segunda y definitiva ronda la participación fue del 44.32 por ciento, según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la entidad ejecutora de los comicios en Colombia. 2 El abstencionismo es una reacción de apatía de la gente ante la desconfianza hacia los políticos y las instituciones públicas. Quienes se abstienen no creen en el sistema o dudan de la capacidad de éste para resolver sus problemas inmediatos y, en muchos casos, les parece alejado de sus verdaderas necesidades. Colombia es el país con más alto índice de abstención electoral en América Latina. Mientras el promedio continental es del 25 por ciento, en Colombia la abstención promedio es del 45%. En la mayoría de países de América Latina el voto es obligatorio (Argentina, Venezuela, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay). En Colombia es libre, pero muestra los menores niveles de participación de América Latina. Colombia es el único país de la región que presenta un conflicto armado, donde los grupos al margen de la ley (guerrilla y paramilitarismo) ejercen presión sobre los ciudadanos, en las actuaciones de su vida cotidiana y en sus decisiones políticas. Comparativamente, en España, la participación es históricamente más alta, según los registros del Ministerio del Interior 3: En las Elecciones Generales de junio de 1993, para Congreso de los Diputados la participación fue del 76.44 por ciento y la abstención del 23.56%. En marzo de 1996, también para Congreso de los Diputados, se registró una participación 2 3 Ver: http://www.registraduria.gov.co/elecciones Ver: http://www.elecciones.mir.es/MIR.es/MIR/jsp/resultados/index.htm electoral del 77.38 por ciento y una abstención del 22.62 por ciento. En marzo de 2000, se obtuvo una participación del 68.71 por ciento frente a una abstención del 31.29% para la misma Cámara en las Elecciones Generales. En marzo de 2004 la participación fue del 75.66 por ciento (abstención: 24.34%) y en marzo de 2008 la participación bajó levemente al 73.85%, con una abstención electoral del 26.15%. Los partidos políticos, “únicos sujetos autorizados para fungir como mediadores entre los individuos y el gobierno”  (Bobbio, 1997, 19), requieren más participación electoral para legitimar su capacidad de representación y ascendencia sobre la sociedad y sobre el poder ejecutivo, al tiempo que deben redefinir su papel en la sociedad, por cuanto pierden protagonismo con las organizaciones sociales. Los gobiernos elegidos mediante sufragio universal urgen de más participación ciudadana para legitimar sus planes de desarrollo, sus programas y actividades. Los ciudadanos piden mayores oportunidades de participación en la gestión de los procesos sociales, en los ámbitos de decisión y en el control del poder. La comunidad, en su conjunto, quiere contar con más espacios de deliberación y concertación que tiendan a la construcción de un sistema democrático eficaz.  Ante la presencia de estos factores, la participación ciudadana constituye una incógnita y un reto para la democracia contemporánea. En una sociedad cada vez más compleja y diversa, la consolidación de la democracia depende de fórmulas y soluciones que estimulen la participación ciudadana y amplíen el espacio para la toma de decisiones sobre lo público. Ciudadanos y ciudadanas, individualmente o a través de grupos organizados de la sociedad civil, no siempre tienen la oportunidad de acceder a los instrumentos de planeación, de gestión y de control sobre las decisiones oficiales que afectan su vida. Por esta razón, los individuos no son todavía los grandes protagonistas de la vida política y su capacidad de intervención en las decisiones públicas es aún reducida. La reivindicación de la representación de los intereses es una de las “ falsas  promesas”  de la democracia que describe Norberto Bobbio, por cuanto ocupa el campo que corresponde a la representación política. Sin embargo, este autor  reconoce que la representación de los intereses es “una forma de democracia alternativa que tiene su terreno natural de expansión en una sociedad capitalista, en la que los sujetos de la acción política son crecientemente los grupos organizados”  (Bobbio, 1997, 17). Los grupos organizados de la sociedad civil local como las asociaciones de vecinos, las juntas de acción comunal, las juntas administradoras locales, los grupos culturales y deportivos, los clubes juveniles, las organizaciones de mujeres, los clubes de la tercera edad, son los que actúan en nombre y representación de la comunidad. Esta es una consecuencia natural de los procesos de participación ciudadana, pero presentan un problema adicional: quienes hacen parte de estas organizaciones son, por lo general, las mismas personas y no es habitual que consulten sus argumentos y decisiones con los ciudadanos y las ciudadanas del común, o de la base, a quienes representan. Entre las diferentes fórmulas y estrategias sugeridas para ampliar y mejorar la democracia figuran: La promoción de la participación ciudadana La promoción de la educación para la ciudadanía El mejoramiento de la gestión pública a través de la participación local La descentralización de funciones y competencias gubernamentales La equitativa y transparente distribución de los recursos públicos Es claro que el problema en cuestión remite a la pregunta por el futuro de la democracia en un entorno adverso como el actual. Cuando se habla del desarrollo de la democracia el marco de referencia es la democratización de la sociedad, más allá de los rituales electorales y de la rigurosa separación de las ramas del poder público. En este sentido se acoge la tesis de Norberto Bobbio (1997, 35) según la cual la ampliación del proceso de democratización de las sociedades está en relación con la existencia de más espacios o instancias de participación adecuados, para pasar  de la democracia política a la democracia social. Esta disyuntiva también pone de presente la comparación entre democracia representativa y democracia directa. Norberto Bobbio (1997, 61) no las enfrenta, porque para él no son dos sistemas alternativos o excluyentes, sino que pueden integrarse recíprocamente. Más bien considera que la democracia directa puede ser un apoyo o un complemento para la representativa, si se acogen iniciativas populares encaminadas a mejorar la gestión pública a través de la descentralización y la participación local. Para Bobbio (1997, 61) las dos principales instituciones de la democracia directa son “la asamblea de los ciudadanos deliberantes sin intermediarios (asamblea cívica abierta) y el  referéndum (de iniciativa popular) ”, difíciles de aplicar en sociedades masificadas como las actuales. Norberto Bobbio también se refiere a los obstáculos que enfrenta la democracia, en vista de que “el proyecto democrático fue pensado para una sociedad mucho menos compleja que la que hoy tenemos”, entre los cuales cita, primero, las limitaciones que enfrenta el ciudadano común para participar en la vida democrática, ya que aumentaron los problemas políticos que requieren capacidad técnica, al hacerse cada vez más compleja la vida social, con el consecuente privilegio para los técnicos o expertos en vez de la participación democrática de los ciudadanos (1997, 41). El segundo obstáculo imprevisto es el crecimiento continuo del aparato burocrático (1997, p. 42), o sea la burocratización del Estado, que lo hace poco controlable y presa fácil de la corrupción. Una tercera limitación a la democracia la constituye el “escaso rendimiento del sistema democrático”  (1997, p. 43) para satisfacer las múltiples demandas de la sociedad, numerosas, inalcanzables y costosas, creando una ruptura entre la sociedad y el gobierno, lo cual puede alimentar la insatisfacción social y dar paso a la ingobernabilidad o a la carencia de legitimidad del gobierno. Los elementos tradicionales del Estado: población, territorio, poder y soberanía; así como los elementos modernamente considerados del Estado de Derecho: democracia, vigencia del contrato social, existencia de sociedad civil, reconocimiento del poder constituyente y constitucionalismo, lo mismo que los principios vinculados a la existencia de la democracia: igualdad, autonomía, libertades públicas, libertad de expresión e información, dignidad humana y participación, están sometidos a la influencia de un mundo que ha borrado las líneas frágiles de las fronteras nacionales para exponerlo a las corrientes de la globalización y de la desterritorialización del concepto de soberanía. La revisión de la obra de Bobbio y su comparación con los fenómenos aparecidos en los tiempos que corren plantea la presencia de dificultades adicionales para la democracia: la globalización y su influencia sobre los sistemas políticos nacionales, la irrupción de fuertes procesos regionales de integración (Unión Europea, por ejemplo), la nueva realidad planteada por el reconocimiento de la diversidad cultural y los problemas políticos causados por el florecimiento de luchas étnicas al interior de diversas naciones, por un lado, y de la migración y el desplazamiento forzado, por otro. Así mismo, las consecuencias del fin de la guerra fría y de la caída de la cortina de hierro, el auge de las tecnologías de la información y la comunicación, el papel creciente de los medios de comunicación como actores políticos de primer orden (la mediatización de la política), son elementos que afectan la democracia y, por esta razón, entran en juego en el análisis propuesto. Diversas encuestas e investigaciones realizadas en países de América Latina (OEA/PNUD, 2010, 182 y siguientes) confirman la crisis de significado de la democracia al mostrar que, en términos generales, la gente prefiere la seguridad a la democracia, al tiempo que se presenta alto grado de aceptación a gobiernos autoritarios, siempre y cuando éstos se esfuercen por resolver algunas de las necesidades básicas de subsistencia. 4 Ejemplos de gobiernos fuertes en la región y de programas de seguridad que cuentan con masivo respaldo popular son: El proyecto de la Seguridad Democrática en Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la Revolución Bolivariana en Venezuela encabezada por Hugo Chávez y la lucha contra el terrorismo en Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori. Otro elemento en contra de la consolidación del sistema democrático es la declinación de la participación en procesos electorales (el llamado abstencionismo electoral), lo que plantea una verdad incuestionable: a mayor abstención menor  legitimidad de los gobiernos e instituciones con origen en el voto ciudadano, lo que a su vez pone de presente la dificultad de lograr acuerdos para la solución de problemas relevantes en la vida de las naciones. 4 Informes latino barómetro 2011 y 2010. Disponibles en: http://www.latinobarometro.org/latino/latinobarometro.jsp También ocurre, por desinterés o falta de formación política, que la mayoría de las personas tiene poca credibilidad en procesos de participación y de autogestión ciudadana. Este fenómeno de omisión de deberes coincide con la imposición de los intereses de las fuerzas económicas sobre las fuerzas sociales, así éstas sean mayores en número de personas, especialmente en países en desarrollo, donde no existen aún sociedades civiles consolidadas. Uno de los obstáculos para el afianzamiento de la participación ciudadana es la idea presente en comunidades con poca conciencia política, de que la participación es simplemente instrumental. Esta confusión da lugar a una especie de “participacionismo” o creencia errónea de que la participación por si misma ayuda a resolver los problemas individuales, lo que hace que en comunidades con bajos niveles de desarrollo la opción por la participación sea la decisión de un sector reducido de la población, precisamente el de menores ingresos y mayores necesidades básicas insatisfechas. Entendida así, la participación ciudadana se instrumentaliza para alcanzar  objetivos individualistas de corto plazo. En este sentido se pronuncian autores como Amartya Sen (2000) y Adela Cortina (1993), entre otros, quienes hacen énfasis en que lo que justifica la participación no es el bienestar individual de las personas sino la justicia en la distribución de los recursos. Esta realidad contrasta con los programas que realizan gobiernos y entidades de la sociedad civil para impulsar procesos de organización ciudadana, como una manera de reivindicar derechos políticos y civiles y de promover la participación en el control de los organismos públicos mediante veedurías ciudadanas. La promoción de la participación ciudadana es una estrategia oficial encaminada a fortalecer las relaciones con la comunidad. Las estrategias y los programas contenidos en los planes de desarrollo de los entes territoriales (departamentos y municipios) buscan promover y aclimatar la participación ciudadana como una forma de ganar legitimidad para sus decisiones y de mostrar cercanía con la comunidad5. En Colombia, el cambio en la dirección de las relaciones con la comunidad se presenta a partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 y marca un quiebre fundamental en la orientación de los planes de desarrollo municipales, especialmente a partir del año 2001 para el caso de las dos principales ciudades (Bogotá y Medellín), cuando los planes de desarrollo dejan de ser catálogos exclusivos de obras de infraestructura física para incluir políticas y estrategias de democratización social a través de la educación y la promoción de la participación, la cultura ciudadana y la convivencia social. En el contexto de los países en desarrollo, con sociedades democráticas frágiles, la participación ciudadana se realiza en un entorno carente de conciencia y formación política. Por esta razón, los individuos no son todavía los grandes 5 Concejo de Medellín. Acuerdo Municipal No. 16 (junio 16 de 2008). Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo 2008-2011 “Medellín Es Solidaria y Competitiva”. Gaceta oficial No. 3261. Año XV. 168 p. protagonistas de la vida política y su capacidad de intervención en las decisiones es aún reducida. En su defecto, son los grupos de la sociedad civil local, como las acciones comunales, las juntas administradoras locales, los grupos culturales, los clubes juveniles, las organizaciones de base y los sindicatos, los que actúan en nombre y representación de la ciudadanía.  Así entendida, la política reclama la atención sobre temas como la autonomía de los individuos y de los actores sociales colectivos, la descentralización y la participación. Esto se traduce en interactividad, o sea la capacidad de encarnar a la gente, de sentir sus problemas. Esa condición de cercanía con la gente se cumple en el ámbito de la ciudad. Si se cumplen los anteriores requisitos podría afirmarse que la democracia que más se acerca a sus principios fundamentales es la democracia local. Una conclusión es clara: o se fortalece la democracia o perecen las aspiraciones sociales de un modelo de sociedad equitativa, justa en la redistribución de las oportunidades. Que la democracia sea un asunto de la vida cotidiana, de cultura ciudadana entendida como la cultura del diario vivir: la convivencia de los ciudadanos en su cotidianidad, en su lenguaje, en su manera de entender y llevar a la práctica sus relaciones sociales, es un propósito que se puede alcanzar de la mano de la comunicación social. Por una democracia de lo común aboga Joan Subirats en su más reciente obra: “El gran objetivo de la democracia debería ser el de construir un mundo capaz de incorporar a todos. Cada uno desde lo que es. Una democracia inserta en un mundo que no se obsesione en seguir creciendo despreciando las consecuencias que ello tiene. Una democracia en un mundo que permita la reconciliación entre sujeto y naturaleza. Un mundo común ” (Subirats, 2011, 5-6). Bibliografía  Aristóteles. Política. Madrid: Editorial Gredos. ISBN 97-884-2491-2833 BOBBIO, Norberto. (1997). El Futuro de la Democracia. Bogotá: Fondo de Cultura Económica. 214 p. ISBN: 958-038-0038-4 DAHL, Robert A. (1999). La democracia. Una guía para los ciudadanos. Madrid: Taurus. Traducción de Fernando Vallespín. 246 p. ISBN: 84-306-0342-5 DUVERGER. Maurice. (1968). Sociología Política. Barcelona: Ariel. 426 p. Traducción de Jorge Esteban. ISBN: 84-344-1656-5 HELD, David. (2006). Modelos de democracia. Madrid: Alianza Editorial. Tercera edición. 458 p. ISBN 978-84-2064776-0 RESTREPO Gallego, Beatriz. Propuestas pedagógicas para la democracia. Aporte de la ética. Medellín: Conferencia. Disponible en: http://www.amautainternational.com/Restrepo.html. Fecha de consulta: 14 de abril de 2008 PLATÓN. (1984). La República o El Estado. Madrid: Biblioteca Edaf. 421 p. ISBN: 84-7166-617-0 PLATÓN. (1984). Diálogos. Madrid: Edaf. 308 p. ISBN: 84-7166-656-1 REVEL, Jean-Francois. (1983). Cómo terminan las democracias. Barcelona: Planeta. 354 p. ISBN: 84-320-7859-X SARTORI, Giovanni. (1994) ¿Qué es la democracia? Bogotá: Altamir ediciones. 342 p. ISBN: 958-9232-32-9 SEN, Amartya (2000). D esarrollo y libertad. Traducción de Esther Rabasco y Luis Toharia. Barcelona: Planeta. 435 p.  Aguila, Rafael del (editor). 1997). Manual de Ciencia Política. Madrid: editorial Trotta, Suárez M., José Olimpo. (2004). Syllabus sobre filosofía política. Medellín: UPB.